San Andres: turismo, desarrollo e identidad en el Caribe
A pesar de ser el segundo destino turístico colombiano, muchos habitantes del archipiélago viven sin agua potable y sin alcantarillado
HENRY S. BARRAS
7 ENE 2016 - 10:52 CET
Ted y su hijo sentados sobre su cisterna, que no recoge agua de lluvia desde hace meses.Ver fotogalería
Ted y su hijo sentados sobre su cisterna, que no recoge agua de lluvia desde hace meses. H. S.
Cristina es una joven de 28 años, tiene piel clara y ojos increíblemente verdes. Quizás nada excepcional si no fuera porque nos encontramos en una isla del Caribe, en la que los blancos son identificados sobre todo como turistas. Después de haber pasado años fuera de San Andrés, Cristina está de vuelta para marcar positivamente este pequeño territorio que sufre una crisis ambiental y de escasez de recursos.
Cristina nació en una zona privilegiada, pero recuerda la poca calidad del agua, los altos precios de la energía eléctrica, y las muchas veces que la isla se inunda en la temporada de lluvias. A pesar de que San Andrés es el segundo destino turístico colombiano, con 678.000 visitantes en 2013, muchos habitantes viven sin agua potable, con un sistema de disposición de residuos sólidos inefectivo y sin alcantarillado.
Desde los años noventa la población insular se ha duplicado y en el 2005 la comunidad nativa de solo 23.000 personas pasó a ser una minoría. San Andrés es una de las islas más pobladas del Caribe: en 27 kilómetros cuadrados se concentra una población de más de 100.000 habitantes. A pesar de que en la isla existe la Oficina de Control de Circulación y Residencia (OCCRE), una institución encargada del control de la población, parece no haber servido. Al menos unas 20.000 personas están en situación irregular.
Hoy en día, sectores de la isla buscan encontrar una solución a los varios problemas a través de más autonomía con respecto al Gobierno central en Bogotá, lo que permitiría un desarrollo diferente, en el que los continentales no tendrían el control político.
El origen
La historia de los nativos del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, comienza a principios del siglo XVIII, cuando empiezan a llegar pobladores anglófonos y esclavos africanos. A pesar de que a fines de aquel siglo la Corona española decidió reconquistar el territorio, ingleses y jamaiquinos siguieron llegando a las islas, y es en este período en que la familia de Cristina registra los comienzos de su historia. El inmigrante jamaiquino, hijo de irlandeses, Jeremiah Lynton (tatarabuelo de Cristina) se casa con Rebecca Bowie, sanandresana heredera de plantaciones y esclavos.
En 1853 el reverendo Philip B. Livingston abole la esclavitud de las islas. “Cuando mi abuela era chiquita atendía a los esclavos que por un tiempo fueron de la familia. Ya eran viejos y no podían moverse”, cuenta Cristina. Las grandes plantaciones de algodón son sustituidas por las de coco, las tierras son divididas entre los pobladores que emplearon la agricultura de subsistencia, lo cual formaría una sociedad igualitaria, sin sistema asalariado.
Al mismo tiempo, Livingston fundó la Primera Iglesia Bautista, que luego caracterizaría la forma de relacionarse de los nativos. La cultura anglosajona se transmitió por generaciones. El inglés estándar se volvió la lengua culta de la sociedad. Cristina cuenta que su abuela siempre distingue su inglés del creole, que era visto con desdén por sus raíces africanas, y recuerda el origen inglés e irlandés de sus antepasados.
Problemas ambientales y sobrepoblación
A partir de la constitución del 1886, el Estado se vuelve centralista y promueve este modelo a través de políticas llamadas de colombianización. Esto permitió la primera oleada de inmigrantes que llegaron a San Andrés con el objetivo de ejercer los principales cargos públicos, desconectados de la realidad social y cultural del territorio.
Con la caída del cultivo del coco, la dirigencia isleña, sin estar preparada para los cambios que eso generaría, propuso un nuevo modelo económico. En 1953 San Andrés se convirtió en Puerto Libre. Colombianos continentales y árabes descendientes, los que realmente aprovecharon estas políticas, empezaron a poblar y crear negocios en la isla. Se dio inicio a una gran ola migratoria y, más tarde, con la masiva inversión por parte de continentales, llegó la primera sucursal bancaria. A pesar de ser del continente, el tío político de Cristina, Manuel Angarita, fue el primer gerente del Banco de Bogotá, y es así como su familia materna se integró a la isla.
Desde los años noventa la población insular se ha duplicado y en el 2005 la comunidad nativa de solo 23.000 personas pasó a ser una minoría
Daniel Bent, un pensionista que vivió toda su vida como guarda de unos terrenos, es crítico: “Por unos pesos hemos regalado nuestras tierras”. Otros han arrendado sus tierras con contratos informales que a largo plazo, según la ley colombiana, conllevaron una trasferencia de estas a los inmigrantes. Al mismo tiempo, algunas tierras fueron perdidas tras procesos de expropiación por parte del Estado. El sentimiento de algunos lugareños es que fueron demasiado ingenuos. Orma Wilson, también pensionista, recuerda: “Antes teníamos tierra suficiente para producir papas dulces, yuca, coco, plátano, aguacate…”. En este sentido, de vivir de la agricultura y la pesca, la sociedad pasó a depender de lo que se traía del exterior sin poder efectivamente integrarse a una nueva economía basada en el turismo y el comercio.
Problemas culturales
Al mismo tiempo, la colombianización obligó al aprendizaje del español y la conversión al catolicismo para promulgar la identidad nacional. En 1933 el bogotano Alberto Munévar, que resultó ser marido de Rosylda Lynton Bowie, bisabuela de Cristina, instituyó en San Andrés El Bolivariano, la primera escuela primaria bajo la dirección de Bogotá. “Mi abuela siempre dice que recuerda cuando vivía en los terrenos de lo que hoy es el colegio, hasta que su papá la trasladó a Barranquilla en busca de una mejor calidad de vida”.
“En el recreo nos decían que no habláramos esta jeringonza”, recuerda un antiguo estudiante. "No podías lograr becas si no te volvieras lo que ellos querían”, señala. Mariano Gómez, exrector del Colegio Bolivariano asegura que en 1984 esperaban matricular a 60 muchachos en sexto grado y se presentaron 120 de la noche a la mañana. "¡No sé de dónde salieron!”, exclama.
Un nativo cuenta: “Hace unos años vi una novela de Irvin Wallace en inglés y en español. Compré la versión en español y después de haber caminado una cuadra dije: “¡Dios mío, ¿qué me está pasando?”. La situación hizo que los continentales “empezaran a cambiar la cosmovisión y vida de la gente”, así que los isleños se han ido segregando en dos sectores. En La Loma y San Luis, a través de “las iglesias bautistas se preservaron los elementos de identidad” y se promovieron los sentimientos de resistencia hacia Colombia.
Lucha etnopolítica
Al verse marginados, los raizales (así se define la cultura propia del archipiélago) empezaron a identificarse como un grupo distinto y a resaltar sus particularidades étnicas. Pero analizando su discurso, en una cierta medida se pierde la autenticidad otorgada a las características de su identidad étnica. A lo largo de las décadas, muchos raizales adoptaron el catolicismo, así mismo líderes del movimiento ven el protestantismo como elemento fundamental de la identidad raizal.
El creole, que fue denigrado por la élite, ha vuelto a ser promovido como lengua autóctona para legitimar la lucha de identidad del nativo frente al Estado colombiano. Además, para no confundirse con las demás comunidades afro que generalmente no se benefician de ningún estatus particular, prefieren sobresaltar su ascendencia británica.
El avance de la causa indígena ha dado paso a la estrategia política de los raizales, que le exigen al Gobierno derechos particulares. Viéndose reconocidos como minoría étnica, los raizales pueden exponer sus problemas ante organizaciones internacionales como la ONU o la Unesco.
Movimientos sociales
El movimiento raizal está formado por varios grupos con distintos objetivos. Su origen puede estar relacionado con el grupo político Sons of the Soil (SOS), que en los años ochenta el cual buscaba una diferenciación positiva de los nativos.
Con la Constitución de 1991, las diferencias culturales fueron reconocidas, lo que permitió a los isleños luchar por sus derechos. El artículo 310 estableció la necesidad de crear una legislación especial para las islas. Debido a la sobrepoblación y al carácter limitado de los recursos se generó la Occre. Del mismo modo, SOS logró el reconocimiento de los isleños como una minoría étnica nacional legitimando el nombre raizal, lo que dio pie a la elaboración del Estatuto Raizal.
Sin embargo, esos logros no fueron suficientes para mejorar la situación de la isla. En 1999, con la ayuda de varios pastores bautistas, se realizó un paro cívico en el que el movimiento raizal exigió al Gobierno la expulsión de habitantes ilegales, la declaración de emergencia ambiental debido a la sobrepoblación y que se le diera más autonomía al pueblo raizal.
En este marco surgió el grupo Archipelago Movement for Ethnic Native Self-Determination for the Archipelago of San Andrés, Providence and Kethlena (AMEN-SD) hoy encabezado por Raymond Howard, el pastor de la Primera Iglesia Bautista, quien asegura: “No somos colombianos, nuestra cultura no es la de ellos, nuestra lengua no es la de ellos, nuestro territorio es diferente, no nos conocen y lo demostraron”. Según su interpretación excluyente, a pesar de que lo ancestros de Cristina están entre las primeras generaciones de pobladores, ella no puede considerarse raizal porque no habla creole y no es bautista.
Ante esta radicalización, en 2007 el Gobierno colombiano organizó la celebración nacional de la Independencia en las islas. Ahora, en la cabeza de muchos está la idea de que Bolívar les libertó. Sin embargo, desde hace algunos años se está rescatando el 1 de agosto como el día de la emancipación de los esclavos, gracias al señor Livingston, fecha fundamental para el pueblo nativo.
Sectores de la isla buscan más autonomía con respecto al Gobierno central en Bogotá, lo que permitiría un desarrollo diferente, en el que los continentales no tendrían el control político
Aunque AMEN-SD sigue siendo el referente político de la lucha raizal, R-Youth crece como un movimiento que pretende enaltecer el discurso raizal. Al llegar a San Andrés, Cristina se encontró con los líderes del movimiento por coincidencia: “Hicimos una radiografía de nuestra lucha y nos dimos cuenta de que hablar de raizalidad tiene más sentido. Se trata de un sentimiento de arraigo. Al vivir aquí los demás colombianos crearon sentimientos de pertenencia hacia la isla. Si tú quieres y amas al archipiélago, lo defiendes”.
Marco Fides, nacido en Barranquilla y habitante de la isla desde hace 40 años declara: “Me duele la isla como a cualquier raizal. La Occre está permitiendo que se quede mucha gente ilegal, más de lo que la isla puede recibir. Y nosotros, los residentes o raizales nos quedamos sin trabajo”. Franklin con tono sarcástico agrega: “Ojala Nicolás Maduro pudiera ser director de la Occre y sacar a todos los colombianos ilegales”.
La particularidad de unos puede beneficiar a todos los residentes. Obviamente, para llegar al estatuto de la autonomía el consenso de la mayoría es indispensable. Para R-Youth la autonomía no es independencia. “Queremos que el pueblo raizal sea reconocido como dueño de este territorio. Con poder político pretendemos mejorar a la isla”. En 2016 el Congreso colombiano se pronunciará sobre el estatuto raizal. “Siento que estamos en un punto de inflexión”, apunta Cristina, “Si nos unimos y nos reconciliamos, podemos vivir todos en el paraíso que son estas islas”.
Habla la gobernadora Aury Guerrero
San Andrés le saca jugo al fallo de la CIJ
16 NOV 2013 - 9:00 PM
Mientras los dos países discuten sobre la aplicación de la sentencia que le dio a Nicaragua 75 mil kilómetros cuadrados de aguas colombianas, la isla tiene más Fuerza Pública y obras.
Por: Élber Gutiérrez Roa
San Andrés le saca jugo al fallo de la CIJ
Aury Guerrero, gobernadora de San Andrés, asegura que el problema del narcotráfico ha mutado en la región y que el desafío ahora es la venta de drogas al menudeo. / Élber Gutiérrez Roa
Hace ya un año, cuando la Corte Internacional de Justicia de La Haya le concedió a Nicaragua 75.000 kilómetros cuadrados de aguas caribeñas hasta entonces colombianas, las elucubraciones fatalistas de lado y lado de la frontera saltaron a las primeras planas de los diarios y hubo —y hay— hasta quienes invitaron a iniciar una carrera armamentística para prevenir agresiones de la contraparte. Se dijo de todo. Que el uno era un pirata del Caribe y que el otro también.
Si bien es cierto que ninguna de estas predicciones se cumplió, lo cierto es que los dos países recorren un camino en el que tampoco parece cercana la suscripción de un tratado limítrofe que recoja las directrices de la sentencia de la CIJ. Y en medio de la puja están los habitantes de San Andrés, el archipiélago colombiano en el que viven los pescadores que derivan su sustento de las aguas concedidas a Nicaragua.
En el departamento insular los efectos del fallo son evidentes. Por un lado, porque el fortalecimiento del pie de fuerza en las aguas del litigio obligó a un reacomodamiento de los narcotraficantes que allí delinquen. Por el otro, porque con el fallo llegaron las promesas de ayuda del Gobierno colombiano y hay expectativa respecto a cuánto de todo aquello se hará realidad. La gobernadora Aury Guerrero cree que hay que sacarle el jugo al fallo y se la juega por canalizar todas las ayudas, pero no la tiene fácil.
Una de las preocupaciones en Colombia era que los narcos hicieran su agosto en medio de la confusión sobre el fallo de La Haya. ¿Qué tanto de eso ocurrió en la práctica?
Entre 2010 y 2011 tuvimos situaciones conexas con bandas criminales y en 2012 se lograron controlar, aunque hubo tres homicidios por sicariato. El narcotráfico ha sufrido un retroceso debido a que las embarcaciones de la Armada están parqueadas en las zonas que regularmente eran usadas como puente para el paso de sustancias psicoactivas.
También están la FAC y la Policía, pero en la isla dicen que el problema continúa.
Ha disminuido la actividad. Sin embargo, han aumentado el menudeo y el microtráfico en algunos sectores. La desaparición de las bandas hizo que muchos de los jóvenes que prestaban servicios en estas labores estén sin una tarea en San Andrés. Eso ha generado la aparición de hurtos y de chicos y chicas con armas de fuego.
¿Y cómo están controlando esa situación?
Son brotes pequeños que se pretenden controlar a través de estrategias como las de la Policía Nacional, entre otras. El aprovisionamiento de combustibles en alta mar ha disminuido por la presencia de las autoridades en la zona, pero el microtráfico y las consecuencias del gran narcotráfico siguen presentes en nuestro territorio.
¿Por eso el aumento en la violencia?
Antes el esquema del narcotráfico de San Andrés no estaba asociado con los violentos. Los chicos se dedicaban a traficar, los cogían (hay varios presos en cárceles internacionales), pero no se generaba violencia. Cuando empezó el cobro por peaje se generó un conato de violencia y hace unas semanas tuvimos dos o tres asesinatos —según lo que manifiesta la autoridad competente— relacionados con narcotráfico.
¿Quién maneja ese negocio ilegal en la isla?
No tengo la certidumbre para decirlo, pero uno escucha en la comunidad comentarios. Hablan aquí de “Paisas” o de “Rastrojos” o de “Urabeños”, pero nosotros no podemos decir si son estos o son aquellos.
¿Y los isleños qué papel cumplen ahora en la cadena? ¿Aún son actores de menor rango?
San Andrés por años ha tenido una participación vinculando especialmente a sus hombres de mar. La percepción hoy es que nuestros chicos sirven de puente en esa cadena y en algún momento llegan a ser enlaces. Aunque en capturas de este año la Policía ya identificaba a algunos de nuestros paisanos como cabezas de grupo.
¿Ha cambiado mucho la ruta de la coca desde que se conoció el fallo?
La coca que pasa por San Andrés generalmente va hacia Centroamérica, pero también ocurre que de Centroamérica la crucen por acá hacia el norte. Otras veces viene de Colombia. Como San Andrés tiene siete fronteras y ofrece la posibilidad de comunicarse con las islas pequeñas, se usa mucho como sitio de paso.
Pero la ruta San Andrés-Nicaragua parece ser una de las más usadas.
Obviamente la ruta existe y llegar navegando es fácil. En dos horas o dos y media se puede llegar, pero no hay relación.
¿No hay relación o no la han diagnosticado?
Nunca se ha diagnosticado una relación entre comunidades de Nicaragua con narcotráfico en San Andrés. Lo que teníamos como relación era el deporte. El béisbol convocaba a unos y otros. Con Bluefields teníamos un fuerte intercambio comercial y cultural.
¿Convenios con una ciudad nicaragüense en pleno litigio binacional? ¿Cómo lo hicieron?
No teníamos convenios formales escritos con administraciones. Al menos no en nuestro gobierno. Pero antes se tramitaban esos tipos de eventos a través de unidades ejecutoras de la administración pública. No hemos vuelto a hacer intercambio. Hemos tenido sí, en el tema ambiental, hace un año, en un encuentro con la corporación ambiental, personas que trabajan en esa área en Nicaragua y estuvieron en San Andrés. De hecho, no existe restricción de comunicación con ellos. Las relaciones bilaterales siguen estando de manera regular, claro que desde San Andrés no hemos promovido (convenios) en este sentido.
En últimas, ¿quiénes son los más afectados tras un año de proferido el fallo de la CIJ?
Los pescadores industriales y los grandes armadores de embarcaciones que pescaban en Luna Verde. Teníamos 16 embarcaciones y sólo quedan seis con permisos de pesca colombianos. Los otros aceptaron la invitación a sacar sus documentos y a formar parte de la flota de Nicaragua. Algunos pescadores industriales manifestaron deseos de retirarse de la pesca. Hay 77 pescadores de langosta o buzos que eran empleados por los barcos industriales y no están laborando porque sus embarcaciones se fueron a pescar desde Nicaragua.
¿En qué paró el debate por el subsidio de $1,8 millones para los pescadores y que habría llegado a quienes no lo necesitaban?
El tema del subsidio, no de la cuantía, lo solicitaron los pescadores cuando el presidente Santos vino. El Gobierno Nacional determinó que fuera de $1,8 millones durante seis meses pensando que fuese algo que pudiese garantizarles su sustento.
¿Pero terminaron recibiéndolo personas que no eran pescadoras?
Se les dio la responsabilidad a las asociaciones de pescadores para que se presentasen y a los pescadores independientes a que se asociaran. Algunos postulados tenían problemas con la ley (tienen procesos o estuvieron detenidos) y debieron resolver esa situación para continuar recibiendo el subsidio. Otros estaban contratados en entidades o pagaban su salud o pensión. Eso no quiere decir que no son pescadores, sino que la pesca es una actividad de la cual no se pueden sostener todo el año, porque hay épocas en las cuales no se puede pescar, por la lluvia u otra razón.
¿Cuál puede ser la solución de fondo ahora que se acabó el tiempo de los subsidios?
Un proceso de estructuración fuerte en torno a la pesca, en donde se consolide la flota pesquera, donde se tenga el terminal pesquero, un muelle para ingresar los productos. Introducir la acuicultura.
¿De dónde sale el dinero para tanta belleza?
Del Estado colombiano. En el Plan Archipiélago, por ejemplo, están los proyectos de acuicultura y acuaponía. Hay que fortalecerlos con recursos propios. Se están empezando a apalancar otros procesos. Entre más pronta sea la solución, las necesidades insatisfechas de ellos se van a atender.
La dura lucha de los raizales por su reconocimiento
Tras el fallo de la CIJ, ¿qué es lo que pasa en el archipiélago? ¿Por qué manifiestan los raizales? Semana.com estuvo en San Andrés para conocer sus razones.
por MARÍA FERNANDA LIZCANO, PERIODISTA DE SEMANA.COM
2015/03/03 16:00
Estos son algunas de las pancartas que cargaban los sanandresanos este viernes en la marcha convocada por los pastores.
Cientos de sanandresanos salieron a marchar el viernes pasado desde el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla hasta la Gobernación.
La marcha fue en oración y dirigida por los pastores de las iglesias. San Andrés ha tenido una cultura religiosa protestante desde siglos atrás.
El abandono en San Andrés es más que evidente. Al frente de las playas hay muchos terrenos abandonados sin que nadie les preste atención.
Este es un modelo típico de las casas de los raizales en San Andrés.
La administración local pareciera no prestar atención al descuido de las playas. Son muchos los desechos, como en este caso una llanta, los que llenan el mar de San Andrés.
En el sector de San Luis, las casas destruidas inundan el paisaje.
Los barcos y lanchas abandonadas se interponen, indudablemente, en la visión de los turistas.
Este es Amor de Patria, el único hospital que tiene San Andrés.
En San Andrés no hay parques infantiles. En este terreno hubo uno, pero está abandonado hace más de 10 años.
Las casas de muchos sanandresanos se están cayendo y clamando ayuda de parte de la administración local.
Ella es Corine Duffins, vocera del movimiento Archipielago Movement For Ethnic Native Self Determination (Amen-Sd) y miembro de la Autoridad Provisional Raizal.
Ella es Corine Duffins acompañada de Raimon Howard, pastor de la primera Iglesia Bautista y presidente del movimiento Archipielago Movement For Ethnic Native Self Determination (Amen-Sd).
Los raizales del archipiélago de San Andrés están cansados. “Declaramos que la injusticia que está gobernando nuestro territorio tiene que cesar ya”. “Es hora de que termine la criminalidad”. “Declaramos a San Andrés libre de la ilegalidad”. “Oramos por respuestas ante el fallo de La Haya”.
Estas fueron algunas de las frases que el viernes pasado gritaron al unísono cientos de nativos que pidieron a Dios respuestas ante los atropellos que -ellos consideran- comete el Gobierno en su contra.
El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se volvió el centro de la opinión pública en noviembre del 2012, cuando se dio a conocer el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya que entregó a Nicaragua 75.000 kilómetros de aguas en el Mar Caribe que se disputaba con Colombia.
Fue justo en ese momento cuando las miradas se voltearon a un mismo lugar y el territorio insular obtuvo un papel protagónico. Las pretensiones expansionistas de Nicaragua son evidentes e, incluso, hay una segunda demanda por la plataforma continental.
Pero, más allá, ¿qué está pasando en el archipiélago? ¿Por qué manifiestan los raizales?
Sin reconocimiento
Los nativos de San Andrés son los que tienen, en ese territorio de apenas 27 kilómetros cuadrados, sus raíces, el recuerdo de sus ancestros y su propia cultura. Como dirían ellos, los dueños de esas tierras.
En su visita, Semana.com pudo comprobar que pese a la dura problemática social y económica, exacerbada por el golpe al sector pesquero que implicó el fallo de la CIJ, la población nativa converge en una misma aspiración: reconocimiento. Algo que contrasta con el olvido que han sufrido en los más de 200 años de vida republicana.
Frente a los ‘pañitos de agua tibia’ de los diferentes gobiernos, a falta de una verdadera política de Estado, los raizales, más que independencia -que es la respuesta para una minoría-, quieren autonomía, reconocimiento del territorio y que se les tenga en cuenta como grupo étnico.
Hace dos siglos, San Andrés era un territorio con autonomía económica y política. Su fuerte: la exportación del coco. Su religión, la cristiana protestante. Su lengua, el inglés creole. La cultura de esta comunidad siempre ha estado definida.
Fue a comienzos del siglo XX cuando Colombia prestó atención a la isla y decidió -como dicen los nativos-, ‘colombianizar’ el territorio. Para ellos esto no ha sido fácil. Los raizales han tenido que adecuarse a unas formas de vivir que difieren de las que originariamente tenían.
“Después de la Constitución del 1991 uno creía que todo iba a cambiar, pero no. Aún se implementa la de 1886, esa que busca una homogenización y que dice que para ser colombiano hay que hablar español, ser católico y cumplir ciertas cosas, pasando por encima de lo que ya éramos”, dijo el pastor Raimon Howard, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la isla y presidente del movimiento Archipielago Movement For Ethnic Native Self Determination (Amen-Sd).
San Andrés es un territorio culturalmente religioso, basado en las escrituras y sus mandamientos. Es por eso que los líderes espirituales, como Raimon Howard, juegan un papel importante en la toma de decisiones. A falta de líderes políticos que busquen una solución para el archipiélago, los pastores son los que toman la batuta y mueven a la población.
Participación frustrada
El desconocimiento hacia esta población es tal, que en la respuesta que dio el Gobierno al fallo de La Haya no mencionó a la comunidad ni sus derechos. Incluso, no hubo ningún representante de los raizales en la definición del diferendo. ¿Por qué el Gobierno no los escuchó sabiendo que el territorio ha sido habitado siempre por ellos?
“Cuando se dio a conocer el primer fallo quisimos hablar con el presidente, pero no se pudo. Nunca contestaron. En cambio, solicitamos lo mismo en la embajada de Nicaragua y el mismo día nos cuadraron la cita con el presidente (Daniel) Ortega”, contó Corine Duffins, vocera del movimiento Amen-Sd.
Los raizales sienten que los quieren silenciar. Creen que Colombia, a costa de lo que sea, quiere acabar con su cultura. “Los indígenas y los afro descendientes están protegidos, no pagan impuestos, tienen múltiples beneficios, ¿por qué los raizales no? ¿Por qué no respetan nuestras creencias? ¿Por qué no nos reconocen como grupo étnico?”, reclamó Corine.
La indignación hacia el Estado crece. Por ejemplo, el DANE no ha podido adelantar el Censo Agropecuario porque los nativos no lo han permitido. “Hay una pregunta en la que uno debe escoger a que etnia pertenece y ahí no están los raizales. Nos excluyen de todo lado. Nosotros no somos ni afros, ni indígenas, somos raizales. Tenemos nuestra lengua, nuestra religión. No entiendo por qué no nos reconocen”, dijo un miembro de la comunidad a Semana.com.
Para Bill Francis, otro nativo, “cambiar la relación con el Estado colombiano, depende de que este acepte que tenemos el derecho de reestructurarnos y de ejecutar nuestros propio planes”.
Y es que los sanandresanos no entienden cómo el gobierno nacional hace un plan para el Archipiélago sin tenerlos en cuenta. No entienden cómo se pueden conocer las necesidades de un pueblo sin estar allá y sin preguntarles a los propios habitantes qué es lo que necesitan.
El archipiélago quiere respuestas. La comunidad creó una Autoridad Provisional Raizal, grupo con el que el gobierno se deberá entender de ahora en adelante. Ellos están dispuestos a dialogar y a presentar las necesidades de San Andrés.
Ojalá el gobierno –encabezado por el presidente Santos- se reúna con ellos y escuche sus quejas. Esa será, tal vez, la única forma de llegar a un acuerdo y de sacar el archipiélago adelante. Mientras tanto los raizales tienen su objetivo claro: “la meta principal es recuperar lo perdido, y si la independencia es la única forma, así será”, concluyó Bill Francis.
Gobernadora de San Andrés viaja a La Haya
Aury Guerrero, la mandataria isleña, estará en la Corte Internacional de Justicia.
Por: EDUARDO LUNAZZI | 11:11 p.m. | 5 de octubre de 2015 Aury Guerrero, gobernadora de San Andrés, con la ministra María Ángela Holguín.
Aury Guerrero, gobernadora de San Andrés, con la ministra María Ángela Holguín.
La gobernadora del departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Aury Guerrero Bowie, fue invitada por el Gobierno Nacional a asistir este martes a la segunda sesión del litigio (Nicaragua-Colombia) que se adelanta ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.
La mandataria isleña acudirá como parte de la delegación de Colombia encabezada por la Ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, y otros funcionarios de alto nivel, que estarán este martes en la CIJ. La noticia de la invitación aparece ya publicada en la página oficial de la corte.
Colombia y Nicaragua atienden la segunda ronda de alegatos en el litigio por las aguas territoriales del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y la invitación a la gobernadora Guerrero Bowie es vista como un gesto de reconocimiento y consideración para la población ancestral de las islas.
Caso muy distinto a lo ocurrido el 19 de noviembre de 2012 –fecha del fallo que le cercenó 75 kilómetros de mar territorial de Colombia en el Caribe– cuando ni la etnia raizal ni las autoridades del Archipiélago fueron tenidas en cuenta.
Entre tanto, el equipo de defensa de Colombia para los casos interpuestos por Nicaragua ante la CIJ tomó la palabra este lunes, primer día de audiencias preliminares, para plantear ante los jueces que la Corte carece de competencia para conocer la demanda nicaragüense por la plataforma continental extendida.
EDUARDO LUNAZZI
SAN ANDRÉS
Primeras acciones y consecuencias tras fallo de la Haya
21 de Noviembre de 2012
Ya se están comenzando a conocer las primeras acciones del Gobierno luego del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). El presidente Juan Manuel Santos anunció la implementación de un plan en San Andrés para asegurar mejores condiciones sociales y económicas para los habitantes de esa región del país.
COLPRENSA/VANGUARDIA LIBERAL
Pero la posibilidad de que Colombia no acate el fallo es remota, por lo que es posible que acuda a una demanda de interpretación o revisión ante la Corte. Sin embargo, esto no serviría para modificar la decisión como tal sino para se aclaren varios apartados que generan confusión para el Gobierno.
Según el excanciller Camilo Reyes, “no hay otra instancia jurídica, no hay otra instancia por medio de la cual se pudiera tomar una decisión distinta, lo que sí puede hacer es pedir una interpretación de ese fallo y una interpretación si Colombia considerara que hubo circunstancias especiales que cambiaron algo en el proceso para una toma de decisión”.
Reyes agregó que “el fallo está lleno de errores y de errores graves, es curioso que la Corte haya tomado tal decisión. El campo que hay para cambiar lo que ya hay es remoto”. Sin embargo, dijo lo que hay que pensar ahora es en lo que se puede hacer con lo que se tiene.
Precisamente, una de las preocupaciones que han surgido se relaciona con las repercusiones del fallo para Colombia a nivel internacional, por el hecho de que Colombia firmó tratados limítrofes marítimos con Costa Rica, Honduras, y Jamaica.
Sin embargo, según el presidente de la CIJ, Peter Tomka, el fallo solo relaciona a Colombia y Nicaragua, sin perjuicio de los derechos de terceros países, pero en caso de que la decisión llegue a tocar otro Estado, las negociaciones ahora también involucrarían a Nicaragua.
El profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario, Ricardo Abello, considera que con la decisión no se afectará otra frontera. “Con Costa Rica ya no tenemos frontera marítima en el Caribe, con Panamá tenemos un tratado que está ratificado, pero que quedó hasta mitad de camino porque de ahí en adelante son aguas nicaragüense. Con Honduras desde el 2007 no tenemos fronteras marítimas”, explicó.
La pérdida de fronteras marítimas con Honduras se debe a que en otro litigio fallado en 2007 por la CIJ, se produjo un cambio de fronteras entre ese país centroaméricano y Nicaragua, lo cual produjo que "que la frontera que estaba en el paralelo 15, entre Colombia y Honduras, perdiera vigencia porque las aguas al norte de esa zona ya son nicaragüenses".
Repercusiones internas
Algunos asuntos ya han quedado claros hasta el momento. Según el presidente Juan Manuel Santos, la nueva línea marítima entre Colombia y Nicaragua “no afecta los derechos de navegación” de los colombianos.
Es decir, que los habitantes de San Andrés tienen derecho de transitar libremente hacia los cayos de Quitasueño, Serrana, Serranilla y Bajo Nuevo, y a derivar sustento de la pesca dentro del área reconocida por la Corte.
Sin embargo, Abello advirtió que para tal fin se hará necesario el establecimiento de algunos acuerdos especiales con Nicaragua. “De acuerdo con el derecho internacional existe la opción de libertad de navegación por esas aguas nicaragüenses en la medida en que es una zona económica exclusiva, pero eso es distinto a que se pueda pescar”.
En este sentido, aclaró que los pescadores podrán ir a los cayos enclavados de Serrana y Quitasueño, pero estando allí solo podrán pescar en las 12 millas de área marítima que se le adjudicó a Colombia alrededor de éstos.
Otra de las consecuencias que se han derivado del fallo tiene que ver con la idea que impulsan los raizales de convertir al Archipiélago de San Andrés en un Territorio Insular Autónomo.
Según lo que se ha escuchado en la isla, la iniciativa surge como respuesta a un abandono estatal y falta de defensa al departamento. De ahí que ya el Ejectuvo esté pensando en declarar estado de emergencia para poder implementar un plan que permita proteger los derechos de los pobladores y pescadores del Archipiélago.
Finalmente y aunque han surgido dudas sobre si es necesario o no realizar una reforma constitucional para delimitar el nuevo mapa de Colombia, el expresidente de la Corte Constitucional, Juan Manuel Charry, advirtió que no es necesario.
Este contenido ha sido publicado originalmente en Vanguardia.com en la siguiente dirección: http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/184151-primeras-acciones-y-consecuencias-tras-fallo-de-la-haya. Si está pensando en hacer uso del mismo, recuerde que es obligación legal citar la fuente y por favor haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. Vanguardia.com - Galvis Ramírez y Cía. S.A.
Colombia adelanta ejercicio de soberanía sobre Archipiélago de San Andrés
ABRIL 03 - 2015 - 04:37 PM / DURACIÓN: 0:00:41
El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dialogó vía satélite y de forma simultánea con nueve unidades de la Armada Nacional que ejercen labores de soberanía y control en aguas del Caribe, destacando el ejercicio que adelantan sobre el Archipiélago de San Andrés.
"Lograr este enlace satelital ha sido un gran honor porque es la primera vez que se hace una videoconferencia simultánea con todas las unidades de la Armada desplegadas en los cayos e islas del Archipiélago (de San Andrés y Providencia), y de igual manera con los buques y unidades navales que hacen presencia en esta zona", señaló Pinzón.
El ministro, que en su visita a San Andrés estuvo acompañado por el comandante de la Armada Nacional, almirante Hernando Wills, señaló que "nuestras Fuerzas Armadas trabajan todo el tiempo enfrentando al terrorismo, a las bandas criminales y la delincuencia común, además siguen dando golpes decisivos y mejorando las condiciones de seguridad del país".
Agregó que en el caso específico de la Armada, esta ejerce "soberanía y control marítimo, atención humanitaria, de desastres, y protección del medio ambiente, es decir, defendiendo a Colombia".
En un fallo del 19 de noviembre de 2012 la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya ordenó que Colombia debía ceder a Nicaragua una porción de mar al este del meridiano 82, que según el país suramericano es de 75.000 kilómetros cuadrados y según el centroamericano, de 90.000.
El Gobierno sostiene desde entonces que dicho fallo es "inaplicable" porque los límites del país sólo pueden ser modificados mediante tratados internacionales aprobados por el Congreso, lo que no ha sucedido en este caso.
Luego de oír los reportes simultáneos desde las fragatas ARC "Independiente" y ARC "Antioquia", de la patrullera oceánica "San Andrés", del Puesto de Mando Específico de la Isla de San Andrés, y de las estaciones de guardacostas en las islas de Serrana, Serranilla, Roncador, Albuquerque y Providencia, Pinzón afirmó que "las Fuerzas Armadas están más comprometidas que nunca".
EFE
El archipiélago, más allá de Nicaragua
7 NOV 2014 - 9:53 PM
Raizales piden autonomía
Comunidades trabajan en un estatuto que les conceda derechos similares a los otorgados a indígenas y afros.
Por: Camilo Enrique Segura Álvarez *
Una familia raizal frente a su tradicional casa de madera en la Isla de San Andrés. / Luis Ángel - El Espectador
Hay una realidad en San Andrés, Providencia y Santa Catalina que le va a estallar en las manos al Estado. Es la percepción de cientos de raizales que se congregaron por segunda vez para plantarse frente al Gobierno y decirle que, como lo ha hecho con otros pueblos, les reconozca su autonomía. También afirman que para ejercer soberanía no basta con el desfile de corbetas y uniformes, ni con el diseño desde Bogotá de planes institucionales, sino más bien con la garantía de derechos que hoy se desconocen.
Lejos de lo que perciben la mayoría de los continentales, los problemas de las comunidades de las islas no se reducen a las consecuencias del fallo de La Haya que le otorgó mar territorial a Nicaragua en 2012. No obstante, las organizaciones raizales reconocen el sentimiento de despojo que dejó la decisión judicial y que aceleró la necesidad de tener un discurso unificado frente al Estado, el mismo que “nunca, en sus alegatos frente a la Corte Internacional, dijo que aquí había unos pueblos raizales que tienen en el territorio cercenado una fuente de su cosmovisión”, sostiene Corine Duffis Steel, del Archipelago Movement for Ethnic Natives Self-determination (Amensd).
El primer congreso raizal en San Andrés se celebró en 2002, pocos meses después de que las comunidades se tomaran la carretera hacia el basurero Magic Garden y el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla y bloquearan el ingreso de combustible y alimento durante una semana, en protesta por el incumplimiento del Gobierno a los acuerdos alcanzados en 1999 sobre el reconocimiento de la etnicidad y a la orden constitucional de impedir el sobrepoblamiento del archipiélago, que se produjo en 1993. El congreso, que por ese entonces no se denominaba raizal sino indígena/nativo, buscó canalizar esa rabia.
Durante estos 12 años los problemas se han agudizado. La sobrepoblación no fue atacada por los gobiernos de Álvaro Uribe ni el primero de Juan Manuel Santos. Incluso, durante el mandato de Uribe se alentó a que víctimas del conflicto y desmovilizados de los paramilitares se instalaran en la isla, así como se incrementó el traslado constante de Fuerza Pública para atajar la violencia asociada al narcotráfico.
De acuerdo con el censo del DANE de 2005, en 27 kilómetros cuadrados viven 55.426 personas. Sin embargo, los cálculos de las organizaciones sociales oscilan entre las 90.000 y 120.000. De tal manera que el nivel de hacinamiento provocado por la migración no controlada de continentales ha llegado a niveles que exceden las 5.000 personas por kilómetro cuadrado.
Según explica Francisco Cruz Bailey, del programa para afrodescendientes e indígenas de Usaid (Acdi/Voca), “de la sobrepoblación se desprenden la mayoría de los problemas. No hay agua potable, hay familias que reciben el servicio de agua cada 15 días, el manejo de residuos es lamentable, los raizales no cuentan con oportunidades de empleo calificadas y los precios de la comida e internet cuadruplican los del territorio continental. También encontramos que la gente raizal se queda fuera del Sisbén porque cuando llega un técnico de Bogotá y ve una casa de madera (que es la construcción tradicional) dice que eso es un lujo, mientras sí vincula a los continentales que no tienen sus papeles en regla”.
Al tiempo que se acentuaban esos problemas, las organizaciones raizales se atomizaron después de haber confluido en el congreso de 2002. Aunque, en honor a la verdad, luego de estar perdidas en una lucha política e ideológica de diversos matices, encontraron un punto de encuentro a raíz del fallo de la CIJ. La sensación de despojo los unificó frente al Gobierno, que por esos días movilizó al gabinete para dialogar con los isleños.
Esa acción del Estado generó grandes contradicciones. Por ejemplo, se puso en marcha un plan de subsidios para los pescadores que viven con la zozobra de ser obstruidos por las autoridades nicaragüenses. Hoy el censo de familias dependientes de la pesca se ha triplicado, pues sólo necesitan declararse como tales para recibir $1’800.000. Se puede decir que se ha fomentado el asistencialismo, que termina resquebrajando el tejido social.
Entre los funcionarios que protagonizaron la avanzada gubernamental estaba el entonces ministro del Interior, Fernando Carrillo, que estuvo dispuesto a construir un estatuto para las islas de la mano de los raizales. Pero surgió otro problema: mientras el Gobierno pujó por un estatuto de derechos, los raizales hablaron de autonomía y territorialidad, lo que al final hizo que el Ejecutivo se desentendiera del tema. Eso no impidió que las comunidades construyeran su estatuto y desde el pasado jueves 500 representantes del archipiélago, con el apoyo de la Gobernación, vienen puliendo el texto con la esperanza de que sea norma.
“Los raizales quieren que, así como se hizo con los indígenas en el decreto presidencial que les dio autonomía para manejar la salud, la territorialidad, la educación y otros asuntos de sus pueblos, esos derechos puedan ser ejercidos por las comunidades raizales. Pero hay mucho temor por los cambios que pueda tener este estatuto en el Congreso, por lo que creen que el presidente es quien debe firmarlo y validarlo”, sostiene Emiliana Bernard, secretaria de Desarrollo de la Gobernación.
Sin embargo, hay sectores que no se esperanzan con la posibilidad de que el presidente acepte el estatuto. Saben que hoy representan sólo el 35% de la población del archipiélago y que el Estado no ve con buenos ojos la expresión autonomía, pues la entiende como sinónimo de “separatismo” y la prioridad institucional es evitar otra catástrofe jurídica en el nuevo pleito que enfrenta al país con Nicaragua, que, dicen en San Andrés, puede dejar “enclavado” su territorio.
A pesar de todo ello, la gente sigue con esperanzas. Estudian la posibilidad de ser reconocidos como un pueblo binacional, como los wayuus, que viven entre Venezuela y Colombia, y que con la publicación del estatuto puede haber una interlocución que sea tomada en serio por el Gobierno. Hay otros más beligerantes que dicen que la sobrepoblación e incertidumbre territorial los llevarán a las vías de hecho. Claro está que, por lo pronto, todos coinciden en que unidos se sobrepondrán a lo que venga.
* Este trabajo fue realizado gracias la invitación de Acdi/Voca.
La mayoría de intervenciones en la Corte Constitucional lo pidieron
29 MAR 2014 - 9:00 PM
'Hay que acatar el fallo de La Haya'
El Espectador conoció los conceptos del Gobierno, la Procuraduría y las facultades de derecho de prestigiosas universidades que fueron enviados al alto tribunal en desarrollo de la controversia por la sentencia de la Corte Internacional de Justicia que le quitó 75.000 kilómetros cuadrados de mar a Colombia en noviembre de 2012.
Por: Juan David Laverde Palma
'Hay que acatar el fallo de La Haya'
El presidente Juan Manuel Santos el día que explicaba por qué no aceptaba la decisión emitida por la Corte de La Haya. / Presidencia
Entró en la recta final la definición de la demanda que interpusieron ante la Corte Constitucional el presidente Juan Manuel Santos y tres ciudadanos más contra el Pacto de Bogotá, que en 1961 reconoció la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya para resolver controversias entre países que suscribieron dicho tratado. El magistrado Mauricio González Cuervo está a punto de entregar su ponencia sobre este polémico asunto, que tuvo como origen el desacato del Gobierno al fallo adverso que le quitó al país 75.000 kilómetros cuadrados de territorio marítimo en la frontera con Nicaragua.
El 19 de noviembre de 2012, casi 11 años después de que Nicaragua demandara a Colombia ante la CIJ, este alto tribunal con sede en Holanda delimitó marítimamente la frontera y reiteró la soberanía de Colombia sobre todas las islas, los islotes y cayos que se encuentran al este del meridiano 82. No obstante, dicha sentencia fue objetada de inmediato por el gobierno Santos, que declaró la inaplicabilidad de dicho fallo y anunció el retiro del Estado del Pacto de Bogotá. De inmediato se abrió un debate jurídico que aún no termina y que tendrá que dirimir la Corte Constitucional en la primera semana de mayo.
El Espectador conoció la esencia de las intervenciones que llegaron a la Corte por parte del Estado colombiano, la Procuraduría, varias universidades y académicos internacionalistas. Tan sólo la Academia Colombiana de Jurisprudencia y un par de profesores de Derecho Internacional apoyaron la tesis del gobierno Santos de que no puede aceptarse el fallo de La Haya, pues el artículo 101 de la Constitución establece que los límites de Colombia sólo pueden definirse a través de un tratado aprobado por el Congreso y revisado por la Corte Constitucional. El resto, la gran mayoría, de conceptos enviados al alto tribunal no dejan lugar a dudas: debe acatarse sin reparo alguno la sentencia de la CIJ.
Además del presidente Santos, los ciudadanos Juan Carlos Moncada, Jéssica Alejandra Mancipe y Carlos Eduardo Borrero demandaron la inconstitucionalidad de la Ley 137 de 1961 aprobatoria del Pacto de Bogotá. La Cancillería envió a la Corte un concepto en el que pidió tumbar dicha norma porque viola la constitución y puso como antecedente la sentencia que derogó el Concordato entre el Vaticano y Colombia en 1993. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, ese precedente muestra que la Corte Constitucional sí puede modificar tratados internacionales cuando estos continúan produciendo efectos en el país.
Por último, la Cancillería sostuvo que aunque la Carta de las Naciones Unidas habla de la naturaleza vinculante de la CIJ, no hace mención alguna a la obligación de su cumplimiento inmediato. En ese contexto, según el gobierno, Colombia y Nicaragua podrían negociar un tratado limítrofe para aplicar la sentencia de noviembre de 2012. La Procuraduría le pidió a la Corte declararse inhibida por falta de competencia, ya que revisar un tratado internacional perfeccionado va contra la Constitución, el principio de legalidad y el respeto al Derecho Internacional. E introdujo un argumento preciso: los tratados no pueden derogarse tan sólo con el hecho de que los Estados cambien su ordenamiento jurídico interno.
La Universidad del Rosario señaló que cualquiera que sea la decisión de la Corte Constitucional, sólo tendrá efectos en el derecho interno y no en el Derecho Internacional. Asimismo, respaldó el poder de la CIJ para fijar límites fronterizos y establecer la responsabilidad internacional del Estado por el incumplimiento de sus obligaciones. Su conclusión es que Colombia tiene que acatar el fallo del 19 de noviembre de 2012, porque de lo contrario se generaría un precedente de responsabilidad internacional. Así las cosas, pidió no acoger la demanda del gobierno y los particulares, pues hubo en su momento una voluntad política del Estado colombiano y de los demás estados que hacen parte del Pacto de Bogotá para respetarlo.
La Facultad de Derecho de la Universidad Externado recalcó que la Carta de las Naciones Unidas consagra una serie de normas cuyo cumplimiento no puede soslayar Estado alguno, entre otras, el arreglo pacífico de controversias y la buena fe para acatar el resultado de los fallos. Y añadió que cuando Colombia ratificó este pacto, aceptó someter su política exterior a los principios del Derecho Internacional y asumió la obligación de someterse a la jurisdicción de la CIJ. Asimismo, consideró que los estados no pueden invocar disposiciones de su derecho interno para excusarse de cumplir una obligación internacional.
La Universidad Sergio Arboleda coincidió con los conceptos anteriores en el sentido de que la Corte de La Haya puede definir asuntos limítrofes y que Colombia al ser parte del tratado tiene que cumplir el fallo. Entre otras cosas, advirtió que la actitud del Estado colombiano de presentarse en todo momento ante el tribunal internacional para defender sus intereses constituye una prueba concluyente de que hasta que conoció la sentencia adversa, sí reconocía la competencia de la CIJ. Es decir, reprochó que apenas se perdió el territorio marítimo, ahí sí el gobierno denunció el Pacto de Bogotá y lo declaró inaplicable.
La Academia Colombiana de Derecho Internacional (Acoldi) concluyó que el respeto de Colombia por el Derecho Internacional ha sido una práctica y una costumbre de naturaleza constitucional y que, por tanto, no hay salida distinta, ni política ni jurídica, que entregar esos 75.000 kilómetros cuadrados de mar. Además indicó que el pacto cuestionado no se opone al artículo 101 de la Constitución, pues el Congreso participó de forma voluntaria y espontánea en la adopción de la ley aprobatoria del tratado, transmitiendo de forma parcial sus poderes para que en un evento controversial un caso fuera decidido por la justicia internacional.
También intervinieron el internacionalista Enrique Gaviria Liévano, el exmagistrado de la Corte Constitucional Marco Gerardo Monroy y el profesor Ricardo Abello. Casi todos los conceptos enviados a la Corte aseguran que Colombia quedaría muy mal parqueada en el concierto internacional si no acata el fallo de noviembre de 2012. El presidente y los tres demandantes más están convencidos de que tienen la razón, que ese llamado Pacto de Bogotá va en contravía de la Carta Política y que no se puede aceptar la entrega de ese territorio marítimo. La Corte dirimirá la controversia a tres semanas de la primera vuelta de los comicios presidenciales. Y, qué duda queda, su decisión traerá sus coletazos en la contienda política.
La denuncia al Pacto de Bogotá
El pasado 27 de noviembre entró en vigencia la denuncia hecha por el Estado colombiano al Pacto de Bogotá ante la OEA, acto que se realizó en protesta al fallo emitido por la CIJ que determinó los nuevos límites marítimos entre Colombia y Nicaragua.
Esta acción fue una jugada que realizó el gobierno de Juan Manuel Santos para evitar que mientras se resuelva la denuncia, Colombia no pueda ser demandada ni demandar ante la CIJ.
Sin embargo, según explicaron diferentes expertos, esta situación sólo representa un alejamiento parcial de la corporación internacional, ya que para dejar de ser parte de ésta se requeriría que se retirara de la Carta de la ONU y eso por lo pronto no va a suceder. Además, esto tampoco significa que el fallo a favor de Nicaragua quede sin efecto. Esta reacción de Colombia no fue bien vista en el ámbito internacional, porque lo deja mal parado frente a futuros pleitos internacionales.
El costo de la defensa ante la CIJ
Casi US$2 millones es lo que se ha gastado el Gobierno colombiano para defender sus intereses ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Luego de que esta corporación en noviembre de 2012 le arrebatara un pedazo de mar al país, para entregárselo a Nicaragua, el presidente Juan Manuel Santos empezó a contratar una serie de abogados para saber qué salidas jurídicas tenía el país. En medio de la tensa situación se contrató a Juan Daniel Jaramillo (en dos ocasiones), quien recibió por su primera asesoría un pago de $10 millones y por el segundo, $58 millones. Por su parte, Joaquín Polo Montalvo, contratado entre el 7 de marzo y el 7 de junio de 2013, recibió por su asesoría $34’800.000. Con Carlos Gustavo Arrieta la Cancillería suscribió uno que fue finalizado antes de tiempo, sin embargo, tuvo un costo de $139’200.000. Además de los abogados colombianos, también a la firma británica Volterra Fietta por US$800.000.