El fallo que Colombia no ha cumplido
El Mundo
17 Mar 2016 - 5:54 AM
Daniel Salgar Antolínez
Hoy la Corte Internacional de Justicia (CIJ) se pronuncia acerca de su competencia para conocer y fallar sobre dos demandas interpuestas por Managua contra Bogotá, posteriores a la sentencia del 19 de noviembre de 2012.
El 19 de noviembre de 2012 la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió una sentencia que aún genera apasionados debates entre los colombianos. Por un lado, los que se sienten ultrajados porque la Corte “despojó” al país de una porción de mar que, dicen, le pertenecía a Colombia hasta el meridiano 82. Por el otro lado, los que en consonancia con el fallo de excepciones preliminares emitido por la misma CIJ en 2007, consideran que ese meridiano nunca fue el límite marítimo entre Colombia y Nicaragua y que esa sentencia definitiva e inapelable está pendiente de ser cumplida.
En medio de esa discusión y bajo una creciente presión política, el Gobierno de Juan Manuel Santos, que en principio también rechazó la sentencia de 2012 y se declaró indignado con la CIJ, encontró la manera para comunicarles al país y a la Corte Internacional que sí acepta el fallo, pero sólo lo puede implementar mediante un tratado firmado entre Bogotá y Managua. La sentencia C-269 del 2 de mayo de 2014 de la Corte Constitucional proporcionó dicho argumento. Esa sentencia recuerda que la Constitución, en el artículo 101, obliga a que la “modificación” de cualquier límite debe hacerse mediante un tratado aprobado por el Congreso y debidamente ratificado por el presidente.
Esa sentencia le evitó al Gobierno el costo político de implementar un fallo desfavorable para Colombia, pero al mismo tiempo abrió espacio para dos nuevas demandas presentadas por Managua contra Bogotá ante la CIJ. En la primera, del 16 de septiembre de 2013, Nicaragua pide una delimitación de su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas. En la segunda, del 26 de noviembre de 2013, Nicaragua pide que la Corte obligue a Colombia a acatar la sentencia de 2012, alega que Colombia no ha cumplido dicha decisión, ha amenazado con el uso de la fuerza en aguas nicaragüenses y ha vulnerado los derechos de los nicaragüenses sobre las aguas que la CIJ les entregó. Este jueves, la CIJ emite un fallo de excepciones preliminares en el que decide si es competente o no para conocer y fallar sobre estas dos nuevas demandas.
Hay una sutileza respecto a la sentencia C-269 de la Corte Constitucional colombiana: la CIJ no “modificó” el límite marítimo entre Colombia y Nicaragua, pues, como la propia CIJ explicó en su sentencia de excepciones preliminares de 2007, tal límite no existía previamente. El meridiano 82 se consideró una línea divisoria de soberanías territoriales, no una frontera marítima –dos conceptos muy distintos en el Derecho del Mar–. El Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928, en el que se menciona el meridiano 82 en su acta de canje de 1930, no fue considerado por la CIJ un tratado de fronteras marítimas. Entonces, por lo menos para la CIJ, resulta imposible decir que esa misma corte haya “modificado” las fronteras. Más bien, en el fallo de 2012 dicho tribunal estableció las fronteras marítimas antes inexistentes entre ambos países, entregando a Nicaragua una importante porción de mar al oriente del meridiano 82 y dejando dos cayos colombianos (Quitasueño y Serrana) enclavados en aguas nicaragüenses.
En su sentencia C-269, la Corte Constitucional colombiana aborda el problema de la “modificación”, al interpretar que el artículo 101 de la Constitución también aplica cuando se pretenda “fijar un límite no establecido previamente”. Es decir, la regla sobre modificación de límites aplica también cuando no se están modificando límites, sino cuando se están estableciendo límites no preexistentes. No son pocos los juristas, colombianos y nicaragüenses, que consideran este un artilugio fuera de toda lógica. Desde la perspectiva del derecho internacional, un estado no puede invocar el derecho interno, sea la Constitución o cualquier otra fuente, para justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales.
Bien o mal, en medio del manido debate sobre la superioridad del derecho internacional sobre el interno (que no es el tema de esta nota), esto le ha permitido al Gobierno colombiano pasar más de tres años sin acatar el fallo del 19 de noviembre de 2012 y así podría seguir hasta firmar un tratado con Managua. Aunque Nicaragua y Colombia han manifestado su voluntad de negociar en repetidas ocasiones, hasta ahora no se conoce una agenda para este propósito. Y aun cuando se negocie dicho tratado, su aprobación en el Congreso colombiano no está garantizada.
Otra pregunta válida es: ¿qué va a negociar Nicaragua? En contra de lo que piensan muchos colombianos, el gobierno de Daniel Ortega se sintió en principio perdedor con el fallo de 2012, pues todas sus peticiones fueron negadas. En septiembre del año pasado, Carlos Argüello, agente nicaragüense ante la CIJ, dijo al comenzar una de sus intervenciones en las audiencias orales ante la Corte que con el fallo de 2012 “Colombia ganó”. No es muy probable que Nicaragua quiera sentarse a negociar sobre lo poco que le entregó la Corte, a la luz de lo mucho que le había pedido. El camino hacia cualquier tratado luce bastante intrincado.
Además de argumentar que no es necesario un tratado bilateral para implementar un fallo de la CIJ, Nicaragua presentó su demanda sobre el incumplimiento del fallo de 2012 con base en otra acción del gobierno colombiano, muy cuestionada adentro y afuera del país. Mediante el decreto 1946 del 9 de septiembre de 2013 estableció una Zona Contigua Integral bajo control de las autoridades colombianas en aguas que, como alegan los nicaragüenses, fueron otorgadas a Nicaragua por la CIJ. Esto no es muy distinto a lo que hizo en junio del año pasado Venezuela con el decreto 1787, que establecía Zonas Operativas de Defensa Integral Marítima e Insular en un área disputada con Colombia en el Golfo de Coquivacoa. Ante esto, recordemos, Bogotá respondió con una nota de protesta exigiendo que se corrigieran las coordenadas de dicha zona y el gobierno venezolano rectificó.
Otro argumento presentado por Nicaragua radica en la presencia de la Armada Nacional hasta el meridiano 82 y en supuestas amenazas de uso de la fuerza por parte de Colombia en áreas que fueron entregadas a ese país por la CIJ en el fallo de 2012. Sobre este particular, la defensa nicaragüense ha dicho que optó por no generar una confrontación y, en cambio, acudir nuevamente a la CIJ. En contra de esto, Colombia alegó que altos funcionarios colombianos y nicaragüenses han opinado que los medios diplomáticos son el camino para manejar los asuntos en el mar Caribe, y que no existe una nota de protesta formal por parte de Managua sobre el uso de la fuerza, ni sobre el establecimiento de la zona contigua.
No es posible adivinar si este jueves la Corte Internacional de Justicia se declarará competente para fallar sobre esta demanda de incumplimiento del fallo de 2012, ni sobre la demanda en la que Nicaragua pide una plataforma continental extendida. Colombia expuso ante la CIJ varias razones por las cuales podría declararse no competente; entre estas, que la denuncia del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá), realizada el 27 de noviembre de 2012, tuvo un efecto “inmediato”, por lo que a partir de esa fecha la CIJ no podía conocer nuevas demandas contra Colombia.
En el momento en que usted lee este artículo, probablemente ya se habrá conocido la decisión de la CIJ sobre sus competencias. En todo caso, aquel fallo del 19 de noviembre de 2012 seguirá pendiente de implementación. Y aun cuando la Corte Internacional se declare no competente para conocer de ambas demandas nicaragüenses, lo cual sería el mejor escenario para Colombia, la pregunta que surge es: si bien el Gobierno Nacional ha ganado tiempo con la sentencia de la Corte Constitucional, ¿no le ha salido esto política y jurídicamente más costoso?
Nicaragua, Colombia y el fallo de la Corte de La Haya: ¿quién gana y quién pierde?
20 noviembre 2012
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San Andrés
El fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya de este lunes, que agrandó el espacio marítimo nicaragüense y ratificó la soberanía colombiana de las islas y cayos del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ha generado múltiples reacciones en ambos países.
Si bien se reconoció la soberanía de Colombia en los cayos de Albuquerque, Este Sudeste, Roncador, Serrana, Quitasueño, Serranilla y Bajonuevo, el tribunal también anunció que ahora corresponden a Nicaragua extensas zonas de las aguas que rodean a los cayos de Quitasueño y Serrana (ver mapa*).
La noticia ha sido recibida con más satisfacción en Nicaragua que en Colombia, en donde muchos han expresado su preocupación y tristeza, incluyendo al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, quien se refirió al fallo en un comunicado publicado en la página web oficial del gobierno.
"La Corte, al trazar la línea de delimitación marítima, cometió errores graves que debo resaltar, y que nos afectan negativamente (...) Todo esto realmente son omisiones, errores, excesos, inconsistencias, que no podemos aceptar (...) No vamos a descartar ningún recurso o mecanismo que nos conceda el derecho internacional para defender nuestros derechos", dijo el presidente.
Lea: Presidente de Colombia critica fallo de La Haya
¿Hay ganadores y perdedores definitivos en toda esta disputa?
De un lado y del otro
Corte de La Haya
Image caption
El fallo de la corte es inapelable y de obligatorio cumplimiento.
Para el abogado nicaragüense experto en derecho internacional, Mauricio Herdocia, ninguno pierde. Según él, Colombia y Nicaragua han obtenido parte importante de sus pretensiones, independientemente de que Nicaragua haya obtenido más territorio.
"Se trata de un fallo totalmente ajustado a los principios de equidad y proporcionalidad", asegura.
Herdocia afirmó a BBC Mundo que Nicaragua está muy satisfecha con lo que ha obtenido porque "la pretensión de Colombia era totalmente extrema: encerrar al país en el meridiano 82, privarla de su proyección natural de zona económica exclusiva y plataforma continental".
"Aquí de lo que se trataba era de que un estado no puede imponerle a otro un límite frente a su costa y dejarlo con un balneario. Nicaragua ahora recupera una inmensa proporción de un territorio que siempre fue suyo bajo el derecho internacional, la historia y la geografía", asegura.
Por su parte, el abogado y politólogo colombiano Walter Arévalo señaló a BBC Mundo que lo que se esperaba era más bien una decisión unitaria del archipiélago.
"Los colombianos decíamos 'el archipiélago es todo (islas, islotes, cayos)'. Sin embargo, según la decisión de la corte, el archipiélago está conformado por islas grandes. Otros cayos más pequeños, no, en los que el espacio colombiano solo se proyecta 12 millas alrededor. El resto del mar pertenecerá a quien tenga la plataforma continental, en este caso, Nicaragua", dice.
En contexto
La decisión pone fin a más de una década de controversia jurídica que diplomática y políticamente empezó en 1980, cuando Nicaragua desconoció el Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928-1930, que estableció los límites marítimos entre ambas naciones.
El propio Juan Manuel Santos señaló en el comunicado de la presidencia que la decisión de La Haya "no es compatible con la concepción geográfica de lo que es un archipiélago".
Cayos colombianos en zona nicaragüense
Arévalo, quien también es profesor de Análisis Político Internacional de la Universidad del Rosario en Bogotá, llama la atención acerca de estos enclaves de territorios colombianos en aguas nicaragüenses, pues en su opinión será muy difícil controlar las relaciones bilaterales en esos espacios intramarinos.
Según Arévalo, en las demás proyecciones de fallo no había espacios intramarítimos en los que en un momento y en un espacio tan cercano se pase de aguas de Nicaragua a espacios marítimos colombianos.
"Ahora se podría avizorar que los nicaragüenses querrán reclamar su soberanía de inmediato y no se le puede exigir a un país que de un día para otro retire todo. Los espacios entre las islas colombianas que son mar nicaragüense afectarán el tránsito marítimo y la vigilancia. Serán muy difíciles de manejar", asegura.
Para él, se trata de dos fronteras enfrentadas que ya no están divididas por una línea simple sino por una frontera compleja.
"No me parece que el fallo sea inequitativo o injusto, lo que me parece es que va a ser muy complicada su implementación, seguimiento y seguramente va a desencadenar encontrones bilaterales mientras se implementa. Hemos tenido encontrones de un lado y del otro. Si eso era así cuando la frontera era una línea recta, imagínate ahora", dijo a BBC Mundo.
Lea también: El tesoro caribeño que se disputan Colombia y Nicaragua
¿El fin?
Soy el primero en reconocer las repercusiones que tiene esta nueva delimitación marítima para el país y los colombianos y, en particular, para los sanandresanos y los pescadores de las islas. Como colombiano, estas repercusiones me duelen profundamente.
Juan Manuel Santos, presidente de Colombia
Pero aunque algunos anticipan disputas, otros ven esta decisión como el fin de los conflictos históricos entre ambos países.
En conversación con BBC Mundo, el excanciller nicaragüense, Norman Caldera aseguró que "con esta decisión, gana la paz de la región, los pescadores artesanales de la costa de Nicaragua, los pueblos indígenas de la costa caribe. Ya se van a terminar los conflictos", dijo.
Sin embargo, puede que para Colombia, el fin de las disputas no esté tan cerca. El presidente Santos visitará este lunes por la noche la isla de San Andrés, en la búsqueda de soluciones a los problemas que genera el nuevo mapa político para los habitantes de la zona.
"Los sanandresanos pueden tener la seguridad de que defenderemos, con absoluta firmeza, los derechos de los isleños y de todos nuestros compatriotas", dijo Santos en el comunicado citado anteriormente.
En todo caso, vale destacar que se trata de un fallo de carácter obligatorio.
"No hay apelación posible, no hay recurso posible", concluye Herdocia.
Embajadora de Colombia ante Nicaragua permanecerá en el país
COLPRENSA
29 de Noviembre de 2013 01:08 pm
Análisis: fallo de La Haya sobre conflicto con Nicaragua fue agridulce para Colombia Noviembre 19, 2012 - 12:00 a.m. Por: Elpais.com.co | Colprensa
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Una mirada al polémico fallo que ratificó la soberanía de Colombia sobre San Andrés y sus islas y aledañas, pero le otorgó gran parte de la frontera marítima a Nicaragua.
“Este es un fallo con sabor agridulce para Colombia pero con tufo de triunfo para Nicaragua”. La frase fue pronunciada este lunes por uno de los tantos observadores de la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), tras el fallo relacionado con el diferendo entre Colombia y Nicaragua, y que recoge el sentimiento nacional. La Corte reconoció la soberanía colombiana sobre la totalidad del archipiélago con todos sus cayos e islotes, a la vez que fijó la frontera marítima entre los dos países lo que significó para el país centroamericano más del 40% del mar territorial que antes fue nuestro. Se trata de una decisión que es buena o mala, según el punto de vista con que se le mire, y en la que a juicio de los expertos la CIJ aplicó lo que llaman una ‘estrategia de compensación’, que no es otra cosa que “ninguno de los dos países salga completamente victorioso o completamente derrotado”, según el internacionalista Enrique Serrano López. El catedrático dice que la pérdida de mar territorial “estaba presupuestada”, pero que ello no puede generar un “pánico injustificado” pues en su criterio “es más lo ganado que lo perdido”. ¿Y qué ganó Colombia? Varios aspectos de la decisión favorecen nuestros intereses: por fin se definió la frontera marítima, se mantiene la soberanía sobre todo el archipiélago y se evitó el fraccionamiento de las islas. Y aunque Colombia perdió una importante proporción de su mar territorial, recuperó una ínfima parte con las 12 millas náuticas para el cayo de Albquerque y para el islote de Quitasueño. Pudo ser peorLos analistas aseguran que en medio de todo, el panorama pudo ser peor, pues la Corte bien hubiera podido trazar la frontera en la línea media entre la plataforma continental de ambos países. “Teníamos los argumentos para que no se dieran todas las pretensiones de Nicaragua. Ganamos una parte del pleito, pero no todo”, explica el catedrático Ricardo Abello Galvis. Pero quizás una de las mayores pérdidas con esta decisión tiene que ver con la exploración y explotación de recursos naturales en una de las zonas más ricas en especies marinas y de incalculables yacimientos petrolíferos. “Esto nos tiene que servir para fijarnos en nuestros verdaderos recursos. Esa región insular nunca ha sido aprovechada adecuadamente. Lo que viene es tener una visión proactiva con América Central y, por qué no, con Nicaragua, para explotar conjuntamente ese potencial”, advierte el exvicecanciller Diego Cardona. Estrategia de EstadoLa estrategia jurídica de la Nación para este diferendo tampoco puso de acuerdo a los expertos. Algunos, como el ex diplomático Ramiro Zambrano consideran que Colombia “no debió acudir a la CIJ y más bien, debió renunciar a su jurisdicción”. “Nuestra estrategia jurídica en el largo plazo favoreció la soberanía del archipiélago pero nos llevó a perder un importante espacio marítimo”, sostiene. En cambio, otros docentes de Derecho Internacional advierten que “no es sano” rasgarse las vestiduras por el sentido del fallo, ya que el equipo jurídico colombiano “hizo lo que estuvo a su alcance”. Carlos Enrique Arévalo, presidente de la Academia Colombiana de derecho Internacional, destaca “la solidez” de la argumentación jurídica colombiana al punto de que “todas las pretensiones de Nicaragua fueron rechazadas”. Y agrega que de no habernos sometido a la jurisdicción de la Corte “hubiéramos prolongado en el tiempo la definición de la frontera marítima con Nicaragua”. En ese sentido, afirma que la estrategia de nuestra Cancillería fue “muy buena, pero la CIJ decidió aplicarle a Colombia el Derecho del Mar (posterior al Tratado Esguerra-Bárcenas)”. En lo que sí pudo haber pecado más de un experto es en el “exceso de confianza”, al decir del ex Vicecanciller Cardona, quien asegura que “muchos especialistas subvaloraron la defensa jurídica de Nicaragua”. El triunfo diplomáticoEl fallo de la Corte en cuanto al manejo diplomático también es un triunfo o una derrota, según la valoración que se haga. Aunque Colombia perdió mar territorial, “Nicaragua no logró todas sus pretensiones, que eran mucho más ambiciosas”, afirma el profesor Abello Galvis. En cambio, la Corte “sí reconoció toda la argumentación jurídica e histórica de Colombia”, según Serrano López. “Colombia logró que el proceso se manejara conforme a la costumbre del Derecho Internacional. Eso evitó que todo el archipiélago terminara como un enclave nicaragüense. Fue una derrota para ellos”, concluye el experto. "Es una pérdida para riqueza pesquera y de hidrocarburos"Como un resultado insatisfactorio y desafortunadamente sorpresivo, calificó el exministro de Hacienda y analista económico, Eduardo Sarmiento Palacio, el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. “Es una decisión que va a tener repercusiones graves sobre la credibilidad de los colombianos y sobre la economía colombiana, sumados a una serie de desaciertos y a los resultados realmente destructivos que han tenido los TLC”, señaló Sarmiento. Así mismo, dijo que “tenemos un panorama contrario a lo que se presentó, donde sin lugar a dudas hubo un manejo inadecuado de las negociaciones. Similar ocurrió con los tratados comerciales con los que se le ha hecho un daño inmenso a la economía y hemos llegado a un punto donde prácticamente no hay comentarios y todo el mundo acepta lo que los gobiernos señalan y los únicos perdedores son las empresas”. Eduardo Sarmiento afirmó que al perder parte del territorio hay una afectación en la riqueza pesquera y marítima, y de los posibles hidrocarburos que podrían haber en la zona. Para el director del Observatorio colombiano de Energía del Centro de Investigaciones para el Desarrollo, CID, de la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, Germán Corredor, “es una decisión que nos afecta a todos los colombianos y en el momento no sabemos qué tanto vamos a perder con la explotación en estas zonas, puesto que es una exploración que aún no está cuantificada”. Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de los Distribuidores de Derivados del Petróleo, Fendipetróleo, Rafael Humberto Barrera Gallón, dijo que “es una decisión que exaltamos previamente con un triunfalismo irresponsable dando por seguro otro resultado.Es una muestra más de la incapacidad oficial para manejar con decencia los asuntos nacionales, así como se han firmado TLC con EE.UU., Canadá, entre otros, que están destruyendo la producción y el trabajo nacional de los empresarios y trabajadores nacionales y extranjeros en Colombia, y continuarán destruyendo aún más con los próximos con Corea, Turquía, Japón, etc.”. En cuanto a las implicaciones económicas, Humberto Barrera Gallón, afirmó que “es un golpe a la economía nacional del futuro cercano, como lo es el afán del Gobierno de vender grandes extensiones de tierra a gobiernos extranjeros y multinacionales saqueadoras de nuestras riquezas”. El presidente de Fendipetróleo agregó que la decisión afectaría el área de trabajo pesquero, en primer lugar de la población raizal disminuyendo sus posibilidades de crecimiento humano y empresarial. Además indicó que saca de las expectativas de desarrollo minero futuro “a una zona con inmensas proyecciones y crea un ambiente negativo para el desarrollo turístico, palanca principal de la vida en esta región de Colombia”. Barrera Gallón, concluyó que “ojalá este no sea el principio de la perdida de San Andrés, Providencia, Santa Catalina e islotes aledaños, que con esta decisión facilitada por la arrogancia insulsa del gobierno de Santos, ven reducido al mínimo su espacio vital y económico”.
¿Otros países afectados por el fallo de La Haya?
Política
22 Nov 2012 - 8:49 PM
Angélica Lagos
En Honduras dicen que “no perdieron nada” por la sentencia; Costa Rica, por su parte, aclara que no ha decidido participar en gestión diplomática o jurídica por este caso.
Una de las cosas que se ha dicho frente al fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que le otorgó a Colombia soberanía sobre siete cayos del mar Caribe, pero que le dio mayor soberanía sobre aguas de la zona a Nicaragua, es que Costa Rica y Honduras resultaron afectados. Según analistas, éste sería uno de los argumentos que el gobierno colombiano podría esgrimir a la hora de pedir una revisión de la sentencia.
Si bien el fallo borró los límites de Colombia con estos dos países, ellos no ven ninguna pérdida. El excanciller hondureño Carlos López le explicó a la agencia EFE que su país no perdió nada con el dictamen de la CIJ. “No se ha perdido nada, porque sólo se puede perder lo que jurídicamente le pertenece a un Estado, pero obviamente, cada Estado tiene sus pretensiones”, indicó López, quien es asesor de la Cancillería hondureña.
El diplomático desestimó informaciones locales que indican que Honduras haya perdido 14.000 kilómetros en el Caribe por la sentencia. "Ese fallo no afecta los límites jurídicamente delimitados de los espacios marinos de Honduras en el Mar Caribe, que están delimitados con fuerza obligatoria por medio de la sentencia del 8 de octubre de 2007", que definió los límites de Honduras y Nicaragua, añadió López.
Además, recordó que Honduras intentó intervenir en el juicio entre Colombia y Nicaragua, haciendo una solicitud a la que se le dio curso, "pero en sentencia incidental la Corte declaró que no acogía la solicitud de Honduras".
“Honduras quedó fuera porque la Corte dijo que la sentencia del 8 de octubre de 2007 era clara y precisa, y que en consecuencia Honduras no tenía nada más que gestionar ante la Corte", agregó.
El país centroamericano "tenía la pretensión de que todos los espacios marinos al norte del paralelo 15 le pertenecían, pero la Corte dijo eso no es así. Y cuando hay una disputa entre dos Estados, es un tribunal internacional, en este caso el máximo tribunal del Sistema de Naciones Unidas, el que decide", acotó López. La sentencia de la CIJ del pasado lunes deja sin valor un tratado que Honduras había suscrito en 1986 con Colombia en el Caribe, según explicó López.
“La situación es que la sentencia de 2007 y la del pasado 19 de noviembre de 2012 es consistente en el sentido de que no hay espacio para ese tratado (el de 1986 entre Honduras y Colombia), aunque no lo mencione", enfatizó el diplomático. Ahora Honduras solamente tiene límites en el Caribe con Belice, Cuba, Guatemala, Gran Caimán, Jamaica, México y Nicaragua.
Por su parte Costa Rica está analizando el fallo de la CIJ para ver si afecta sus intereses marítimos en el Caribe. En un comunicado, la cancillería de ese país aclaró que, “se encuentra estudiando el fallo dictado por la Corte Internacional de Justicia únicamente con el objeto de determinar si el fallo puede incidir sobre la situación jurídica de los espacios marítimos en el Mar Caribe, que le corresponden a Costa Rica con arreglo al Derecho Internacional. En el mes de octubre de 2009, Costa Rica hizo una solicitud de intervención ante la Corte Internacional de Justicia para defender la posición jurídica del país en relación a los espacios marítimos costarricenses, con el objeto de que la Corte los tomara en cuenta a la hora de dictar su fallo en el procedimiento entre Nicaragua y Colombia. El día 4 de mayo de 2011, la Corte informó su decisión de declinar la solicitud de intervención de Costa Rica, pero señaló que su fallo no afectaría los intereses de terceros países”.
El gobierno de ese país también aclaró que “no ha tomado ninguna decisión de participar ni está participando en gestiones diplomáticas o jurídicas en relación con la sentencia de la Corte. Cualquier acción que Costa Rica desarrolle, sea jurídica o diplomática, será exclusivamente en defensa de los derechos e intereses que el país tiene en el Mar Caribe con arreglo al Derecho Internacional, en caso de que considere que estos puedan verse afectados”.
Nicaragua, Colombia y el fallo de la Corte de La Haya: ¿quién gana y quién pierde?
20 noviembre 2012
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San Andrés
El fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya de este lunes, que agrandó el espacio marítimo nicaragüense y ratificó la soberanía colombiana de las islas y cayos del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ha generado múltiples reacciones en ambos países.
Si bien se reconoció la soberanía de Colombia en los cayos de Albuquerque, Este Sudeste, Roncador, Serrana, Quitasueño, Serranilla y Bajonuevo, el tribunal también anunció que ahora corresponden a Nicaragua extensas zonas de las aguas que rodean a los cayos de Quitasueño y Serrana (ver mapa*).
La noticia ha sido recibida con más satisfacción en Nicaragua que en Colombia, en donde muchos han expresado su preocupación y tristeza, incluyendo al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, quien se refirió al fallo en un comunicado publicado en la página web oficial del gobierno.
"La Corte, al trazar la línea de delimitación marítima, cometió errores graves que debo resaltar, y que nos afectan negativamente (...) Todo esto realmente son omisiones, errores, excesos, inconsistencias, que no podemos aceptar (...) No vamos a descartar ningún recurso o mecanismo que nos conceda el derecho internacional para defender nuestros derechos", dijo el presidente.
Lea: Presidente de Colombia critica fallo de La Haya
¿Hay ganadores y perdedores definitivos en toda esta disputa?
De un lado y del otro
Corte de La Haya
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El fallo de la corte es inapelable y de obligatorio cumplimiento.
Para el abogado nicaragüense experto en derecho internacional, Mauricio Herdocia, ninguno pierde. Según él, Colombia y Nicaragua han obtenido parte importante de sus pretensiones, independientemente de que Nicaragua haya obtenido más territorio.
"Se trata de un fallo totalmente ajustado a los principios de equidad y proporcionalidad", asegura.
Herdocia afirmó a BBC Mundo que Nicaragua está muy satisfecha con lo que ha obtenido porque "la pretensión de Colombia era totalmente extrema: encerrar al país en el meridiano 82, privarla de su proyección natural de zona económica exclusiva y plataforma continental".
"Aquí de lo que se trataba era de que un estado no puede imponerle a otro un límite frente a su costa y dejarlo con un balneario. Nicaragua ahora recupera una inmensa proporción de un territorio que siempre fue suyo bajo el derecho internacional, la historia y la geografía", asegura.
Por su parte, el abogado y politólogo colombiano Walter Arévalo señaló a BBC Mundo que lo que se esperaba era más bien una decisión unitaria del archipiélago.
"Los colombianos decíamos 'el archipiélago es todo (islas, islotes, cayos)'. Sin embargo, según la decisión de la corte, el archipiélago está conformado por islas grandes. Otros cayos más pequeños, no, en los que el espacio colombiano solo se proyecta 12 millas alrededor. El resto del mar pertenecerá a quien tenga la plataforma continental, en este caso, Nicaragua", dice.
En contexto
La decisión pone fin a más de una década de controversia jurídica que diplomática y políticamente empezó en 1980, cuando Nicaragua desconoció el Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928-1930, que estableció los límites marítimos entre ambas naciones.
El propio Juan Manuel Santos señaló en el comunicado de la presidencia que la decisión de La Haya "no es compatible con la concepción geográfica de lo que es un archipiélago".
Cayos colombianos en zona nicaragüense
Arévalo, quien también es profesor de Análisis Político Internacional de la Universidad del Rosario en Bogotá, llama la atención acerca de estos enclaves de territorios colombianos en aguas nicaragüenses, pues en su opinión será muy difícil controlar las relaciones bilaterales en esos espacios intramarinos.
Según Arévalo, en las demás proyecciones de fallo no había espacios intramarítimos en los que en un momento y en un espacio tan cercano se pase de aguas de Nicaragua a espacios marítimos colombianos.
"Ahora se podría avizorar que los nicaragüenses querrán reclamar su soberanía de inmediato y no se le puede exigir a un país que de un día para otro retire todo. Los espacios entre las islas colombianas que son mar nicaragüense afectarán el tránsito marítimo y la vigilancia. Serán muy difíciles de manejar", asegura.
Para él, se trata de dos fronteras enfrentadas que ya no están divididas por una línea simple sino por una frontera compleja.
"No me parece que el fallo sea inequitativo o injusto, lo que me parece es que va a ser muy complicada su implementación, seguimiento y seguramente va a desencadenar encontrones bilaterales mientras se implementa. Hemos tenido encontrones de un lado y del otro. Si eso era así cuando la frontera era una línea recta, imagínate ahora", dijo a BBC Mundo.
Lea también: El tesoro caribeño que se disputan Colombia y Nicaragua
¿El fin?
Soy el primero en reconocer las repercusiones que tiene esta nueva delimitación marítima para el país y los colombianos y, en particular, para los sanandresanos y los pescadores de las islas. Como colombiano, estas repercusiones me duelen profundamente.
Juan Manuel Santos, presidente de Colombia
Pero aunque algunos anticipan disputas, otros ven esta decisión como el fin de los conflictos históricos entre ambos países.
En conversación con BBC Mundo, el excanciller nicaragüense, Norman Caldera aseguró que "con esta decisión, gana la paz de la región, los pescadores artesanales de la costa de Nicaragua, los pueblos indígenas de la costa caribe. Ya se van a terminar los conflictos", dijo.
Sin embargo, puede que para Colombia, el fin de las disputas no esté tan cerca. El presidente Santos visitará este lunes por la noche la isla de San Andrés, en la búsqueda de soluciones a los problemas que genera el nuevo mapa político para los habitantes de la zona.
"Los sanandresanos pueden tener la seguridad de que defenderemos, con absoluta firmeza, los derechos de los isleños y de todos nuestros compatriotas", dijo Santos en el comunicado citado anteriormente.
En todo caso, vale destacar que se trata de un fallo de carácter obligatorio.
"No hay apelación posible, no hay recurso posible", concluye Herdocia.
El tesoro caribeño que se disputan Colombia y Nicaragua
Arturo Wallace
BBC Mundo, Bogotá
Viernes, 4 de mayo de 2012
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Johnny Key, parte del archipiélago de San Andrés y Provicencia
La disputa es por aproximadamente 50.000 kilómetros cuadrados del mar Caribe y varios islotes deshabitados en una zona que, por su belleza, bien podría ser un pedazo del paraíso.
Pero lo más importante parece estar bajo del agua.
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Disputa por islas caribeñas
Es el diferendo limítrofe que enfrenta a Colombia y Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que esta semana les dio a ambos países la oportunidad de presentar sus alegatos finales.
El juicio inició en 2001 y seis años después la Corte emitió una primer resolución en la que ratificó la soberanía de Colombia sobre las islas caribeñas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pretendidas por el país centroamericano.
En esa oportunidad, sin embargo, el tribunal también dejó pendiente el tema de la posesión de varios cayos deshabitados ubicados al norte de esas islas y se declaró competente para revisar los límites marítimos entre ambas naciones, tal y como pedía Nicaragua.
Eso significa que la próxima decisión de la Corte –para la que todavía hacen falta varios meses- tendrá implicaciones para la futura explotación de una zona rica en recursos pesqueros y, aparentemente, también en petróleo.
Y, para muchos, ahí está la clave del actual litigio, por más que sus antecedentes se remontan a más de 200 años.
En negro secreto submarino
"Nicaragua, a través de las concesiones otorgadas a la empresa Noble Energy, ya identificó yacimientos de petróleo liviano de buena calidad a sólo diez kilómetros de la zona en litigio", le dijo a BBC Mundo Iris Valle, oficial de incidencia para megaproyectos de energía e hidrocarburos de la organización ecologista nicaragüense Centro Humboldt.
Una disputa bicentenaria
El litigio que está intentando dirimir la Corte Internacional de Justicia de La Haya en cierta forma inició en 1803, cuando la corona española decidió trasladar la responsabilidad del archipiélago de San Andrés -ubicado a 220 kilómetros de Nicaragua y a 775 km de las costas colombianas- al entonces Virreinato de Nueva Granada.
Ya como naciones independientes Colombia y Nicaragua intentaron poner fin a varios años de disputas mediante el tratado Bárcenas-Esguerra, firmado en 1928. El tratado reconocía la soberanía de Colombia sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y hacía del meridiano 82 la frontera marítima entre ambos países.
En 1979, sin embargo, Nicaragua dejó de reconocer el tratado aduciendo que el mismo había sido suscrito cuando el país estaba intervenido por Estados Unidos, el que había decidido utilizar las islas como moneda de cambio para compensar a Colombia por la pérdida del territorio panameño.
El caso fue llevado a La Haya en 2001 y en 2007 la corte ratificó el derecho de Colombia sobre las islas. El tribunal, sin embargo, se dijo dispuesto a revisar la validez de la actual frontera marítima y el derecho sobre los cayos Roncador, Quitasueño y Serrana.
Su sentencia será inapelable.
"No están identificadas las cantidades, pero sí la calidad del petróleo. Y posiblemente también tenga un manto de gas", agregó.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, decidió por su parte interrumpir la exploración petrolera en la zona en octubre del año pasado, aduciendo razones medioambientales.
Pero, según el investigador del departamento de geociencias de la Universidad Nacional de Colombia Carlos Alberto Vargas, se estima que la llamada Cuenca de Los Cayos podría contener cerca de 6.000 millones de barriles de petróleo equivalentes (mbpe).
Mar de siete colores
Así las cosas, la posibilidad de que en el futuro cualquiera de los dos países permita la explotación petrolera en la zona es motivo de inquietud tanto para los ecologistas nicaragüenses como para los colombianos.
Y, sobre todo, preocupa a los habitantes de las islas, que hacen parte de un territorio declarado Reserva de la Biósfera por la Unesco hace ya 12 años.
"La Reserva representa el 70% de los corales de Colombia y es uno de los corales y ecosistemas coralinos mas conservados del Caribe", le dijo a BBC Mundo Arne Britton, subdirector de mares y costas de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Coralina.
"Y una de las características que tiene la reserva es 'el mar de los siete colores': un mar transparente, un agua cristalina que tiene un potencial ecoturístico bastante importante", agregó.
De hecho, el turismo ya es, junto con la pesca, la actividad económica más importante del archipiélago.
Y, para Britton, la exploración y la explotación de hidrocarburos representa una amenaza para ambas.
Paraíso en riesgo
Por esta razón, Coralina está intentando hacer que la justicia colombiana prohíba definitivamente la actividad petrolera en la Cuenca de Los Cayos.
"Recibimos con mucho beneplácito la decisión del presidente (de no permitir exploraciones de hidrocarburos en la zona), pero a nosotros podríamos dormir más tranquilos si se lograra que el tribunal fallara a favor de nuestra acción popular", explicó Britton.
Y la posibilidad de que un fallo a favor de Nicaragua en La Haya permita que el país centroamericano empiece a extraer petróleo en las proximidades del archipiélago es algo que también preocupa al funcionario.
"Eso es lo que más tememos, no serían buenas noticias para la reserva, las áreas marinas protegidas y para todo lo que hemos hecho en todos estos años hará garantizar el uso sostenible de los recursos naturales, sobre todo para la comunidad pesquera", afirmó.
La explotación petrolera en esa zona del Caribe, sin embargo, tampoco atrae a los ecologistas nicaragüenses, que también parecen dispuestos a dar batalla.
equipo defensa de colombia en La Haya
El equipo de Colombia en La Haya lo encabezan los excancilleres Julio Londoño Paredes (izquierda) y Guillermo Fernandez de Soto (centro)
"El petróleo puede representar una importante fuente de ingresos, pero el riesgo ambiental es demasiado alto", le dijo a BBC Mundo Iris Valle, quien también considera que las industrias extractivas por lo general generan distorsiones y dependencias que atentan contra los proyectos de desarrollo sostenible que necesitan países como Nicaragua.
Y, según Valle, incluso el empleo que pudieran generar las plataformas petroleras es limitado y requiere de una mano de obra demasiado tecnificada como para beneficiar a las comunidades de la zona que, de por sí, verían afectadas sus ocupaciones tradicionales.
En cualquier caso, la ecologista nicaragüense no considera que el riesgo sea mayor en el lado nicaragüense que en el lado colombiano.
"La principal diferencia es que en Nicaragua el proceso de exploración está más avanzado. Pero los dos países parecen igual de comprometidos con las concesiones petroleras", dijo.
Lo que parece sugerir que la disputa por el futuro de este paraíso caribeño podría extenderse más allá de la resolución de La Haya.
