Guyana estudia demanda contra Venezuela en La Haya y abre nuevo frente para Maduro
14/03/2015
Ambos países se disputan desde el siglo XIX la soberanía de la llamada Guayana Esequiba.
Guyana estudia demanda contra Venezuela en La Haya y abre nuevo frente para Maduro
Como si el desabastecimiento de productos básicos, su enfrentamiento cada vez más radical con la oposición y las sanciones impuestas por la Casa Blanca -por considerar a Venezuela una “amenaza a la seguridad nacional”- no fueran suficientes, el Presidente Nicolás Maduro podría sumar un nuevo frente de conflicto para su gobierno. La disputa que mantiene con la vecina Guyana por la exploración petrolera en una zona marítima que Caracas reclama como suya, amenaza ahora con llegar a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. A juicio de los analistas venezolanos, se trata de un escenario que “no le conviene para nada” al país.
Las tensiones entre Caracas y Georgetown se encendieron luego de que este mes la compañía petrolera estadounidense Exxon Mobil -con acuerdo del gobierno de Guyana- iniciara sus operaciones de extracción en aguas del campo Bloque Stabroek, que se encuentra en la cuenca entre Guyana y Surinam, reconocida por el Servicio Geológico de EE.UU. como la segunda mayor área del mundo con petróleo sin explorar. A través de un comunicado, la Cancillería de Guyana le exigió a Venezuela que “desista de interferir” en sus esfuerzos de exploración petrolífera.
La advertencia tuvo lugar después de que el Ministerio de RR.EE. de Venezuela expresara su oposición al envío de equipamiento para la exploración petrolífera en aguas que considera de su territorio. El gobierno de Maduro reiteró su protesta de que estos trabajos de exploración no le fueran informados previamente y denunció que se trató de una acción “unilateral” por parte de Guyana.
El problema es que el campo Bloque Stabroek se ubica en la llamada Guayana Esequiba, un territorio de más de 159.000 km2, que ambos países se disputan desde el siglo XIX. Producto de ello, también mantienen desde hace décadas sus diferencias por el límite exacto de la soberanía de sus aguas.
Georgetown sostiene que el laudo arbitral de París de 1899, que falló a favor de Reino Unido, que entonces controlaba Guyana, estableció las fronteras entre ambos países. Sin embargo, desde entonces Venezuela denunció irregularidades y logró en 1966 la firma del Acuerdo de Ginebra, que impide a Guyana ejecutar cualquier acción en el territorio mientras se dirime el diferendo. Así, el asunto fue referido al secretario general de la ONU para que explorara formas de encontrar una solución pacífica.
Al respecto, el diario venezolano El Universal asegura que el gobierno de Guyana tiene un “objetivo estratégico” sobre Venezuela: que la controversia con el país en materia territorial termine en los pasillos de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ). En efecto, Carolyn Rodrigues Birkett, ministra de Asuntos Exteriores de Guyana, dijo en diciembre que su gobierno estudia una solución judicial para resolver su disputa fronteriza con Venezuela y espera tomar una decisión definitiva en 2015. “Debemos buscar nuevas opciones”, afirmó la ministra tras referirse al lento proceso que encabeza Naciones Unidas en busca de una solución desde hace 20 años. Según Rodrigues Birkett, si Guyana decide emprender una acción judicial lo hará vía La Haya.
Si Guyana cumple con su advertencia de llevar su reclamo ante La Haya, El Universal advierte que allí Venezuela “tiene mucho que perder. “Arriesga no sólo soberanía, sino poderosos intereses pesqueros y energéticos en zonas donde el petróleo abunda”, asegura el periódico venezolano. Lo mismo piensa el analista internacional Emilio Figueredo, quien fuera embajador de Venezuela para la aplicación del Acuerdo de Ginebra de 1966, desde 1984 a 1996. Según Figueredo, a su país “no le conviene bajo ningún respeto ir a la CIJ”.
Para el ex embajador venezolano Sadio Garavini la situación se complica para Maduro. “La mala relación y la hostilidad que el gobierno de Venezuela ha tenido con Estados Unidos ha hecho que el gobierno norteamericano, a través de su encargado de Negocios en Guyana, haya manifestado que reconoce el derecho de ese país de explorar su plataforma continental y que darían apoyo a la Exxon en su exploración”, explicó al portal PanAm Post.
Fuente
Infografía | Petróleo y recursos mineros abundan en zona en conflicto con Guyana
“Fuimos muy eficientes ganando la independencia pero ineficientes para defender lo ganado”, dijo Carlos Lee Blanco, presidente de Coener
Petróleo (Créditos: Reuters)
15-06-2015 07:41:00 a.m. | Erika Hidalgo López.-
La Guayana Esequiba esconde, bajo lo que para los venezolanos es solo un pedazo de mapa con líneas punteadas, un enorme caudal de recursos mineros, hidrocarburíferos, hídricos, forestales, además de humanos y culturales.
Oro, manganeso, diamantes, bauxita, mica, uranio, agua dulce, petróleo, gas natural, hidroelectricidad, biodiversidad, sabanas y bosques, entre muchos otros recursos, se mantienen bajo controversia por los derechos de soberanía entre Georgetown y Caracas.
Tras el reavivamiento de la disputa de esa zona en reclamación, que data de la época colonial, se pone sobre el tapete, no solo el componente soberano, y los recursos naturales que se sabe existen, sino que ahora se incorpora el petróleo hallado en la plataforma marina, sujeta a reclamación.
No estaba clara la existencia de hidrocarburos en esos territorios, toda vez que por tratarse de un área en litigio, estaba prohibida la exploración prospectiva y cualquier tipo de actividad. Sin embargo, Guyana sigue ocupando y explotando, ya no tan silenciosamente, las riquezas del Esequibo.
La sola idea de que Exxon Mobil, la mayor petrolera del mundo, y crítica de la política petrolera aplicada por el Gobierno que lideró el fallecido ex presidente, Hugo Chávez, y heredada por la administración de Nicolás Maduro, haya anunciado en un comunicado internacional el hallazgo de crudo de alta calidad en el Bloque Starbock, le advierte que se trata de mucho más que soberanía.
El ingeniero y docente de la Universidad Metropolitana en política internacional y gerencia de operaciones, Carlos Lee Blanco, considera que el componente energético despertó interés en la zona costa afuera, y sostiene que muy posiblemente también en tierra firme pueda haber petróleo, porque se trata de estructuras geológicamente similares, que permiten inferirlo.
Existen incluso, cuenta Lee, estudios del Servicio de Geología de los Estados Unidos (2001), que arrojan resultados sorprendentes sobre los recursos mineros, petrolíferos y en general, de la cuenca de Guyana, al punto que el informe la considera la más rica de América Latina.
Allanado el camino con esta investigación, posterior a la firma de la concesión, otorgada por el Gobierno guyanés en 1999, ExxonMobil se atrevió a movilizar una de sus piezas más preciadas para explorar zonas marítimas: la costosísima plataforma Deep Water Champion, que le dio la certeza definitiva de que hay petróleo en el bloque que opera, e irá por más, estimó el especialista.
Cuestión de sobrevivencia
Carlos Lee Blanco, apasionado del tema y convencido de que Venezuela tiene la razón desde todo punto de vista, histórica y legalmente, señala ante las reacciones guyanesas, que incluso invocan la presencia de la ONU para dirimir el tema, que “ellos hacen simplemente lo que deben hacer. Ellos sienten esos territorios suyos”.
Aunque Guyana hace uso del territorio a su antojo, eso no ha sido obstáculo para que Venezuela y esa nación mantengan relaciones amistosas. Los guyaneses de hecho forman parte de las 17 naciones que conforman Petrocaribe, pacto energético del que reciben 43% de la energía que consumen.
Alega entonces que: “para los venezolanos la zona en reclamación no es más que un montón de líneas grises anexas al mapa de Venezuela y nada más”, dice Carlos Lee Blanco también presidente del Centro de Orientación de Energía (Coener).
Se trata de un desprendimiento psicológico del territorio que por generaciones se ha transmitido y reproducido. No hay nada en ese territorio que nos lo haga sentir nuestro, apunta.
“Qué significan esas rayas grises en el mapa, preguntas tu a un venezolano cualquiera, y te responde con simpleza, es la zona en reclamación. Pero nadie sabe que en ese vasto espacio de tierra, hay un grupo humano con su cultura, idioma, costumbres y economías, que de no haber sido por la inacción de los gobiernos venezolanos, sería un gran territorio asimilado a Venezuela, en toda su dimensión”, precisa Lee.
De esta realidad meridiana se alimentó Guyana a lo largo de la historia. Fue haciendo usufructo de los espacios territoriales, cada vez con menos vergüenza y sin tapujos, ante el silencio cómplice de Venezuela.
El punto, para el analista, es que ahora Guyana recrudece su expansión porque para esa nación se trata de un tema de sobrevivencia.
La Guyana Esequiba representa para ellos no solo su modus vivendi, sino que además, más del 60% de lo que es su verdadero espacio territorial.
La República Cooperativa de Guyana, ya no guarda las formas, dice Lee. Desde 1997 inició rondas licitatorias para la explotación de petróleo y gas, costa afuera y en tierra firme, sin embargo, es ahora que hay reacción de parte de Venezuela, ante el evidente despojo del que estamos siendo víctimas y espectadores, comenta.
Hechos cumplidos
Desde 1997 hasta 2005 Guyana otorgó siete concesiones para la exploración de petróleo y gas costa afuera y en tierra firme, a grandes transnacionales petroleras, entre ellas a Repsol, Shell, y ExxonMobil.
Sobre los asentamientos mineros auríferos, otorgados desde 2006, comenta que se trata de proyectos gigantescos, donde están comprometidos enormes capitales, y donde el gobierno guyanés ha dado permisos para la explotación a las empresas canadienses Sandspring, para operar el yacimiento, Toroparu, y a Guyana Goldfields, para operar Aurora y Aranka.
Con la empresa Guyana Goldfields Guyana firmó inicialmente un memorándum de entendimiento que permite a una subsidiaria de esa minera explotar la mina de oro Aurora, en las riberas del río Cuyuní, localizado en el territorio Esequibo en reclamación. La minera comprobó que la mina tiene un recurso de oro total de 6.540.000 onzas.
Este campamento del bloque Aranka se ubica al noreste de la mina Aurora y abarca más de 307.589 hectáreas. Las estimaciones de Guayana Golfields son de 275.550 de onzas de oro a cielo abierto y 2.030 onzas bajo la superficie.
Se desconoce si el Gobierno venezolano protestó estas adjudicaciones írritas por parte del gobierno guyanés, que afectan claramente al territorio en disputa centenaria.
¿Qué hacer?
No es posible lamentarse sobre la leche derramada. La mesa ahora está sirviéndose y Venezuela debe actuar, dice el experto. “La época del reduccionismo pasivo, como lo expone la geografa Isbelia Sequera, debe acabarse”, comentó el docente.
Desde la firma del Acuerdo de Ginebra el 17 de febrero de 1966, considerado “un acuerdo para llegar a un acuerdo”, transcurrieron los cuatro años reglamentados para dar luz verde a las negociaciones, que se esperaba darían una solución final al diferendo.
Pero en junio de 1970, durante el primer gobierno de Rafael Caldera, lejos de concretarse una solución, se suscribe el Protocolo de Puerto España, que prorroga la discusiones por doce años.
“Desde allí no hemos avanzado más en la discusión”, dice Lee Blanco, señalando que Venezuela siempre ha tenido otras prioridades signadas por las crisis políticas, desde la independencia, crisis petroleras, económicas, y de toda índole, que la han hecho abandonar sus derechos soberanos sobre sus territorios, tanto con Colombia, como Brasil y por supuesto Guyana.
El mapa de Venezuela se desdibujó con riquezas incluidas. Aquel extenso territorio que abarcaba la Capitanía General de Venezuela, asumido por la naciente República en 1810, comprendía desde Cabo de la Vela en el occidente del país hasta el oriente del río Esequibo.
“Venezuela debió custodiar sus predios, debió poblarlos y asimilarlos, venezolanizar sus predios, pero no lo hizo. Ahora entonces necesitamos de buenos oficios diplomáticos, además de gente capaz, preparada, que la tenemos”, señala el académico.
El experto no ve en el horizonte una solución bélica, pero estima que esta vez puede haber una solución favorable a Venezuela.
Lee Blanco especula en ese futuro, y apunta que las concesiones otorgadas sobre recursos naturales, Venezuela podría convenir la continuidad, sería una excelente demostración de diplomacia. Pero no descarta que el Gobierno nacional puede desconocer los contratos, como podría pensarse con ExxonMobil.
Como quiera que sea, el especialista Lee Blanco considera que el Gobierno debe insistir en el finiquito a esta centenaria controversia, y hacer, finalmente, el mejor uso de un territorio que le pertenece por derecho.
Fuente Leer más en: http://www.elmundo.com.ve/noticias/actualidad/noticias/petroleo-y-recursos-mineros-abundan-en-zona-en-con.aspx#ixzz4rlDK0NoO
Jamaica ¿Próximo dolor de cabeza?
14/03/2015
Ambos países se disputan desde el siglo XIX la soberanía de la llamada Guayana Esequiba.
Guyana estudia demanda contra Venezuela en La Haya y abre nuevo frente para Maduro
Como si el desabastecimiento de productos básicos, su enfrentamiento cada vez más radical con la oposición y las sanciones impuestas por la Casa Blanca -por considerar a Venezuela una “amenaza a la seguridad nacional”- no fueran suficientes, el Presidente Nicolás Maduro podría sumar un nuevo frente de conflicto para su gobierno. La disputa que mantiene con la vecina Guyana por la exploración petrolera en una zona marítima que Caracas reclama como suya, amenaza ahora con llegar a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. A juicio de los analistas venezolanos, se trata de un escenario que “no le conviene para nada” al país.
Las tensiones entre Caracas y Georgetown se encendieron luego de que este mes la compañía petrolera estadounidense Exxon Mobil -con acuerdo del gobierno de Guyana- iniciara sus operaciones de extracción en aguas del campo Bloque Stabroek, que se encuentra en la cuenca entre Guyana y Surinam, reconocida por el Servicio Geológico de EE.UU. como la segunda mayor área del mundo con petróleo sin explorar. A través de un comunicado, la Cancillería de Guyana le exigió a Venezuela que “desista de interferir” en sus esfuerzos de exploración petrolífera.
La advertencia tuvo lugar después de que el Ministerio de RR.EE. de Venezuela expresara su oposición al envío de equipamiento para la exploración petrolífera en aguas que considera de su territorio. El gobierno de Maduro reiteró su protesta de que estos trabajos de exploración no le fueran informados previamente y denunció que se trató de una acción “unilateral” por parte de Guyana.
El problema es que el campo Bloque Stabroek se ubica en la llamada Guayana Esequiba, un territorio de más de 159.000 km2, que ambos países se disputan desde el siglo XIX. Producto de ello, también mantienen desde hace décadas sus diferencias por el límite exacto de la soberanía de sus aguas.
Georgetown sostiene que el laudo arbitral de París de 1899, que falló a favor de Reino Unido, que entonces controlaba Guyana, estableció las fronteras entre ambos países. Sin embargo, desde entonces Venezuela denunció irregularidades y logró en 1966 la firma del Acuerdo de Ginebra, que impide a Guyana ejecutar cualquier acción en el territorio mientras se dirime el diferendo. Así, el asunto fue referido al secretario general de la ONU para que explorara formas de encontrar una solución pacífica.
Al respecto, el diario venezolano El Universal asegura que el gobierno de Guyana tiene un “objetivo estratégico” sobre Venezuela: que la controversia con el país en materia territorial termine en los pasillos de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ). En efecto, Carolyn Rodrigues Birkett, ministra de Asuntos Exteriores de Guyana, dijo en diciembre que su gobierno estudia una solución judicial para resolver su disputa fronteriza con Venezuela y espera tomar una decisión definitiva en 2015. “Debemos buscar nuevas opciones”, afirmó la ministra tras referirse al lento proceso que encabeza Naciones Unidas en busca de una solución desde hace 20 años. Según Rodrigues Birkett, si Guyana decide emprender una acción judicial lo hará vía La Haya.
Si Guyana cumple con su advertencia de llevar su reclamo ante La Haya, El Universal advierte que allí Venezuela “tiene mucho que perder. “Arriesga no sólo soberanía, sino poderosos intereses pesqueros y energéticos en zonas donde el petróleo abunda”, asegura el periódico venezolano. Lo mismo piensa el analista internacional Emilio Figueredo, quien fuera embajador de Venezuela para la aplicación del Acuerdo de Ginebra de 1966, desde 1984 a 1996. Según Figueredo, a su país “no le conviene bajo ningún respeto ir a la CIJ”.
Para el ex embajador venezolano Sadio Garavini la situación se complica para Maduro. “La mala relación y la hostilidad que el gobierno de Venezuela ha tenido con Estados Unidos ha hecho que el gobierno norteamericano, a través de su encargado de Negocios en Guyana, haya manifestado que reconoce el derecho de ese país de explorar su plataforma continental y que darían apoyo a la Exxon en su exploración”, explicó al portal PanAm Post.
Fuente
Infografía | Petróleo y recursos mineros abundan en zona en conflicto con Guyana
“Fuimos muy eficientes ganando la independencia pero ineficientes para defender lo ganado”, dijo Carlos Lee Blanco, presidente de Coener
Petróleo (Créditos: Reuters)
15-06-2015 07:41:00 a.m. | Erika Hidalgo López.-
La Guayana Esequiba esconde, bajo lo que para los venezolanos es solo un pedazo de mapa con líneas punteadas, un enorme caudal de recursos mineros, hidrocarburíferos, hídricos, forestales, además de humanos y culturales.
Oro, manganeso, diamantes, bauxita, mica, uranio, agua dulce, petróleo, gas natural, hidroelectricidad, biodiversidad, sabanas y bosques, entre muchos otros recursos, se mantienen bajo controversia por los derechos de soberanía entre Georgetown y Caracas.
Tras el reavivamiento de la disputa de esa zona en reclamación, que data de la época colonial, se pone sobre el tapete, no solo el componente soberano, y los recursos naturales que se sabe existen, sino que ahora se incorpora el petróleo hallado en la plataforma marina, sujeta a reclamación.
No estaba clara la existencia de hidrocarburos en esos territorios, toda vez que por tratarse de un área en litigio, estaba prohibida la exploración prospectiva y cualquier tipo de actividad. Sin embargo, Guyana sigue ocupando y explotando, ya no tan silenciosamente, las riquezas del Esequibo.
La sola idea de que Exxon Mobil, la mayor petrolera del mundo, y crítica de la política petrolera aplicada por el Gobierno que lideró el fallecido ex presidente, Hugo Chávez, y heredada por la administración de Nicolás Maduro, haya anunciado en un comunicado internacional el hallazgo de crudo de alta calidad en el Bloque Starbock, le advierte que se trata de mucho más que soberanía.
El ingeniero y docente de la Universidad Metropolitana en política internacional y gerencia de operaciones, Carlos Lee Blanco, considera que el componente energético despertó interés en la zona costa afuera, y sostiene que muy posiblemente también en tierra firme pueda haber petróleo, porque se trata de estructuras geológicamente similares, que permiten inferirlo.
Existen incluso, cuenta Lee, estudios del Servicio de Geología de los Estados Unidos (2001), que arrojan resultados sorprendentes sobre los recursos mineros, petrolíferos y en general, de la cuenca de Guyana, al punto que el informe la considera la más rica de América Latina.
Allanado el camino con esta investigación, posterior a la firma de la concesión, otorgada por el Gobierno guyanés en 1999, ExxonMobil se atrevió a movilizar una de sus piezas más preciadas para explorar zonas marítimas: la costosísima plataforma Deep Water Champion, que le dio la certeza definitiva de que hay petróleo en el bloque que opera, e irá por más, estimó el especialista.
Cuestión de sobrevivencia
Carlos Lee Blanco, apasionado del tema y convencido de que Venezuela tiene la razón desde todo punto de vista, histórica y legalmente, señala ante las reacciones guyanesas, que incluso invocan la presencia de la ONU para dirimir el tema, que “ellos hacen simplemente lo que deben hacer. Ellos sienten esos territorios suyos”.
Aunque Guyana hace uso del territorio a su antojo, eso no ha sido obstáculo para que Venezuela y esa nación mantengan relaciones amistosas. Los guyaneses de hecho forman parte de las 17 naciones que conforman Petrocaribe, pacto energético del que reciben 43% de la energía que consumen.
Alega entonces que: “para los venezolanos la zona en reclamación no es más que un montón de líneas grises anexas al mapa de Venezuela y nada más”, dice Carlos Lee Blanco también presidente del Centro de Orientación de Energía (Coener).
Se trata de un desprendimiento psicológico del territorio que por generaciones se ha transmitido y reproducido. No hay nada en ese territorio que nos lo haga sentir nuestro, apunta.
“Qué significan esas rayas grises en el mapa, preguntas tu a un venezolano cualquiera, y te responde con simpleza, es la zona en reclamación. Pero nadie sabe que en ese vasto espacio de tierra, hay un grupo humano con su cultura, idioma, costumbres y economías, que de no haber sido por la inacción de los gobiernos venezolanos, sería un gran territorio asimilado a Venezuela, en toda su dimensión”, precisa Lee.
De esta realidad meridiana se alimentó Guyana a lo largo de la historia. Fue haciendo usufructo de los espacios territoriales, cada vez con menos vergüenza y sin tapujos, ante el silencio cómplice de Venezuela.
El punto, para el analista, es que ahora Guyana recrudece su expansión porque para esa nación se trata de un tema de sobrevivencia.
La Guyana Esequiba representa para ellos no solo su modus vivendi, sino que además, más del 60% de lo que es su verdadero espacio territorial.
La República Cooperativa de Guyana, ya no guarda las formas, dice Lee. Desde 1997 inició rondas licitatorias para la explotación de petróleo y gas, costa afuera y en tierra firme, sin embargo, es ahora que hay reacción de parte de Venezuela, ante el evidente despojo del que estamos siendo víctimas y espectadores, comenta.
Hechos cumplidos
Desde 1997 hasta 2005 Guyana otorgó siete concesiones para la exploración de petróleo y gas costa afuera y en tierra firme, a grandes transnacionales petroleras, entre ellas a Repsol, Shell, y ExxonMobil.
Sobre los asentamientos mineros auríferos, otorgados desde 2006, comenta que se trata de proyectos gigantescos, donde están comprometidos enormes capitales, y donde el gobierno guyanés ha dado permisos para la explotación a las empresas canadienses Sandspring, para operar el yacimiento, Toroparu, y a Guyana Goldfields, para operar Aurora y Aranka.
Con la empresa Guyana Goldfields Guyana firmó inicialmente un memorándum de entendimiento que permite a una subsidiaria de esa minera explotar la mina de oro Aurora, en las riberas del río Cuyuní, localizado en el territorio Esequibo en reclamación. La minera comprobó que la mina tiene un recurso de oro total de 6.540.000 onzas.
Este campamento del bloque Aranka se ubica al noreste de la mina Aurora y abarca más de 307.589 hectáreas. Las estimaciones de Guayana Golfields son de 275.550 de onzas de oro a cielo abierto y 2.030 onzas bajo la superficie.
Se desconoce si el Gobierno venezolano protestó estas adjudicaciones írritas por parte del gobierno guyanés, que afectan claramente al territorio en disputa centenaria.
¿Qué hacer?
No es posible lamentarse sobre la leche derramada. La mesa ahora está sirviéndose y Venezuela debe actuar, dice el experto. “La época del reduccionismo pasivo, como lo expone la geografa Isbelia Sequera, debe acabarse”, comentó el docente.
Desde la firma del Acuerdo de Ginebra el 17 de febrero de 1966, considerado “un acuerdo para llegar a un acuerdo”, transcurrieron los cuatro años reglamentados para dar luz verde a las negociaciones, que se esperaba darían una solución final al diferendo.
Pero en junio de 1970, durante el primer gobierno de Rafael Caldera, lejos de concretarse una solución, se suscribe el Protocolo de Puerto España, que prorroga la discusiones por doce años.
“Desde allí no hemos avanzado más en la discusión”, dice Lee Blanco, señalando que Venezuela siempre ha tenido otras prioridades signadas por las crisis políticas, desde la independencia, crisis petroleras, económicas, y de toda índole, que la han hecho abandonar sus derechos soberanos sobre sus territorios, tanto con Colombia, como Brasil y por supuesto Guyana.
El mapa de Venezuela se desdibujó con riquezas incluidas. Aquel extenso territorio que abarcaba la Capitanía General de Venezuela, asumido por la naciente República en 1810, comprendía desde Cabo de la Vela en el occidente del país hasta el oriente del río Esequibo.
“Venezuela debió custodiar sus predios, debió poblarlos y asimilarlos, venezolanizar sus predios, pero no lo hizo. Ahora entonces necesitamos de buenos oficios diplomáticos, además de gente capaz, preparada, que la tenemos”, señala el académico.
El experto no ve en el horizonte una solución bélica, pero estima que esta vez puede haber una solución favorable a Venezuela.
Lee Blanco especula en ese futuro, y apunta que las concesiones otorgadas sobre recursos naturales, Venezuela podría convenir la continuidad, sería una excelente demostración de diplomacia. Pero no descarta que el Gobierno nacional puede desconocer los contratos, como podría pensarse con ExxonMobil.
Como quiera que sea, el especialista Lee Blanco considera que el Gobierno debe insistir en el finiquito a esta centenaria controversia, y hacer, finalmente, el mejor uso de un territorio que le pertenece por derecho.
Fuente Leer más en: http://www.elmundo.com.ve/noticias/actualidad/noticias/petroleo-y-recursos-mineros-abundan-en-zona-en-con.aspx#ixzz4rlDK0NoO
Jamaica ¿Próximo dolor de cabeza?
Sábado, 21 de Marzo de 2015 06:16
HAROL.BUSH
Soy realista y no siempre pesimista pero observo señales de que Bogotá percibe que de nuevo nos va a ir mal y que Nicaragua se va a apropiar de una mayor proporción de nuestro mar. Pero las malas noticias no solo pueden provenir de Nicaragua.
Leyendo entre líneas, me alarma el reporte de inteligencia del DAS (divulgado años después de su formulación) no solo por lo aberrante y grotesco, y por a exhortar un crimen cultural al requerir que los isleños no tengamos nada que ver con ese país hermano con quien compartimos una identidad histórica, lingüística y cultural, sino que también me huele que existe una apreciación en ciertos círculos oficiales colombianos de pretensiones territoriales de Jamaica o el deseo de este país de reclamar lo que considera suyo.
La enorme preocupación del informe del extinto DAS con Jamaica esconde algo. Me asalta la duda de que percibió que Jamaica no está conforme con la delimitación de su frontera marítima con Colombia y con aspectos del área de régimen común sobre las zonas marítimas que comparten los dos países en el área comprendida entre Serranilla, Bajo Nuevo y la permanentemente sumergible Alice Shoal.
Jamaica puede ser el próximo dolor de cabeza porque puede eventualmente reclamar aguas territoriales. El tratado Sanín-Robertson de 1993 está debidamente ratificado y Jamaica reconoce soberanía colombiana sobre Serranilla y Bajo Nuevo, pero la zona de administración común alrededor de los mismos no figura como límite jurisdiccional entre los dos países, parece altamente desfavorable a Jamaica y figura como una zona que penetra por dentro de lo que parecen ser aguas naturales y patrimoniales de Jamaica.
Creo que hay nerviosismo oficial con respecto a Jamaica, y Colombia en efecto trata de limitar contactos raizales con los jamaiquinos para no atizar el fuego. Un ejemplo de esto es que hay muchos jamaiquinos en otras partes del país como profesores de inglés pero según fuentes muy fidedignas, se les tiene prohibido visitar las islas o establecer contactos con personas de las islas.
Colombia habla de su gran hermandad con Jamaica y de por si allí tiene su embajada mas importante en el Caribe por motivos estratégicos, pero es una hermandad de una sola dirección. Colombia provee cooperación en muchos frentes. Jamaica no nos otorga mucho. ¿Es esta una política deliberada de Colombia para mantener inocua y dormida nuestra identidad Caribe que tiene a Jamaica como el portaestandarte máximo de todo lo que hemos perdido en lo cultural y lingüístico?
Hay una representación diplomática jamaiquina en Bogotá que seguro conoce la situación de caos y genocidio cultural que hay en las islas, que ha ofrecido a colaborar en algunas cosas (gracias por la contribución al festival de cine), pero todo con bajo perfil, a pesar de que Jamaica ejerce un liderazgo cultural y lingüístico en el cada vez mas americanizado, globalizado y homogéneo Caribe insular.
A pesar de su debilidad económica y su perenne bancarrota, Jamaica es una nación orgullosa, es un poderío cultural, musical y deportivo y tiende a actuar muy por encima de su capacidad.
El segudo 'round' con Nicaragua
Esto de las aguas de las islas va para largo y no sabemos cuándo llegará a un punto de reposo. Por lo pronto volvamos a Nicaragua. Muchos nos hemos preguntado cual es el ángulo que ha tomado Colombia al presentar sus argumentos en La Haya en respuesta a las dos demandas de Nicaragua en relación a la decisión de la CIJ del 2012 y sus pretensiones territoriales centradas en coronar a través de decisiones de este órgano internacional.
Todo se ha manejado con muchísimo sigilo y, para sorpresa de nadie, la comunidad de las islas, no tiene la mas remota idea de lo que el gobierno nacional está haciendo o argumentando para defender lo que nos queda de mar, aunque el agente de Colombia, el eminente jurista Arrieta, ha dado señales de que tendrá cabida en los argumentos la situación de la reserva mundial de la biósfera Seaflower y los derechos ancestrales del pueblo raizal.
Ya era hora. Pero no sabemos qué tanta relevancia y peso le van a otorgar a esos dos aspectos. A mi personalmente me da pánico ver que de nuevo parte de nuestro futuro y nuestro mar se juega sin que nosotros podamos hacer algo o tengamos siquiera una voz en el proceso. De nuevo otros deciden por nosotros. Ya parecemos unos convidados de piedra. Parecemos inexistentes y nos toman como insignificantes.
¿Acaso no tenemos una voz? ¿Acaso no tenemos derecho a ser escuchados por la CIJ? AMED-SD y otros grupos sociales deberían ser escuchados en La Haya. Aunque no la comparto del todo, en esto veo con claridad la lógica del argumento de algunos sectores nativos que pintan a una Colombia ejerciendo control 'colonial' moderno sobre las islas.
La misma sentencia del 2012 arroja unas pistas de por dónde puede ir el argumento de Colombia y resulta lógico abarcar lo que ha señalado Arrieta. El primer punto es que la CIJ le pone una enorme relevancia a la soberanía de facto que Colombia ha ejercido sobre las islas y que de hecho le llevó a declarar las islas mayores y los cayos y bancos como parte de nuestro país.
La CIJ puntualiza que "for decades Colombia continuosly and consistently acted á titre de souverain in respect of the maritime features in dispute. The existence of sovereign authority was public and there is no evidence that it met with any protest from Nicaragua prior to 1969". Agrega tajantemente que "the evidence of Colombia’s acts of administration with respect to the islands is in contrast to the absence of any evidence of acts á titre de souverain on the part of Nicaragua. The facts thus provide very strong support for Colombia’s claim of sovereignty".
Resulta irónico entonces que la Corte haya omitido por completo el hecho de que también Colombia haya ejercido por muchísimos años soberanía de facto (á titre de souverain) sobre el área marítima que nos quitó y que hace parte integral de la historia y la vida económica de las islas, cayos y bajos que reconoció como parte de Colombia. También omitió el hecho de extrema importancia de que Nicaragua desde 1928 hasta 1979, al igual que hizo con las islas y cayos, reconoció a esas aguas como parte de Colombia y no presentó ninguna objeción a la soberanía colombiana.
Por más de cinco décadas Nicaragua reconoció el Meridiano 82 como la frontera marítima entre los dos países y resulta increíble que la CIJ haya ignorado este hecho. La misma Corte Internacional de Justicia le está diciendo a la comunidad internacional que está bien ignorar tratados firmados y obligaciones adquiridas cuando la coyuntura política e histórica nacional no conviene su observación o respeto.
La contradicción de los argumentos mismos de la Corte nos recuerda la gran debilidad de la defensa que Colombia montó al mando del ‘barón’ Londoño Paredes durante los gobiernos de Samper, Pastrana y Uribe. Su cerrado y secreto equipo no tuvo en cuenta hechos relevantes al abandonar la defensa del Meridiano 82 como punto no negociable, algo que para juristas eminentes fue un error bien grave e inexplicable. Se argumenta que en retrospectiva la CIJ hubiera otorgado peso teniendo en cuenta lo que acabo de señalar con respecto a la no objeción de Nicaragua por muchísimos años y por ende la aceptación tácita del Meridiano 82 como línea de frontera.
Por muchísimos años y mucho antes del primer reclamo de Nicaragua, la posición oficial colombiana era de que como dicha línea de frontera fue señalada y aceptada en forma bilateral en un canje de notas y no trazada mediante un tratado bilateral, resultaría débil de defender ante la CIJ, ignorando de esta manera hechos cumplidos que generan situaciones legales (á titre de souverain).
El abandono del Meridiano 82
Al abandonar el Meridiano 82 Colombia efectivamente capituló y otorgó vía libre a cualquier decisión que se le antojara a la CIJ, que en efecto vio a Colombia como un país medianamente rico y enorme de pretensiones territoriales injustas e injustificadas y que reclama aguas distantes que deberían pertenecer mas bien a un país pobre y más cercano a la zona en disputa, sin perjuicio de realidades históricas y explotación económica tradicional, algo de extrema relevancia en otros casos fallados por la misma CIJ (el más notorio siendo el de Qatar v Bahrain del 2001). ¿Hipocresía legal al máximo? Guste o no, la CIJ en efecto tiene en cuenta aspectos políticos y socio-económicos al llegar a una decisión. Esto es claro en el siguiente aspecto.
El segundo punto que quiero resaltar aquí es el concepto de equidad que introduce la CIJ al omitir por completo la tradicional línea media equidistante de delimitar fronteras marítimas, lo normal en el derecho del mar. Esto se facilitó en parte por la decisión de Colombia de prescindir del Meridiano 82. La línea media hubiera permitido que gran parte de nuestros mares se hubieran quedado como parte del archipiélago, pero la Corte corrió esa línea muy hacia el este para producir lo que ella misma llama un ’resultado equitativo’. Un argumento considerado por la misma CIJ fue correr la línea hacia el norte y hacia el sur, y esto hubiera protegido la integridad marítima del archipiélago (y era lo que esperaba el equipo de Colombia) pero la Corte dijo que esto le hubiera dejado a Nicaragua en desventaja y a Colombia con más aguas, teniendo en cuenta que la proporción de costas 'nicas' es mayor que la de Colombia proyectada desde sus islas,
cayos y bajos.
La Corte quiso darle una solución equitativa, la cual no necesariamente se apega al derecho del mar porque vulneró los derechos de una de las partes en relación a la proporción de mar correspondiente. Pero, peor aún, la 'decisión equitativa’ ha creado una injusticia para la comunidad de las islas porque les ha quitado la seguridad alimentaria y ha eliminado el territorio marítimo que por tres siglos la comunidad nativa de las islas ha considerado suyo y sobre el cual ha ejercido soberanía continua e ininterrumpida a través de sus actividades de pesca y comercio con Estados Unidos, las Islas Caimán, Jamaica, Panamá, la misma Nicaragua y con la Colombia continental. Eso era ejercer soberanía. Esto era crear hechos históricos y derechos con relevancia legal que fueron ignorados. El equipo de defensa pre-Santos no resaltó esto. Esperamos que el nuevo equipo lo tenga en cuenta.
Mas allá de la actual 'reservada' estrategia legal montada para defender nuestros intereses, la segunda parte de la estrategia del gobierno nacional post-La Haya es severamente criticada en las islas por su costosa improvisación, por no haber producido frutos concretos, por ser irrelevante en muchos casos y por favorecer a pocos sectores de la comunidad de las islas, esto luego de casi tres años de supuesta puesta en marcha.
¿Y San Andrés?
San Andrés sigue sumida en un caos. Es un paraíso para el turista pero un pequeño infierno para muchos que viven allí por la inseguridad, la falta de agua potable y servicios públicos decentes y asequibles, el hacinamiento y la falta de oportunidades. El desespero se apodera de muchos y por eso toman riesgos por el camino del tráfico de drogas. La fuga de talento es alarmante; algo que, tristemente, favorece la llegada de mas continentales.
Y muchos de los que se quedan no consiguen un trabajo decente. Es bien raro ver a isleños en puestos nacionales en Bogotá y las vacantes locales se tienden a llenar con gente mandada desde la capital. Ya han pedido la renuncia o han hecho la vida imposible a los pocos que hay. A Elizabeth Taylor y a William Bush les han pedido la renuncia. Sólo nos queda Sandra Howard y Gustavo Hooker.
En el frente local se ha esbozado un programa de 'desarrollo regional', aunque aún están haciendo estudios (sinónimo oficial aquí y en todos lados de dilatar, calmar temporalmente ánimos y a la larga de no hacer nada). Peor aún, no se ha consultado debidamente a la comunidad ancestral de las islas. Esto último es imperdonable y denota que sectores gubernamentales siguen ignorando la opinión de los locales nativos, los dueños históricos de las islas, cayos y mares circundantes. Nosotros como comunidad nativa existimos en las islas antes incluso de que Colombia fuera concebida como nación.
Aparte de las necesidades apremiantes que tienen las islas, la sensación que se tiene en sus calles y playas es de que si no se hace algo que realmente mejore sus condiciones y sobre todo la de su población nativa, es que si Nicaragua no pudo separar a las islas de Colombia, sería la misma Colombia quien estaría empujando a los isleños a querer formar parte de otro país o a buscar autonomía.
Independientemente de que ello sea factible o no desde una perspectiva legal o económica y aparte de los méritos de los mismos, el hecho es que las tendencias separatistas o autónomas se han incrementado considerablemente desde el 2013.
Existe una sensación de irrelevancia de Colombia. Se percibe que no defendió los intereses del archipiélago y sigue tratando con desdén a las islas y sobre todo a sus sectores nativos. De otro lado, sus anunciados paquetes para ayudar a las islas no arrancan. Por eso muchos se preguntan para qué les sirve Colombia a las islas. O viceversa.
Los de Bogotá no entienden realmente el enorme y doloroso vacío que la pérdida de nuestro mar nos ha traído y el sentimiento de resentemiento hacia Colombia que existe en sectores nativos, un sentimiento que aumenta a medida que la situación de las islas empeora en absolutamente todos los aspectos.
Mis abuelos y bisabuelos de las Islas Caimán y Jamaica surcaban esas aguas perdidas en busca de su sustento en la pesca. Ese mar perdido es nuestro puente con nuestra historia y nuestra identidad perdida; es parte de nuestro raison d'être. Bogotá no entiende esto. Allá todo se mira desde el prisma militar de control y centralización, lo cual niega rotundamente lo diferente y lo especial de las islas.
Este colaborador ha sido un aférrimo defensor de Colombia pero luego del fallo del 2012 quise renunciar a la ciudadanía colombiana debido al shock que me causó la pérdida de nuestro mar (desde luego siempre seguiré siendo isleño nativo) y al irrespeto y desdén que Londoño Paredes y Bogotá en general nos manifestó al no tenernos en cuenta en absoluto. Pensé que nuestra relación con Colombia ya no tenia sentido y había llegado a un punto de quiebra. No estaba solo. En las redes sociales vi que muchísimos nativos opinaban lo mismo.
No pude proceder porque la embajada de Colombia en Londres me dijo que debía entregar todo, incluida mi libreta militar, la cual no tengo la más remota idea de donde está. Pero recapacité del shock inicial y creo que es mejor seguir peleando por las islas siendo parte del sistema colombiano y porque me siento colombiano, un colombiano caribeño, nativo de la isla de Providencia. Quiero seguir siendo colombiano pero, como todos los nativos, quiero seguir siendo raizal/nativo y quiero recuperar lo que Colombia históricamente nos obligó a abandonar a través de políticas ilegales, inhumanas y deliberadas. Uno puede ser colombiano e isleño nativo a la vez. Un guambiano es guambiano y colombiano al mismo tiempo. ¿Porqué nosotros no podemos ser las dos cosas? ¿Porqué tratan de negarnos la esencia de nuestro ser?
Desde Londres, donde vivo, fui personalmente y pagando de mi propio bolsillo, a varias de las sesiones en La Haya previo a la decisión del 19 de noviembre del 2012 e intenté hablar con Londoño Paredes sobre las islas para tratar de decirle que tuviera en cuenta aspectos históricos y la comunidad nativa de las islas, de que en el fondo había una factor humano y una comunidad especial (porque los argumentos eran meramente legales), pero los funcionarios de la embajada colombiana en La Haya me lo impidieron.
Fueron muy rudos y displicentes conmigo. Me ignoraron. No les importó que alguien de las islas hubiera estado allí. En contraste, los oficiales de la CIJ fueron de lo más amables conmigo, les impresionó que alguien de Providencia estuviera allí y me facilitaron las cosas, incluso dejándome entrar al recinto cuando un día llegué tarde porque mi vuelo se había retrasado.
Jamaica aún no ha sacado su carta de la manga pero existe cierto nerviosismo de que puede generar problemas.
¿Y de Nicaragua qué? Percibo desespero. No esperaba que Colombia fuera a considerar inaplicable la decisión final de la CIJ (debidamente respaldada en una sentencia de nuestra propia corte de última instancia) y sus reacciones hostiles (con compra de armamento para mejorar su raquítico potencial militar) apuntan a que la estrategia de Santos los pone ansiosos. Colombia tiene mucho tiempo para hacer que su estrategia funcione. Pero al fin de cuentas el mar está perdido. La estrategia colombiana de prolongar y atrasar las cosas también busca que los isleños con el tiempo aceptemos la realidad.
Por otra parte el desespero de Nicaragua los llevará a querer negociar con Colombia. El tiempo es oro para ellos debido al canal. No lo es tanto para Colombia. Ortega tiene afincada el desarrollo del país y su legado en poder concluir ese canal. Si lo quiere sacar sin problemas internacionales tiene que negociar. Colombia tiene la ventaja y el ‘upper hand’, y además ya ha hecho aproximaciones a Managua para poder firmar un tratado bilateral que le reconozca derechos a los nativos de las islas sobre las aguas perdidas.
Predominaría algo similar al régimen común que tenemos con Jamaica. Hay mucho camino por recorrer tanto en lo legal e internacional con respecto a Jamaica y Nicaragua como en el frente local con respecto al debate sobre el futuro colombiano y/o autónomo de las islas y con respecto a los apremiantes problemas socio-culturales, lingüísticos y socio-económicos que hunden lentamente a las islas.
Última actualización ( Sábado, 21 de Marzo de 2015 11:31 )
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28 JUN 2015 - 9:00 PM
Epílogos y retos pendientes
No sólo con Venezuela, sino con Costa Rica y Nicaragua, está pendiente la delimitación de las fronteras marítimas con Colombia.
Por: Julio Londoño*
Epílogos y retos pendientes
El presidente Santos explicando el fallo emitido por la CIJ el 19 de noviembre de 2012. / AFP
En 1942, por primera vez, se concertó un tratado sobre delimitación de la plataforma continental entre dos Estados. Se hizo en el golfo de Paria entre Trinidad —en ese entonces colonia británica— y Venezuela: fue una verdadera novedad en el derecho internacional, pero no generó en su momento mayor interés, ya que el mundo estaba afrontando los avatares de la Segunda Guerra Mundial.
Años después, en 1954, el canciller de Venezuela propuso al embajador de Colombia en la ONU, Francisco Urrutia, la delimitación marítima entre los dos Estados en el golfo de Venezuela, mediante el trazado de una línea equidistante entre los islotes de Los Monjes y la península de La Guajira, hasta su intercepción con la línea que denominó “de prolongación de la dirección general de la frontera terrestre que termina en Castilletes”. Era la consecuencia de la absurda aceptación de Colombia de la soberanía venezolana sobre los islotes en la nota de 1952. El representante colombiano afirmó que a su juicio la delimitación debía hacerse mediante la línea media trazada entre las costas de los dos países.
Sin embargo, el Gobierno de Colombia, que no pensaba en ese entonces que pudieran establecerse líneas de delimitación en el mar: prefirió “pasar de agache” ante “tan exótica” propuesta.
A partir de 1969, durante las administraciones de Carlos Lleras Restrepo y de Misael Pastrana Borrero, se adelantaron las negociaciones entre los dos países, en las que después de casi cuatro décadas no se llegó a un acuerdo.
Cuando asumieron la presidencia de Colombia Alfonso López Michelsen y la de Venezuela Carlos Andrés Pérez, nuevamente se adelantaron negociaciones que culminaron en un proyecto de acuerdo que al ser descalificado por el partido Copei, que se preparaba para asumir el poder, no pudo concertarse.
En 1980, durante las presidencias de Turbay Ayala y de Herrera Campins, se llegó a la llamada “Hipótesis de Caraballeda”. Se establecía una delimitación que promediaba las posiciones de las partes siguiendo el paralelo geográfico de Castilletes; se cerraba conjuntamente el golfo y se establecían derechos de navegación y pesca para los buques de los dos países. Asimismo, se acordaba la explotación conjunta de los yacimientos petroleros existentes en el área litigiosa.
Adicionalmente, se llegó a un proyecto de acuerdo de suministro de petróleo de Venezuela a Colombia, mediante el cual el precio de venta del barril a nuestro país -en ese entonces importador- quedaría congelado durante varios años y la diferencia con el precio real pasaría a un fondo especial que serviría para financiar obras como el desarrollo fronterizo y la preservación de las cuencas hidrográficas comunes.
La actitud de algunos extremistas en Venezuela que casi precipitan el colapso de la democracia en ese país, frustró la firma del proyecto.
Posteriormente, los presidentes Barco y Carlos Andrés Pérez en 1990 acordaron emprender nuevas negociaciones. Desde ese entonces, hace 25 años, no se ha llegado a un acuerdo entre los dos países.
Aunque hasta tanto se llegue a un tratado debidamente aprobado, cada país sigue manteniendo su propia posición, esto no se puede traducir en que Venezuela, como lo acaba de hacer, con cualquier pretexto y modalidad, haya establecido mediante un decreto una zona marítima definida por una línea que sigue su posición extrema respecto a la delimitación con Colombia, en la que sus fuerzas armadas deben ejercer su soberanía y jurisdicción exclusivas.
Como el gobierno de Venezuela mantiene como política cualquier procedimiento de solución obligatoria de las controversias internacionales y Colombia últimamente ha seguido la misma conducta respecto a los asuntos relativos al establecimiento de límites internacionales, la única opción es la negociación directa. No es a base de buques y cohetes que se generan derechos, sino por las normas y los principios del derecho internacional.
Pero no es este el único reto que tiene el gobierno colombiano en cuanto a delimitaciones marítimas.
El 17 de marzo de 1977, durante el gobierno de Alfonso López, se concertó con Costa Rica un tratado sobre delimitación marítima en el Caribe, que implicaba el reconocimiento de la soberanía de Colombia sobre todas las islas y cayos del archipiélago y la generación de la totalidad de los espacios marítimos que les correspondían.
Nicaragua protestó considerando erróneamente que se estaban afectando sus intereses y emprendió una activa campaña con Costa Rica que iba desde la invocación de la “solidaridad centroamericana” contra Colombia, hasta la tácita amenaza del uso de la fuerza. Aunque el tratado fue aprobado por el Congreso colombiano, no sucedió así en la Asamblea de Costa Rica, no obstante las gestiones realizadas por todos los gobiernos de Colombia y, por lo tanto, el tratado nunca entró en vigor.
En su fallo en el caso entre Colombia y Nicaragua en 2012, la Corte Internacional de Justicia en forma absurda no dejó a salvo los derechos de Colombia en ese sector y el gobierno costarricense poco después solicitó al tribunal la delimitación marítima con Nicaragua en ese sector.
Colombia, por lo tanto, además necesariamente tendrá que negociar en su momento con Costa Rica y Panamá para definir el empalme de las jurisdicciones marítimas en el sector suroccidental del Caribe. El archipiélago de San Andrés, con todos sus componentes está al frente de las costas de Costa Rica y ese hecho geográfico no puede modificarse.
Entre agosto y septiembre de 2013 se presentaron ante la Corte Constitucional demandas -una de ellas del presidente Santos- de inconstitucionalidad de la Ley 37 de 1961, mediante la cual se aprobó el Pacto de Bogotá. Los demandantes consideraron que la ley aprobatoria del Pacto de Bogotá era inconstitucional, ya que en dicho instrumento se da a la Corte Internacional de Justicia competencia tácita para modificar los límites de Colombia en violación de lo dispuesto en el artículo 101 de la Constitución.
La Corte Constitucional, en un fallo de 2 de mayo de 2014, no aceptó ni las demandas de inconstitucionalidad de la ley aprobatoria del Pacto, ni la alegación de uno de los demandantes de que por efecto del “tránsito constitucional”, cuando fue promulgada la Constitución de 1991, el Pacto de Bogotá había debido ser denunciarse.
Tampoco señaló que la sentencia de la Corte Internacional de Justicia había modificado un límite marítimo entre Colombia y Nicaragua, pero decidió que como en “el estado de límites” existente en el momento del fallo de la CIJ se había variado, era indispensable que el límite establecido se incorporara al ordenamiento legal del colombiano mediante un tratado internacional.
La misma norma sería aplicable para cualquier eventual delimitación marítima futura, incluyendo la del golfo de Venezuela, ya que no están incorporadas en “el estado de límites” aludido.
Pero de aquí surgen otras obligaciones. Debe concertarse un tratado con Nicaragua que bien puede ser reproduciendo las partes pertinentes del fallo de 2012, modificar la línea establecida en el fallo o adicionando aspectos relativos a la pesca, la navegación y la preservación del medio marino, así como a la exploración y explotación de hidrocarburos. Eso último es lo que al parecer se propone el Gobierno colombiano.
Todas serán importantes tareas. Fuera de la primordial que el Gobierno tiene entre manos, como es la de las dos nuevas demandas de Nicaragua que se tramitan ante la Corte Internacional de Justicia, entre ellas el de la plataforma continental extendida, mediante la cual ese país pretende que la Corte le reconozca el límite marítimo que ya le negó en el fallo 19 de noviembre de 2012.
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Temas pendientes con nicaragua
Las fronteras marítimas entre Nicaragua y Colombia no han sido acordadas mediante un tratado, a pesar del fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en 2012, en el cual estableció esas fronteras. En la CIJ están en curso otras dos demandas presentadas por Managua. El 16 de septiembre de 2013, Nicaragua presentó una demanda en contra de Colombia en relación con, según la Corte, “una controversia concerniente a la delimitación entre, por un lado, la plataforma continental de Nicaragua más allá del límite de las 200 millas náuticas contadas desde las líneas de base, a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial de Nicaragua, y por el otro lado, la plataforma continental de Colombia”.
Hay una segunda demanda de Nicaragua en curso, presentada en 2013 y relativa a supuestas violaciones por parte de Colombia (que incluyen presuntas amenazas y uso de la fuerza) contra los derechos nicaragüenses sobre el área marítima que le fue concedida a Managua con el fallo de 2012. El plazo para que ambos estados presentaran memoria (Nicaragua) y contramemoria (Colombia) sobre este caso se cumplió el pasado 3 de junio.
*Excanciller de Colombia
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Es solo el Esequibo lo que debe discutirse? por María Teresa Belandria
Por María Teresa BelandriaFecha: 11/08/2015
Guyana
El tema de la reclamación del Esequibo y la defensa de los intereses permanentes en el territorio y la fachada atlántica, ha tomado fuerza y resonancia en la opinión pública. Quienes por años hemos defendido nuestra integridad territorial desde la academia celebramos que el estado se ocupe, aunque tarde y con torpeza de un asunto de vital importancia para la nación. Consultar a los expertos nacionales con amplia experiencia, es un avance, para salvar el escollo que supone una comunidad internacional favorable a Guyana y reencauzar la controversia al ámbito bilateral conforme a las previsiones del Acuerdo de Ginebra de 1966. Guyana, diariamente suma aliados, ya no solo el de Caricom y Cuba, que históricamente le han secundado, también la Commowealth y un importante número de países pertenecientes a los No Alineados. A nuestro país le corresponde, explicar adecuada y seriamente nuestros legítimos derechos y promover al mismo tiempo, que Guyana
se siente otra vez a la mesa de negociación.
Pero lejos de la diatriba que hoy ocupa titulares y portales en los medios oficiales, hay dos procesos de negociación y consecuentemente de delimitación de nuestro territorio, completamente abandonados, olvidados y silenciados. Por una parte, el diferendo de áreas marinas y submarinas al norte de Castilletes con la República de Colombia y por la otra, la delimitación con varias Islas del Caribe oriental, que se han negado sistemáticamente a reconocer la soberanía de Venezuela sobre Isla de Aves, a cuestionar el carácter de Isla y a desconocer el tratado de límites de nuestro país con Estados Unidos de Norteamérica por (Puerto Rico).
En el caso con Colombia, es mandatorio recordar que el 23 de marzo de 2009, el Comisionado Presidencial Dr. Francisco Javier Nieves-Croes, denunció mediante “Memorando de opinión disidente sobre la propuesta Gómez-Rondón de 2007 sobre la delimitación de áreas marinas y submarinas en el Golfo de Venezuela” http://images.eluniversal.com//2009/04/13/cartagolfo.pdf la existencia de un pre-acuerdo de delimitación al que había llegado el Presidente Hugo Chávez con su homologo Álvaro Uribe Vélez con el conocimiento reservado solo a una parte de los Comisionados y que constituía un retroceso en la posición oficial adoptada por la CONEG, que se fundamenta en la prolongación de la frontera terrestre de Venezuela.
Este documento fue desmentido por la Cancillería de entonces, y por el propio Presidente Chávez, y además originó la remoción de todos los Comisionados, incluyendo al Profesor Nieves-Croes. Desde esa fecha (2009) hasta hoy, se desconoce el trabajo de los Comisionados, los avances, las discusiones. De lo que si tenemos certeza es que la negada Hipótesis existió.
El pasado 27 de mayo de 2015, Venezuela dictó el Decreto 1787 que creó y activó las Zonas Operativas de Defensa Integral Marítima e Insular (ZODIMAIN), que fue anulado y modificado por el Decreto N°1859 del 06 de julio de 2015. Este instrumento de empleo militar, fue interpretado por Colombia, como una delimitación unilateral de las áreas marinas y submarinas y en consecuencia emitió el 17 de junio de 2015 una Nota formal de Protesta contra el mismo. En la nota, describen la “delimitación de las aguas del Golfo de Coquivacoa” para referirse a nuestro Golfo de Venezuela, que no está en discusión, pero a la vez piden devolver la controversia al marco de la CONEG.
En este contexto declaró el ex presidente Uribe el 21 de junio de 2015 “la Comisión Binacional (refiriéndose a la CONEG) encontró un preacuerdo al diferendo. La delegación venezolana expresó a nuestros delegados, que ese preacuerdo tenía el visto bueno del Presidente Hugo Chávez (q.e.p.d.).” Detalló que en una reunión con Chávez en el departamento colombiano de La Guajira (norte) “le entregué el bosquejo que recibí del doctor Pedro Gómez Barrero (integrante de la Comisión Binacional). El Presidente lo puso en su bolsillo. Guardó silencio. Nunca dijo algo“. http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/150621/uribe-maduro-tapa-crisis-de-venezuela-con-decreto-de-limites-maritimos . Lo dicho por el senador Uribe, confirma que si hubo negociaciones entre un grupo de los comisionados colombianos y venezolanos, a espaldas del resto y de que se llegó un pre-acuerdo que de no haber sido denunciado, pudo causar grave perjuicio a la
reclamación venezolana. Justo es entonces reivindicar la advertencia que realizó valientemente el estimado profesor Francisco Javier Nieves-Croes.
El gobierno ha decidido crear la Comisión Presidencial de Estado para la Garantía de la Integridad Territorial y Asuntos Limítrofes, y en ella pretenden agruparse todos los asuntos de delimitación pendientes. Craso error. Cada controversia requiere de especialistas diferentes y su tratamiento debe atender a la especificidad con cada país. Lo conducente para garantizar adecuadamente el interés nacional, es nombrar los Comisionados en la CONEG, rescatar el acervo normativo y del proceso de negociación que cuenta con más de 25 años de experticia y separarlo de la exposición mediática de la reclamación del Esequibo. Se impone la sensatez y el conocimiento, más allá de la diatriba electoral y partidista.
Por último, la opacidad o inexistencia de procesos de negociación con el Caribe son alarmantes. No se evidencia el interés en reafirmar nuestros derechos soberanos en Isla de Aves, frente a las pretensiones de desconocimiento que Saba y San Eustaquio; Guadalupe y Martinica cursan ante la ONU desde 2001. El último tratado de delimitación se suscribió en 1991 con Trinidad y Tobago, desde esa fecha al presente, el Caribe solo ha servido para ganar adeptos en Petrocaribe y sumar votos a través del CARICOM tanto en la OEA como en ONU. Las mas reciente gira del Vicepresidente no da muestras de haber impulsado este tema que al igual que con Colombia, sigue pendiente.
La integridad territorial de nuestra nación no es un asunto de propaganda o discursos altisonantes. Tampoco de privilegiar un tema-El Esequibo- porque hay una empresa petrolera que sirve para distraer al público de galería de lo esencial. El territorio es uno, su defensa, tarea de todos sin distingos. Retomar la senda de la solución pacífica de las controversias conforme al artículo 33 de la Carta de la ONU es lo sensato, lo apropiado y lo conducente. Probablemente la Asamblea General de la ONU a celebrarse en septiembre sirva de escenario para el encuentro con Guyana y preservar nuestros derechos.
En diplomacia, se actúa con prudencia, sin estridencias, con pocas declaraciones y si mucho trabajo de negociación lejos del escrutinio público que a veces lejos de ayudar, entorpece. Anunciar aliados coyunturales y que luego éstos desmientan a los voceros, nos coloca en posiciones vulnerables de cara a lo que será un largo, lento y complicado proceso de negociación. Por ello, más allá del fervor nacionalista que estos temas despiertan debemos actuar con firmeza, templanza, prudencia y valor. Venezuela es primero.
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Desde hace cinco siglos tratamos de delimitar nuestro territorio
Continúa la lucha por nuestras fronteras
Luis Alberto Matos
Versión para impresión
19/08/2013
“Las fronteras no son el este o el oeste, el norte o el sur, sino allí donde el hombre se enfrenta a un hecho”
Henry David Thoreau
Según los textos de geografía: “Venezuela está ubicada al norte de la América del Sur”. Tan privilegiada situación coloca a nuestra Patria en el centro del continente, con costas al Mar de las Antillas, sistemas montañosos a occidente y cuenca amazónica en el sur.
Un rico sistema ecogeográfico, de diversa altitud, aguas, pluviosidad, suelos y subsuelos, delimitado por más de 5.000 kilómetros de fronteras terrestes y más de 4.000 kilómetros de costas marinas, que nos separan y nos acercan a 14 naciones amigas.
Compartimos límites territoriales terrestres con Colombia, Brasil y Guyana, y tenemos fronteras marítimas con Estados Unidos: en Puerto Rico e Islas Vírgenes, los Países Bajos: en Aruba, Curazao, Bonaire, Saba y San Eustaquio, el Reino Unido: en Montserrat, Francia: en Martinica y Guadalupe, República Dominicana, Trinidad y Tobago, San Cristóbal y Nieves, Dominica, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Granada.
Límite y frontera no son sinónimos
Los territorios nacionales, de todos los países del mundo, están delimitados y separados por fronteras. En determinado momento, de sus respectivas historias, fueron muy imprecisas y se consideraban como el límite hasta donde llegaban los pueblos en sus asentamientos y recorridos.
Esta indefinición nos obliga a recordar la diferencia entre Límite y Frontera. En términos aceptados por la Real Academia de la Lengua Española, la historia y las leyes nos explican que el límite es una línea que fija territorios, superficies y extensiones; y se utiliza para dividir y separar Estados.
La frontera no es esa línea trazada por gobiernos y técnicos, ni divide Estados. La frontera separa pueblos y no está hecha por ninguna Ley. Es un componente espacial, geográfico y bidimensional, fijado por el nivel de penetración de una cultura nacional sobre otra.
Desde 1535 hasta 1810
La historia de las fronteras venezolanas comienza el mismo día cuando a nuestra Patria la bautizaron como Venezuela. Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, en 1535 -en su “Historia General y Natural de las Indias”- señala que a los primeros descubridores de Venezuela se les asignó “el terreno desde Maracapana hasta el Cabo de la Vela”.
Y esta delimitación, ya erigida Venezuela en Provincia, fueron los límites impuestos a los Welsers ó Belzares, aquellos banqueros alemanes a quienes Carlos V les arrendó nuestra tierra, desde 1528 hasta 1556, apareciendo tales fronteras en sus “Capitulaciones Reales”. A cambio de promesas incumplidas, los Welsers disfrutaron el uso y abuso de nuestros espacios.
El intento de definir nuestras fronteras se remonta a cuando ambos éramos colonias de España. Al ser separada la Capitanía General de Venezuela del Virreinato de la Nueva Granada, según Real Cédula del 8 de septiembre de 1777, la definición de sus linderos se hizo de forma imprecisa, tan sólo asignando a una u otra las diferentes provincias que las componían.
Históricamente, los problemas limítrofes suelen incluir motivaciones económicas; riquezas naturales que alientan aventureros o espacios con agricultura, cría o pesca, que propician inmigraciones. Ríohacha era de Maracaibo, por lógica del pueblo goajiro, hasta finales del Siglo XVIII cuando es sus costas descubrieron abundancia de perlas. De inmediato la disputa entre Venezuela y la Nueva Granada.
Para dirimirla, la Real Cédula del 13 de agosto de 1790 ordena: “Segregar de la provincia de Ríohacha el establecimiento de Sinamaica y agregarlo a la provincia de Maracaibo en la Capitanía General de Venezuela”. Fué el primer conflicto fronterizo entre Colombia y Venezuela motivado por las riquezas de la Guajira.
En su obra de 30 tomos: “Viaje a las Regiones Equinocciales del Nuevo Continente”, Alexander Von Humbolt fija los límites orientales de la Nueva Granada en el río Calancala y los límites occidentales de Maracaibo en Punta Espada.
Al “país intermedio” lo denomina “provincia Goajira’, y afirma que no pertenecía a ninguno de los dos gobiernos limítrofes. El concepto nación y pueblo priva, según el sabio alemán, sobre límites impuesto por reinados y gobiernos.
Desde Páez hasta Lusinchi
Desde 1832, consagrada la disolución de la Gran Colombia, los gobiernos de cada país se impusieron la tarea de fijar las fronteras.
Conocidos son los intentos del General José Antonio Páez cuando envía a Santos Michelena con esa misión. Pero su documento, redactado con Lino de Combo y aprobado por el General Francisco de Paula Santander, es rechazado por Páez al considerarlo lesivo a los intereses de la nación.
Igual sucede con el acuerdo entre el General colombiano Joaquín Acosta y el Ministro Plenipotenciario Fermín Toro, en 1846, rechazado por el Presidente General Carlos Soublette, por considerar indigno de nuestra soberanía que: “tal diferendo deba ser sometido a algún arbitraje extranjero”.
En 1881, el General Antonio Guzmán Blanco aprueba la propuesta colombiana de consultar a la Corona de España. Les responden diez años más tarde, en 1891, con el Laudo Arbitral de la Reina María Cristina. Pero tal demarcación contenía graves errores, tanto en ubicación de puntos, indefinición de términos y definición de territorios que no pertenecían a ninguno de los dos países.
Nos imponen entonces el Laudo Suizo que, en 1922 y sin la presencia de ningún venezolano, basados en el Laudo de la Corona Española y en una Comisión Fronteriza Bilateral dirigida por “expertos suizos”, fija límites tan perjudiciales para nuestra Patria que el General Juan Vicente Gómez evadió su aceptación y el General Eleazar López Contreras lo firmó, en 1941, cuando apenas le quedaban cuatro semanas de gobierno.
Ese trágico día perdimos 108.000 kilómetros cuadrados. La riqueza de nuestros hidrocarburos repetía los hechos de Ríohacha. El petróleo y el gas, como antes las perlas, fijaban límites diferentes a la verdadera frontera.
Los hechos posteriores son más conocidos: Archipiélago Los Monjes en 1952, reconocido por Colombia 40 años después; Castilletes en 1960, donde el gobierno colombiano otorgó una concesión para la explotación petrolera en aguas territoriales nuestras, rechazada por el gobierno venezolano; el Golfo de Venezuela, en 1980, donde la “Hipótesis de Caraballeda” generó fuertes protestas, y la Corbeta Caldas, en 1987, al ingresar en nuestras aguas territoriales, provocando una fuerte movilización de nuestras fuerzas armadas.
Nos quitaron más de 260.000 km2
Con Brasil la definición de las fronteras data de 1826. La Gran Colombia intentó negociarlas, porque los portugueses rebasaron la línea estipulada en el Tratado de 1777 para quitarnos las tierras del Río Negro.
Brasil, ya independizado, no reconocía el “Uti Possidetis Juris”, figura legal que otorga la propiedad según las Leyes. Sólo aprobaba el “Uti Possidetis Facti”, legitimando el avance territorial por la fuerza de los hechos.
Entre 1844 y 1852, tres tratados, sobre relaciones con Brasil, fueron sometidos a consideración del Congreso venezolano: uno de amistad, otro de navegación fluvial y un tercer acuerdo sobre extradición de reos prófugos. El gobierno brasileño declaró que no estaba dispuesto a ratificarlos si no era aprobado uno sobre límites, según su delimitación.
El 5 de mayo de 1859 se firmó el “Tratado de Límites y Navegación Fluvial”, donde se establecieron las fronteras actuales entre Venezuela y Brasil, según las cuencas de los grandes ríos. Por Venezuela: Esequibo, Cuyuní y Caroní; y por Brasil: el Branco y sus afluentes.
Nuestra frontera con Guyana no se corresponde ni con los hechos históricos, ni con la ocupación de los pueblos, ni con el derecho internacional. Los límites territoriales, desde la Colonia, fijan al Río Esequibo como costa y cuenca venezolana. Hasta 1850, Gran Bretaña lo reconocía pero, en 1887, indujo la penetración de colonos buscando nuestros yacimientos auríferos.
En 1899 en París, un Laudo Arbitral, donde Venezuela estuvo representada por dos estadounidenses, despojó a Venezuela de 159.542 kilómetros cuadrados de territorio. En 1962, el gobierno venezolano introdujo una reclamación ante la Organización de las Naciones Unidas. En 1966, firmaron el Acuerdo de Ginebra que estableció a Guyana como beneficiaria de esa ursurpación británica.
En 1970, el Protocolo de Puerto España congeló las negociaciones por doce años. En 1984, el caso pasó a manos del Secretario General de las Naciones Unidas.
En el Siglo XX, en dos documentos, nos despojaron de más 260.000 kilómetros cuadrados. La ONU reconoce 247 naciones. 169 de ellas, más de las dos terceras partes, poseen menos de esa superficie.
Fronteras marítimas
Venezuela siempre ha tratado de delimitar sus fronteras marítimas de mutuo acuerdo con los países vecinos, sin necesidad de acudir a instancias jurídicas internacionales.
Sin embargo, hay tres sitios donde aún no se han precisado tales límites: el Golfo de Venezuela, por desacuerdos con Colombia sobre el método a utilizar para delimitar aguas; la Isla de Aves, donde algunos estados anglosajones aún cuestionan nuestra soberanía; y Guyana, donde las aguas marinas y sub-marinas no pueden delimitarse sin antes resolver el diferendo sobre la Guayana Esequiba, y su correspondiente mar patrimonial.
Nicolás Maduro: “poner orden”
Nuestras fronteras delimitan territorios que pueden ser comunes para nuestros respectivos pueblos. Conscientes de tal hecho, los Presidentes Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos, el 22 de julio en Puerto Ayacucho, establecieron una Agenda Bilateral que normalice nuestras relaciones.
Uno de sus primeros pasos fue la instalación de la Aduana Principal de El Amparo, en Guasdualito, para “impulsar el comercio bilateral y combatir el millonario contrabando en la frontera.”
Reunido con la Canciller colombiana, María Angela Holguín, nuestro Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Elías Jaua, enfatizó: “Hay capos del contrabando de gasolina, de alimentos, de cemento.” “Vamos a ir, ambos gobiernos, al centro neurálgico del contrabando”. “Los sectores de la ultraderecha colombiana y venezolana ven con muy malos ojos estas iniciativas de trabajo conjunto”. “Siempre que exista respeto mutuo de las decisiones internas, vamos a seguir trabajando juntos para el bienestar de nuestros pueblos; más allá de las intenciones de quienes quieren ver a Colombia y Venezuela en una guerra."
En paralelo, se reunieron los Ministros de Economía: Mauricio Cárdenas de Colombia, y Nelson Merentes de Venezuela, para complementar el combate a los tráficos ilegales fronterizos.
El Ministro Cárdenas declaró que: “Hay muchos productos colombianos que podrían llegar a los supermercados de Venezuela.” “Para ese intercambio no tenemos que recurrir exclusivamente al dólar; podemos utilizar nuestras propias monedas”; “Podríamos cobrar en Bolívares.”
Nuestro Presidente Nicolás Maduro solicitó a la Asamblea Nacional retomar la discusión de la Ley de Fronteras, y anunció la creación de un Estado Mayor Cívico Militar Fronterizo, a la orden del Mayor General Wilmer Barrientos, para resguardar la zona y enfrentar las irregularidades.
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Soberanía
El Esequibo ya no es tuyo
En la práctica, Guyana está en control. A tal punto que pretende derechos sobre aguas en disputa, zonas marítimas venezolanas y celebra el hallazgo de petróleo en sociedad con Exxon. Por Oscar Medina
EL UNIVERSAL
domingo 24 de mayo de 2015 08:20 AM
La gente de ExxonMobil está entusiasmada. Y con toda razón: en su primera perforación encontraron lo que andaban buscando. El 5 de marzo iniciaron labores en aguas "a 120 millas de Guyana" y el 20 de mayo anunciaron que sí, que allá abajo hay petróleo y que en los próximos meses podrán determinar con precisión el potencial de esa concesión bautizada "Bloque Stabroek".
Los guyaneses también tienen motivos para celebrar. Son socios en esa futura explotación (estiman un par de años para empezar a ver los frutos) en la que participan Esso Exploration and Production Guyana Ltd (filial de ExxonMobil con 45%), Hess Guyana Exploration Limited (30%) y CNOOC Nexen Petroleum Guyana Limited (25%).
El negocio es, claro, asunto de Estado: no por nada el ahora ex presidente guyanés, Donald Ramotar, visitó en abril el Deepwater Champion, el barco-plataforma de Exxon que opera en los 26.800 kilómetros cuadrados del área entregada. Y el nuevo presidente, David Granger, también hizo el viaje hasta la plataforma esta misma semana para celebrar el hallazgo y agradecer a la tripulación por ayudar a su país a sumarse a la lista de los productores de petróleo: "Me alegro de que hayamos abierto la puerta".
La información de la agencia oficial de Guyana señala que el Bloque Stabroek se ubica en aguas de ese país. Pero en realidad, el Stabroek prácticamente comparte el espacio marítimo de la zona en reclamación -es decir, el Esequibo- y del vecino con el cual sostiene la vieja disputa territorial: es decir, Venezuela.
Otro bloque en concesión, el Roraima Anadarko, está mucho más acá: casi en la frontera marítima entre Venezuela y Trinidad.
Aquí vamos
La precisión geográfica dispara interrogantes: ¿cómo es que Guyana asume y otorga derechos de explotación en una zona marítima en disputa y en otra que es claramente ajena? ¿Cómo llegó ese barco de Exxon hasta allí? ¿Qué ha dicho o hecho Venezuela al respecto? ¿De quién es ese petróleo? ¿Ya se resolvió la discusión sobre el Esequibo o qué?
Guyana informó en 2010 que había entregado tres bloques en concesión y entre quienes se interesan por el tema del Esequibo hubo alarma: "Vimos que las que están hacia el Oeste del río Esequibo, una está dentro de aguas de la zona en reclamación y la otra en aguas que son la salida natural de Venezuela hacia el Atlántico", explica la profesora universitaria y experta en el tema, María Teresa Belandria.
Después Guyana intentó dar un paso importante: solicitó una extensión de su plataforma continental ante la Comisión de Límites de Plataforma Continental de las Naciones Unidas.
"Ese es el primer acto jurídicamente hostil en contra de Venezuela, porque los demás eran actos económicos o declaraciones de cancilleres diciendo que no había nada que delimitar", explica Belandría: "Pero esa solicitud es un acto jurídico mediante el cual Guyana le dice a la ONU que pretende extender su plataforma continental y le dice también que sobre la zona en la que se quieren extender no hay disputa alguna".
El Gobierno venezolano reaccionó y pidió a la ONU que no se le concediera tal cosa a Guyana: "En el derecho del mar hay varias mediciones: el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma continental, que es la parte del territorio que se introduce en el mar. La plataforma continental extendida le permitiría a Guyana hacer una exploración y explotación de petróleo muchísimo más amplia. No habría problema si la extienden hacia el Noreste, porque esas son aguas de su jurisdicción. Pero la quieren hacer hacia el Noroeste, con lo cual cierran completamente la salida de Venezuela al Atlántico e incluso, la línea exterior de la plataforma extendida llegaría a violar el tratado de límites entre Venezuela y Trinidad. Es un asunto bastante serio".
"Guyana ha reactivado su solicitud a la ONU de ampliar la plataforma continental de 200 a 350 millas, incluyendo no sólo la fachada atlántica que proyecta la zona en reclamación del Esequibo, sino la del estado venezolano Delta Amacuro, cercenándonos, potencialmente, centenares de miles de kilómetros cuadrados de áreas marinas y submarinas, ricas en hidrocarburos y pesca, privando además a Venezuela de su salida libre al Atlántico", complementa la explicación el embajador Sadio Garavini di Turno.
Que la pretensión se congelara en la ONU no impidió a Guyana seguir adelante. En 2013 la armada venezolana "enganchó" al Teknik Perdana, un buque de exploración que entró en aguas de la zona económica del país. Pero en noviembre de 2014 el barco Prospector ingresó en el área venezolana "autorizado" por Guyana para realizar exploraciones sísmicas y la Armada Bolivariana -tal como se explica en una carta de María Corina Machado dirigida al Almirante Jairo Avendaño Quintero- no hizo nada al respecto. En esa carta Machado asegura que la orden de no actuar provino del Ejecutivo.
Después de la incursión del Prospector hubo más: "El 22 de diciembre pasado la canciller Carolyn Rodrigues-Birkett, declaró que Guyana se cansó del mecanismo de los buenos oficios y que nos van a llevar a la Corte Internacional de Justicia", recuerda Belandria. Y en marzo de este año se instaló en el lugar el barco plataforma Deepwater Champion que, como ya sabemos, encontró el petróleo que Guyana celebra.
Mirar a otro lado
¿Y qué se hizo desde aquí? Belandria lo explica: "El Gobierno venezolano no protesto ni dijo nada, sino que se dirigió a la Exxon. Pero la controversia es entre dos Estados, no entre Venezuela y una compañía petrolera que está haciendo exploración autorizada por otro. El Ejecutivo debería elevar su protesta ante la República Cooperativa de Guyana y no ante una empresa que actúa autorizada por Guyana".
La posición del presidente del Parlatino, Ángel Rodríguez, concentra la esencia de la posición oficialista sobre el tema: ExxonMobil tiene una estrategia para sabotear las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos que consiste en "provocar" una reacción armada por parte del presidente Nicolás Maduro que empujaría a una guerra con intervención estadounidense.
El análisis del diputado, sin embargo, deja por fuera un elemento: Guyana negoció con Exxon y le autorizó a instalarse en esas aguas.
Mientras no se logre un arreglo sobre el territorio en disputa -según explica Garavini, el Acuerdo de Ginebra (1966) dejó en manos de Guyana la administración de la zona, pero al mismo tiempo: "Basándose en el artículo V del Acuerdo, todos los gobiernos venezolanos desde 1966, se habían opuesto a que Guyana otorgara unilateralmente concesiones y contratos en la zona en reclamación".
En marzo y abril del año 2000 el propio Hugo Chávez se opuso a la intención de Guyana de otorgar una concesión a la empresa Beal Aerospace para construir una plataforma de lanzamiento de satélites en el Esequibo. Pero luego todo cambió: "En marzo del 2004 el Presidente Chávez declaró que Venezuela no se oponía a que Guyana otorgara concesiones y contratos a multinacionales en el Esequibo, si esto favorecía el desarrollo de la región", apuntó Garavini: "Con lo cual acabó con casi 40 años de diplomacia venezolana y entregó unilateralmente y, a cambio de nada, una de nuestras pocas armas de negociación. Desde entonces, Guyana tiene una poderosa razón más para no negociar".
"Guyana no frena en sus apetencias territoriales ante el silencio", señala: "La única acción formal, jurídica, de la cancillería fue la de 2011. Todo lo demás ha sido notas de prensa, no notas de protesta. Y en el derecho internacional se construye un expediente jurídico por la vía de las notas de protesta".
¿Qué explica esta actitud? El diputado y director del Centro Popular de Formación Ciudadana, Cipriano Heredia, propone una aproximación: "Pareciera ser que la razón de todo esto está en un consejo recibido de Cuba, que siempre ha sido aliado de Guyana, y además en un deseo de hacerse con el respaldo de la comunidad del Caribe. Hoy nuestra posición es muy comprometida: Guyana tiene toda la intención de hacer valer sus aspiraciones por la vía de los hechos y nosotros estamos retrocediendo".
Heredia hace un señalamiento concreto: "La posición del Gobierno de Venezuela frente a este asunto es entreguista y configura el delito de traición a la patria. El Gobierno se hace el loco ante lo que viene haciendo Guyana".
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Delimitaciones pendientes y las Zodimain
ISAÍAS ANTONIO MÁRQUEZ DÍAZ | EL UNIVERSAL
jueves 11 de junio de 2015 12:00 AM
Ante la promulgación del decreto N 1 787 publicado en G O N 40 669 del 27/5, referente a la creación y activación de las cuatro Zonas Operativas de Defensa Integral Marítima e Insular (Zodimain): Atlántica, Oriental, Central y Occidental, con jurisdicción expresa, a objeto de relevar nuestros espacios acuáticos e insulares, la nación, a través de cancillería, debiera abocarse, ya, así como a la recuperación del territorio Esequibo, a la delimitación de Áreas Marinas y Submarinas pendientes o postergadas en el Caribe Oriental, con las islas: Grenada, Anguila, Antigua, Barbuda, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucia, Dominica ( a partir de ésta, hemos delimitado espacios marítimos con al menos cuatro países: Reino de los Países Bajos (1978) Estados Unidos, Francia (1980), República Dominicana y Trinidad-Tobago (1990), Barbados, Montserrat y St. Kitts-Nevis; Todas del Reino Unido y en el Caribe occidental: con la República de
Colombia, vidriosa, en virtud del golfo de Venezuela, el cual es nuestro, íntegramente, en sus aguas y en sus costas. También, en el Atlántico, con Guyana, cuyo litoral de la "Zona en Reclamación" de unos 460 km incluidos, totalmente, entre las Zodimain. Según el IGVSB, sólo hay un 64% del total a delimitar, de 875.000 km cuadrados. Igual Prioridad la delimitación con Dominica, por sus ínfulas sobre isla de Aves, depósito de gas metano (libre) e hidrometano y quizá por hallarse al centro oriente del mar Caribe, sobre la cual no posee derecho alguno, pues las separan unas 117mn más su plataforma submarina asociada, con área de unos 160 km cuadrados (Cervigón, 1995). Menos aún, estructura geológica sumergida que las una. Además, isla de Aves es la punta inmersa de la formación isla de Aves, serranía de unos 500 km de largo, que se expande paralela al arco insular de las Antillas menores de barlovento y divide la fosa de Venezuela de la
de Grenada (Pdvsa, 1978).
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Guyana y sus pretensiones
MANUEL DONÍS
11 DE MARZO 2015 - 12:01 AM
El Gobierno de la República de Guyana ha decidido dar otro paso en firme en su política de ejercer su soberanía en los espacios marítimos de la Zona que reclama Venezuela desde 1966 en virtud del Acuerdo de Ginebra: La Exxon Mobil y su subsidiaria Esso Exploration and Production Guyana Limited iniciarán para Guyana actividades exploratorias en busca de petróleo en el bloque denominado Bloque Stabroek, en la Zona en Reclamación. No se notificó al Gobierno venezolano previamente, tal como está contemplado en el Acuerdo de Ginebra.
Recordamos que Guyana en 1999 otorgó de manera unilateral tres concesiones a compañías petroleras internacionales en áreas marinas y submarinas correspondientes a la Zona en Reclamación y al delta Amacuro. Venezuela protestó y advirtió al vecino: “Ningún acto o actividad que se lleve a cabo mientras se halle en vigencia este Acuerdo [de Ginebra] constituirá fundamento para hacer valer, apoyar o negar una reclamación de soberanía nacional en los Territorios de Venezuela o la Guayana Británica”, a no ser de que sean el resultado de algún convenio logrado por la Comisión Mixta [inexistente para la fecha] y aceptado por escrito por ambos gobiernos (Art. V del Acuerdo de Ginebra).
Igual de grave fue que Guyana decidió colocar como límite occidental de dos de esos otorgamientos -Exxon y Century- la delimitación alcanzada en el Tratado de Delimitación de Áreas Marinas y Submarinas firmado entre Venezuela y la República de Trinidad & Tobago de fecha 18 de abril de 1990. Con esta acción colocó una barrera a Venezuela, negándole su derecho legítimo a la prolongación marítima del estado Delta Amacuro y su plataforma continental producto de los sedimentos arrastrados por el Orinoco.
Un acto hostil que obedeció a la política iniciada por Guyana desde 1990 al conocer el Tratado de Delimitación de Áreas Marinas y Submarinas firmado entre Venezuela y la República de Trinidad & Tobago, que nos aseguró una salida libre al océano Atlántico. Desde entonces nuestro vecino orriental ha buscado negociar por separado con Trinidad & Tobago; y con Barbados, pero no con Venezuela ¿Acaso con la pretensión de llevar a nuestro país a la Corte Internacional de Justicia a través de los mecanismos previstos en la Convención sobre el Derecho del Mar? Recordemos que Venezuela no firmó dicho documento porque lesionaba sus intereses en Los Monjes e Isla de Aves.
La Convención entró en vigor el 16 de noviembre de 1994, pero no impuso criterio alguno para la delimitación de Mar Territorial, Plataforma Continental o Zona Económica Exclusiva entre Estados adyacentes. Venezuela, además, mantuvo y ha sostenido de manera invariable el criterio de que la delimitación de los espacios marinos y submarinos debe resolverse por acuerdo entre las partes.
Ejercemos la jurisdicción y soberanía sobre las Áreas Marinas y Submarinas en el litoral del estado Delta Amacuro, correspondiéndole a la Armada Nacional Bolivariana la honrosa tarea. Pero en marzo de 2004 el presidente Hugo Chávez Frías declaró que nuestro país no se oponía a que Guyana otorgara de manera unilateral concesiones y contratos a compañías multinacionales siempre y cuando esto favoreciera el desarrollo de la región.
A partir de entonces Guyana decidió radicalizar su posición. Y Venezuela, “a cambio de nada”, como expresó recientemente el ex embajador en Guyana, Sadio Garavini, perdió “una de nuestras pocas armas de negociación” y “Guyana tiene una poderosa razón más para no negociar”.
En septiembre de 2011 la canciller de Guyana, Carolyn Rodrigues-Birkett, anunció que su país solicitaría a la ONU extender su Plataforma Continental en 150 millas náuticas desde las 200 del límite de la Zona Económica Exclusiva. Dijo haber conversado con Barbados, Suriname, Trinidad & Tobago, pero no con Venezuela. Trinidad y Barbados no son países limítrofes con Guyana.
El Gobierno venezolano protestó y manifestó su preocupación porque su homólogo guyanés no informó previamente de la acción ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la ONU. Al día siguiente Guyana respondió y desmintió a la Cancillería venezolana -entonces el canciller era Nicolás Maduro- señalando que sí había informado de dicha solicitud en mayo de 2009 a la Embajada de Venezuela en Guyana. Se conoció que el Embajador venezolano en Georgetown había informado de inmediato a Caracas pero la Cancillería, luego de dos años, desconocía la Nota diplomática.
Pero Venezuela no protestó otro asunto importante que puntualizó Guyana en el documento de 2011: “no hay disputas en la región correspondientes a esta presentación, relativa a los límites exteriores de la plataforma continental” ¿Cómo que no hay disputas? Guyana desconocía la existencia de nuestra Reclamación y la existencia del Acuerdo de Ginebra.
El Tema sobre la Reclamación del Esequibo se puso de nuevo sobre el tapete en 2013 a raíz de la detención de la embarcación Teknik Perdama en aguas de la Zona Económica Exclusiva venezolana por la fragata Yekuana de la Armada Nacional Bolivariana.
El Teknik Perdama es un barco de exploración petrolera con bandera panameña, operado por la compañía estadounidense Anadarkp Petroleum. El ministro de Ambiente de Guyana, Robert Persaud, confirmó que las transnacionales Esso y Anadarko “están participando activamente” en labores de exploración petrolera en el área marítima guyanesa. Según GINA [la Agencia Estatal guyanesa de Noticias] una de estas Compañías “está a punto de tomar una decisión sobre la movilización de un equipo de perforación” para comenzar estas labores.
El Gobierno venezolano exigió explicación a su homólogo guyanés por la violación de nuestro espacio marítimo y “expresó su profunda preocupación por la manera en que embarcaciones extranjeras autorizadas por el Gobierno de Guyana irrumpen, sin la debida autorización, en el mar territorial y zona exclusiva de Venezuela”.
El 2 de junio de 2013 la canciller guyanesa manifestó que su gobierno reiteraría al margen de la Asamblea General de la OEA en Asunción, Paraguay, su petición a Venezuela para iniciar negociaciones sobre “una disputa en la frontera marítima que comparten”. Nos preguntamos: ¿Dejando de lado el territorio en Reclamación, pendiente de solución a la fecha, como es esto posible?
Y en diciembre de 2014 Guyana planteó llevar el caso del Esequibo a la Corte Internacional de Justicia. Rodrigues Birkett aseguró que los Buenos Oficios escogidos como medio de solución desde 1966 no habían dado resultados.
Y así llegamos a nuestros días, cuando el Gobierno guyanés se siente con suficiente fuerza para adelantar unilateralmente su política de explorar posibles yacimientos petrolíferos en los espacios marítimos de la Zona en Reclamación. En la Nota verbal emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guyana de fecha 28 de febrero del año en curso, se advierte al Gobierno venezolano que “desista de tomar cualquier acción que sólo podría resultar en obstaculizar el desarrollo de Guyana y de su gente y que estaría en contravención del derecho Internacional”.
Guyana está pescando en río revuelto ¿Su Gobierno actúa bajo la convicción de que la solidaridad revolucionaria privará sobre los intereses nacionales de Venezuela? ¿Actúa con la seguridad de que el Gobierno venezolano seguirá en su política de mantener la Reclamación bajo la figura de los Buenos Oficios y no irá más lejos, aún cuando la misma Guyana ha dicho que éstos no han funcionado y ha sugerido el Arbitraje o la Corte Internacional de la Haya?
Repetimos: Guyana está desconociendo el Acuerdo de Ginebra. Y descalifica la Reclamación venezolana. El día 1º de noviembre de 2013 la canciller Rodrigues-Birkett dijo ante la Asamblea Nacional de su país que la Reclamación venezolana era “ilegal” y “espuria”. En realidad,. Guyana ha sostenido desde 1966 que el objeto del Acuerdo de Ginebra es establecer la validez de la contención venezolana de que el Laudo de 1899 es nulo e írrito. Nos preguntamos: ¿Por qué firmó el Acuerdo de Ginebra? Al firmarlo reconoció la Reclamación venezolana y aceptó abrir el caso que se había cerrado con la decisión arbitral de 1899. Una inconsistencia difícil de mantener a la que Venezuela no ha sabido sacarle provecho.
Guyana al desconocer el Acuerdo de Ginebra considera que los espacios marítimos frente a la Zona en Reclamación le corresponden por derecho propio, derivados del Laudo de 1899, al poseer el territorio continental.
Pero, además, la línea solicitada por Guyana parte de Punta Playa y colide con la línea de proyección venezolana en su fachada atlántica. Existe un claro interés guyanés por el área marina y submarina adyacente al delta del Orinoco, aspirando a zonas que corresponden a nuestra plataforma deltana e impedirían el acceso libre al Atlántico de caer bajo su jurisdicción.
No perdamos de vista que son dos tareas distintas, aunque estrechamente relacionadas, las que tenemos los venezolanos si realmente queremos llegar a una solución favorable en el Esequibo: una es buscar “soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia”; y el otro es hacer valer nuestros derechos marítimos en el litoral atlántico en virtud de la propia legislación existente, incluyendo el Tratado firmado con Trinidad &Tobago, en el supuesto de que el arreglo territorial no contemple para Venezuela la zona comprendida entre Punta Barima y la desembocadura del río Esequibo.
Apoyamos la posición asumida por el Gobierno Nacional ante esta nueva escalada guyanesa, cuando en el Comunicado de fecha 03 de marzo “deplora” la actitud del vecino y señala que se reserva todas las acciones que en el campo diplomático y del Derecho Internacional sean necesarias “para defender y salvaguardar la soberanía e independencia de nuestra Patria en el marco del diferendo limítrofe sobre la Zona en Reclamación del Esequibo”.
El Gobierno Nacional ratifica “la plena vigencia” de su Reclamación convoca a todos los venezolanos a defender la integridad territorial. Y hace un llamado a su homólogo guyanés para que se restablezca a la brevedad el mecanismo de los Buenos Oficios [con lo que no estamos de acuerdo] “pero sin reservas ni equívocos”.
El asunto es grave y no debe quedarse en este Comunicado. El Gobierno venezolano debe:
1.- Exigir el cumplimiento del Acuerdo de Ginebra y buscar una solución práctica y satisfactoria al conflicto territorial. Aprovechar el interés de Guyana en ampliar “sus” espacios marítimos y replantear algún medio de negociación, pero no los Buenos Oficios, que la misma Guyana descarta.
2.- Mantener el criterio de que la delimitación de los espacios marinos y submarinos debe ser resuelto por acuerdo entre las partes, previo arreglo de la frontera terrestre entre las dos naciones [subrayado nuestro]. Esta debe ser la condición irrenunciable. Debe reafirmar públicamente que la salida libre al océano Atlántico no es negociable.
3.- No puede dejar de pronunciarse sobre los actos unilaterales que ejecute o pretenda ejecutar Guyana en la Zona en Reclamación y en el Mar Territorial, Zona Económica y Plataforma Continental de dicha zona. Debe mantener el patrullaje en su fachada atlántica. La Armada debe seguir ejerciendo la soberanía en estos lugares.
4.- La politización del diferendo no debe seguir existiendo. El asunto requiere una política de Estado producto del consenso de todos los venezolanos.
5.- Dejar de lado la figura del Buen Oficiante y designar de inmediato un negociador-facilitador a tiempo completo para este asunto.
Pero para lograr estos objetivos debe existir voluntad y sinceridad política para resolver la Controversia. Sin exclusiones de ningún tipo. Todos somos venezolanos.
¿Qué más le vamos a permitir a Guyana? ¿Qué además de ejercer soberanía sobre las áreas marinas y submarinas entre Punta Barima y la desembocadura del Esequibo; y perder la Reclamación Territorial, algún día tengamos que acudir a una Corte Internacional, presionados por nuestros vecinos para delimitar con ellos nuestra salida al Atlántico?
La definición ideológica de los gobiernos debe ser un factor ajeno a la integridad territorial del país ¿No lo está demostrando Guyana en los actuales momentos, cuando está recibiendo el apoyo del Gobierno de Estados Unidos? ¿Dónde quedó la solidaridad entre dos gobiernos socialistas?
El Comunicado del Gobierno venezolano “considera inaceptable por injusto” el Comunicado guyanés; y se muestra “sorprendido” por la posición del país vecino. Hay que dejar de lado la política errática frente a Guyana, Estado pequeño que está dando lecciones de cómo llevar adelante una política exterior que salvaguarda sus intereses.
En política exterior los países no se rigen por sentimientos ni por lazos de hermandad sino por intereses.
¿Dejaremos pasar una vez más este serio incidente? En Derecho Internacional público el silencio otorga, al demostrar “aquiescencia”.
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Isla de Patos
ISAÍAS ANTONIO MÁRQUEZ DÍAZ | EL UNIVERSAL
jueves 25 de diciembre de 2014 12:00 AM
También conocida como isla del pato -por su forma-, vista desde Macuro. Es un cuerpo insular, con sup de unas 80 has, que, desde dic 1978, conforma el Parque Nacional Península de Paria, estado Sucre. Y, genera un Mar Territorial donde Venezuela ejerce soberanía nacional plena. De acuerdo con los Derechos del Mar, constituye la referencia para el trazo de líneas de base recta en la delimitación de las 200 mn y demarcar la frontera entre Venezuela y Trinidad y Tobago (1990). Genera, además, ZEE.
En esta isla predomina una vegetación xerófila profusa, a causa de las precipitaciones vespertinas regulares y está rodeada por un mar bonancible. Presenta, también, cuevas de piedra caliza y acantilados; dos atracaderos: Brion y Principal, así como una playa pequeña y avifauna variada.
Hasta 1942 estuvo en poder del Reino Unido, ya que por el Tratado de Amiens de 1802 España la había cedido a los británicos junto con Trinidad y Tobago. Durante la II Guerra Mundial EEUU osa instalar ahí una artillería de costa, de 105 mm, para custodia de sus buques tanques repletos de petróleo, cuando navegaban por el golfo de Paria.
Por su ubicación geoestratégica, nuestra Armada, mediante la OCHINA, ha instalado allí, un faro de 37 m de altura, -como jalón-, visible a unas 11 mn, para resguardo del dominio naval venezolano en la fachada atlántica o área deltana de unos 60 000 km cuadrados, que abarca el Proyecto Plataforma Deltana, de Pdvsa (de unas 11 000 has mar adentro).
De acuerdo con este cuadro histórico geográfico, el Estado venezolano debiera permanecer listo ante las ínfulas guyanesas por cercenar la proyección marítima del estado Delta Amacuro y la caída consiguiente del CIGMA, junto con la salida al Atlántico bloqueada.
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El Esequibo y la fachada atlántica
SADIO GARAVINI DI TURNO | EL UNIVERSAL
miércoles 30 de octubre de 2013 12:00 AM
La reclamación del Esequibo y la defensa de nuestros derechos en la fachada atlántica del Delta del Orinoco son dos temas relacionados pero distintos. El buque Teknic Perdana, contratado por Guyana para actividades de exploración petrolera, fue interceptado recientemente en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) que proyecta el Delta del Orinoco y que ha sido tradicionalmente patrullada por la Armada. Guyana, por su parte, ha presentado unilateralmente a la comunidad internacional una línea de delimitación de áreas marinas y submarinas entre la zona en reclamación y el estado Delta Amacuro orientada hacia occidente, que le cercena a Venezuela centenares de miles de kilómetros cuadrados de ZEE, cerrándole además la libre salida al Atlántico. Antes y durante las negociaciones que anunciaron recientemente los cancilleres Jaua y Rodríguez Birkett en Trinidad, Venezuela debe afirmar públicamente que la salida libre al Atlántico no es negociable y
la Armada debe continuar su tradicional patrullaje en la zona. En cambio, hay que aprovechar el interés de Guyana en ampliar su Plataforma Continental y en explorar el potencial de hidrocarburos en "su" fachada atlántica para reactivar el proceso de negociación sobre el Esequibo, en el marco del Acuerdo de Ginebra de 1966, empezando por nombrar un negociador-facilitador por Venezuela a tiempo completo, apoyado además por un pequeño equipo de apoyo que le permita hacer un adecuado "lobby" en la ONU y en la comunidad internacional en general, particularmente en el Caribe. El hecho que el actual negociador Roy Chaderton es también embajador en la OEA, representante de Venezuela en las negociaciones de paz entre las FARC y el gobierno colombiano, miembro del Consejo de Estado y diputado principal en el Parlamento Latinoamericano demuestra la falta de interés y la irresponsabilidad que el Gobierno ha tenido respecto a la reclamación. Es importante
también aclarar que el representante del secretario general de la ONU en el proceso de los "buenos oficios", Norman Girvan, debe limitarse a ayudar a las partes a buscar una solución satisfactoria para el arreglo práctico de la controversia sobre el Esequibo, en el marco del Acuerdo de Ginebra. Por cierto, es importante resaltar que Guyana, en estos últimos tiempos, dado que el reglamento de la Comisión de Límites de la Convención del Mar de la ONU impide que la Comisión pueda analizar una solicitud de ampliación de Plataforma Continental en una zona en disputa, ha reiterado en varias ocasiones que no existe una controversia territorial con Venezuela, desconociendo la letra y el espíritu del Acuerdo de Ginebra. Un análisis de este delicado y grave tema escaparía a la economía de estas breves notas, sin embargo en esta materia la posición del gobierno venezolano debe ser muy firme y el buen oficiante Norman Girvan puede y debe intervenir.
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Mapa | ¿Qué se disputa Venezuela con Guyana?
Un nuevo incidente en el área marítima en reclamación levanta la alarmas sobre el territorio del Esequibo
El Esequibo es rico en recursos naturales (Creditos: Carlos Ramírez)
12-10-2013 07:36:52 a.m.|Emen.-
Un nuevo incidente levanta las alarmas de la zona en reclamación, luego de que un barco de bandera panameña contratado por Guyana fuera retenido por Venezuela al navegar en aguas nacionales.
La cancillería venezolana exigió a los vecinos una explicación por la presencia de la embarcación dentro de las 200 millas marinas de Zona Económica Exclusiva (ZEE) pertenecientes al país.
Esto es lo que está en juego en la conocida Zona en Reclamación:
> Poco más de las dos terceras partes del territorio que hasta ahora controla y administra Guyana, constituyen la Zona en Reclamación por parte de Venezuela, la cual se conoce con el nombre de Guayana Esequiba o simplemente Esequibo, por el río que, desde su nacimiento hasta su desembocadura en el océano Atlántico, fija los límites venezolanos con Guyana.
guyana
> La Guayana Esequiba posee múltiples recursos naturales. Destacan los forestales (madereros), que ocupan más de ocho millones de hectáreas en las tierras altas. Además, posee una amplia superficie de tierras agrícolas.
> Diversidad - En su libro Geografía Física del Territorio en Reclamación: Guayana Esequiba (UCV. 1999), Faustino Morales Mena, señala que hay "importantes recursos minerales y energéticos", como: oro, diamante, mica, bauxita, manganeso, minerales radiactivos (uranio), petróleo y gas natural. Se sabe, además, de hierro y coltán, recurso estratégico imprescindible en la fabricación de componentes electrónicos avanzados.
Observa que la "poco interrumpida lluviosidad durante el año, permite el predominio de ríos permanentes (…)".
> Hidroelectricidad - Morales explica que Guayana Esequiba posee seis cuencas hidrográficas: la mayor (72% del área) corresponde al río Esequibo. Las otras son las de los ríos Orinoco, Amazonas, Guaini, Pomerún y Moruca. Todas con numerosos afluentes.
> Tierras - Morales apunta que "entre los suelos con mejor opción agrícola están los cercanos a la costa".
Los bosques "colonizan el 80% de la superficie (…)". Explica que "el bosque lluvioso ocupa el 44,6% del espacio esequibo (…)". Hay bosques pantanosos de agua salada (manglares) y de agua dulce (morichales), y los bosques montano y el siempreverde seco.
> A partir de los estados Delta Amacuro, Monagas y Sucre , Venezuela tiene derecho a Mar Territorial, Zona Contigua y a la ZEE, que son 200 millas desde las líneas base. En 1990, Venezuela delimitó áreas marinas y submarinas con Trinidad y Tobago.
> Plataforma deltana - En el mar que genera Delta Amacuro, Venezuela, a través de Pdvsa , asociada a compañías petroleras transnacionales, desarrolla el Proyecto Plataforma Deltana, incluido dentro del Proyecto Delta Caribe Oriental. Se trata de exploración y explotación de gas no asociado Costa Afuera en una área de 9.441 km2.
En esa zona hay "una serie de reservas de hidrocarburos que se extienden a través de la Línea de Delimitación" entre Venezuela y Trinidad y Tobago, señala el Informe 2010 de Pdvsa .
> Disputa - En la última década, la prensa informó que el Gobierno de Guyana le ha concedido a empresas transnacionales (las canadienses Sacre Coeur Minerals Ltd y Guyana Goldfields Inc., por ejemplo) bloques mineros dentro de la Zona en Reclamación para buscar y explotar oro y diamantes, particularmente en las regiones de Barima-Waini y Cuyuni-Mazaruni.
Con información de César Contreras
Leer más en: http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/internacional/mapa----que-se-disputa-venezuela-con-guyana-.aspx#ixzz3oC9Z8Qzr
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Venezuela y Guyana acuerdan negociar delimitación marítima
Nicolás Maduro y Carolyn Rodrigues-Birkettse reunieron ayer en Trinidad
Maduro revisó el tema de la petición guyanesa de extensión de plataforma continental con el buen oficiante de la ONU CHEO PACHECO/EL UNIVERSAL
FRANK LÓPEZ BALLESTEROS , MARÍA LILIBETH DA CORTE , REYES THEIS | EL UNIVERSAL
sábado 1 de octubre de 2011 12:00 AM
El tema de Guyana fue una bomba de tiempo que terminó por estallar el 20 de septiembre de 2011 en la Cancillería venezolana, cuando a través de la Gaceta Oficial se publicó la "remoción" de Marcos Aurelio Fernández Hernández, director General de Soberanía, Límites y Asuntos Fronterizos.
Fernández Hernández, un experto en la controversia con Guyana, había solicitado infructuosamente en varias oportunidades reunirse con el canciller Nicolás Maduro, aseguran fuentes consultadas, sin embargo, el tema no fue tomado en cuenta por el Ministro.
El Director de Frontera fue reemplazado una semana después, el lunes 26 de septiembre de 2011, por el general de brigada Ángel Marcial Parra Yarza, según consta en la Gaceta Oficial 39.765.
Fernández Hernández fue uno de los responsables en analizar el oficio que el embajador venezolano en Guyana, Darío Morandy envió a la Cancillería en mayo de 2009, alertando sobre las intenciones de ese país de modificar su dominio marítimo y dando recomendaciones "urgentes".
Una de las grandes dificultades que se está experimentado en la Cancillería con respecto a este tema -aseguran las fuentes- es que la llegada de los refugiados ha imposibilitado el acceso a los archivos, ya que la zona en donde se encuentra "está hecha un desastre".
Es de destacar que la remoción del funcionario se produce una semana después que El Universal publicó la información de la solicitud de extensión de plataforma continental de Guyana ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 150 millas náuticas y que movilizó a la opinión pública nacional.
En un comunicado de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) la coalición opositora se preguntó el 15 de septiembre pasado: "¿Por qué el ministro de Relaciones Exteriores devolvió a la Oficina de Fronteras la cuenta presentada el año 2009 sobre este problema, sin hacer el menor comentario?".
Reunión en proceso
Pasadas las 8 de la noche los cancilleres de Guyana y Venezuela, Carolyn Rodrigues y Nicolás Maduro, se encontraban reunidos en Puerto España, Trinidad, con el buen oficiante de la ONU, Norman Girvan, para la controversia territorial entra las dos naciones.
El encuentro se produjo luego de una conversación telefónica entre ambos ministros el jueves pasado, en el que acordaron encontrarse para hablar sobre la petición guyanesa.
Venezuela ha calificado la solicitud de extensión del dominio marítimo como "irregular" y manifestó a Guyana su preocupación por no haber sido informado antes. No obstante, un memorando del embajador Morandy a la Dirección del Despacho del ministro y a la Dirección de Fronteras recuerda que la información fue entregada por Georgetown en 2009.
Analistas estiman que la solicitud del Gobierno de Guyana afecta no solo la proyección marítima de la zona en reclamación sino la del estado Delta Amacuro, una zona rica en yacimientos de petróleo y gas.
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Delimitaciones de áreas marinas y submarinas postergadas
ISAÍAS ANTONIO MÁRQUEZ DÍAZ | EL UNIVERSAL
sábado 12 de septiembre de 2009 03:31 PM
En la vida institucional y política de Venezuela actual existe una problemática, que obvia la oposición bufa, en virtud de que por tratarse de un asunto que no abona dividendos electorales, aunque es tema de importancia capital, no se expone a la población en general, llámense rojos-rojitos, ni-ni, escuálidos, pitiyanquis, revolucionarios, patrulleros o boligarcas, entre tantos. Esta problemática relevante estaría relacionada con la política internacional del gobierno actual -descabellada y egocéntrica- hasta ahora expuesta.
Según el Instituto Geográfico de Venezuela SIMÓN BOLÍVAR (IGVSB), la superficie de áreas marinas y submarinas, de Venezuela, es de 875.000 km cuadrados, aproximadamente, de las cuales solo se han delimitado 560.000 km cuadrados (64% del total) Existen, desde hace tiempo, delimitaciones con: Estados Unidos de América (1978), Reino de los Países Bajos (1978), República Dominicana (1980), Francia (1980) y Trinidad y Tobago (1990).
Están pendientes por delimitar áreas marinas y submarinas en el Caribe oriental, con las islas: Grenada, San Vicente, Las Grenadinas, Santa Lucía, Dominica, Montserrat (Reino Unido), St. Kitts-Nevis y en el Caribe occidental con la República de Colombia, área muy sensible, en virtud del golfo de Maracaibo o de Venezuela, el cual nos pertenece íntegramente, en sus aguas y en sus costas. Así mismo, en el Atlántico, con Guyana, cuyo litoral de la zona en reclamación, tiene una longitud de 291km, aproximadamente. Zona en la cual el gobierno de Venezuela comete un error craso, o mejor aberración, cuando autoriza al de Guyana el proyecto de tres centrales hidroeléctricas, al occidente del río Esquibo (en el río Cuyuní-Mazaruní), hecho que trunca, ostensiblemente, la delimitación con dicho Estado y, por consiguiente, la reclamación del territorio Esequibo.(159.500 km cuadrados).
Por último, la superficie de áreas marinas y submarinas que faltaría por delimitarse, es de unos 315.00 kilómetros cuadrados, con los cuales nuestra Zona Económica Exclusiva (ZEE) (**) totalizaría 875.000 kms cuadrados, aproximadamente. (Equivalente a un 95.5% de la extensión actual de Venezuela).
(*) Consejo académico Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela (IDEFV) (**).
Zona Económica Exclusiva (ZEE): Es un área situada más allá del mar territorial y adyacente a éste, sujeta a régimen jurídico específico, mediante la cual el estado ribereño tiene derechos de soberanía para los fines de exploración y explotación, conservación y administración de los recursos naturales, tanto bióticos como abióticos, el lecho y el subsuelo del mar y la producción de energía, así como la protección y preservación del medio marino.
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Guyana responde que en tierra no hay delimitación pendiente
Venezuela destacó ante la ONU que sí existe una disputa territorial
Los cancilleres de Venezuela y Guyana se comprometieron ante el secretario general de la ONU con el mecanismo del Buen Oficiante CORTESÍA
REYES THEIS | EL UNIVERSAL
viernes 16 de marzo de 2012 12:00 AM
El Gobierno de Guyana calificó de "muy lamentable" la decisión de Venezuela de objetar la solicitud de extensión de plataforma continental que Georgetown presentó ante una comisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La Cancillería guyanesa a través de un comunicado de prensa recordó ayer que en su informe de solicitud ante la Comisión de Límites de Plataforma Continental (Clcs por sus siglas en inglés) aseguró que "no hay disputas en la región" relativas a su solicitud de extensión de la plataforma. "Esta declaración está legal y objetivamente correcta", señala.
De acuerdo a Guyana, el Acuerdo de Ginebra, firmado el 17 de febrero de 1966, "tenía como objeto permitir que las partes resolvieran la solicitud de nulidad e invalidez que Venezuela presentó del Laudo Arbitral (de 1899) y no reabrir el tema de delimitación fronteriza entre Venezuela y Guyana".
Añaden que en dicho Laudo la frontera con Venezuela "fue definitivamente fijada".
En ese sentido, Georgetown considera que su solicitud a la Clcs fue hecha de manera "consistente con las disposiciones de la ley internacional".
Lo que dice Venezuela
Con un documento de dos páginas Venezuela objetó esta semana la solicitud guyanesa de extensión de la plataforma continental más allá de 200 millas.
El documento fue dirigido a la Secretaria General de la ONU, quien debe distribuirlo a los 192 países que lo integran y según fuentes diplomáticas, manejó tres argumentos.
En primer lugar Venezuela alegó que contrario a lo que asegura Guyana, sí hay disputa en la zona, tanto así que la misma ameritó apelar a los buenos oficios del secretario general de la ONU, por la aseveración venezolana que el Laudo Arbitral de 1899 es "nulo e írrito"
Venezuela considera que como no está delimitada la parte terrestre no se puede trazar las líneas de los límites marítimos.
En segundo lugar, destaca que la extensión de la plataforma continental de otros países (Barbados, Trinidad y Tobago y Guyana) produce un solapamiento que coincide con la proyección de la fachada atlántica del estado Delta Amacuro.
Además, se cuestiona que Guyana no consultó -aunque sí informó- la solicitud de extensión a Venezuela. Esto se evidencia en el documento que presentó ese país ante la Clcs, donde afirmó que la consulta se hizo con Barbados, Trinidad y Tobago y Surinam.
La consulta supone escuchar la opinión del otro estado y al respecto Venezuela solo recibió una notificación.
También se conoció que Caracas envío otro documento a la Cancillería guyanesa explicando esos argumentos.
La Clcs debe designar una subcomisión integrada por cinco expertos que estudiarán las solicitudes sobre la misma área que han introducido Barbados, Trinidad y Tobago y Guyana, pero deben además tomar en cuenta la posición venezolana adoptada en el comunicado.
La posición de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas estaba pautada que se entregara durante diciembre pasado, pero inexplicablemente fue retrasada y se envió este lunes, una semana antes del inicio de la sesión de la Comisión de Límites de Plataforma Continental.
Tras la deliberación, la Comisión emitirá unas recomendaciones a los estados solicitantes y Venezuela aspira que se inste a Guyana a negociar.
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Los otros casos que ocupan la atención de la Corte Internacional de Justicia
jueves, 24 de septiembre de 2015
Gabriel Pardo
Nacional
El Mercurio
El lunes se inician alegatos orales entre Colombia y Nicaragua, luego de que Bogotá presentara excepciones preliminares a la competencia de ese tribunal.
Excepciones preliminares de Colombia
Será el lunes 28 de septiembre cuando se presenten Colombia y Nicaragua ante la Corte para alegatos similares a los que se desarrollaron entre Santiago y La Paz.
Colombia presentó excepciones preliminares a la competencia de ese tribunal luego de que Nicaragua demandara que ese país estaba violando sus derechos soberanos y espacios marítimos en el Caribe. Además, Managua pide que se le reconozca una plataforma continental extendida, referida al lecho y subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá del mar territorial de un Estado.
Colombia había denunciado el Pacto de Bogotá, que le da jurisdicción a este tribunal, el 27 de noviembre de 2012, lo que se hace efectivo un año después. La demanda nicaragüense fue presentada el 16 de septiembre de 2013.
Costa Rica versus Nicaragua y viceversa
La Corte se encuentra revisando una demanda de Costa Rica contra Nicaragua.
En abril de este año se realizaron los alegatos orales luego de que ese país demandara a su vecino por haber vulnerado el derecho internacional debido a que, al acometer trabajos de dragado en 2010, habría incumplido el tratado de fronteras Cañas-Jerez de 1858, "invadiendo" la Isla Calero.
El gobierno costarricense ha planteado que Nicaragua no está respetando un régimen fronterizo de larga data y el país demandado defiende su soberanía en la zona.
A su vez, Nicaragua demandó en 2011 que el gobierno de Laura Chinchilla comenzó a construir una ruta a lo largo del Río San Juan, sector que marca la frontera oriental de ambas naciones, y que con ello causó grave daño ambiental a la zona.
Croacia y Serbia, exculpados de genocidio
El tribunal también ha entregado resoluciones respecto de otros casos en los últimos meses. En febrero de este año se dio a conocer un veredicto frente a la disputa de Croacia y Serbia, luego de la guerra tras la desintegración de Yugoslavia.
Cada país había interpuesto demandas y se acusaban mutuamente de haber violado la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio.
Sin embargo, la Corte -aunque reconoció que hubo asesinatos, maltratos y desplazamientos forzosos a manos de tropas serbias y croatas- absolvió a ambas naciones de genocidio.
"Para que la limpieza étnica pueda desembocar en un genocidio, debe demostrarse el propósito sistemático de acabar con otra etnia. Y no fue así", señaló el entonces presidente del tribunal, Peter Tomka.
Otros casos pendientes
Otro caso en revisión es el de Islas Marshall (pequeña nación de 55 mil habitantes en el Pacífico oeste), que demandó a distintas potencias por no haber abandonado la carrera de las armas nucleares. La Corte ha admitido hasta ahora sus demandas contra Reino Unido, Pakistán e India.
Islas Marshall denuncia que la han afectado múltiples ensayos nucleares de otras naciones, algunas de las cuales firmaron el tratado de 1968 de no proliferación de este tipo de armas.
También se encuentra en proceso en La Haya la demanda de Somalia contra Kenia por una disputa de delimitación marítima entre ambos países en el océano Índico. Por otra parte, está la demanda de la República Democrática del Congo contra Uganda por realización de actividades armadas en territorio congoleño.
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Nicaragua reclamó que sentencia sobre los límites marítimos ‘no especificó nada’
Hace 4 días
Nicaragua insistió este miércoles en que la sentencia de 2012 de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre los límites marítimos entre ese país y Colombia "no especifica nada" sobre la plataforma continental que Managua solicita más allá de las 200 millas náuticas desde su costa en el Caribe.
El agente de Nicaragua ante la CIJ y embajador en Holanda, Carlos Argüello, afirmó en el segundo día de alegatos orales que la demanda que introdujo el país en septiembre de 2013 "es totalmente legal" y está "reconocida por el Derecho internacional", y además no pone en peligro ni "la estabilidad" ni "la paz internacional".
"En la sentencia de la Corte de 2012" en la que se remodeló la frontera marítima entre ambos países en el mar Caribe, "no se especifica nada sobre la plataforma continental".
En dicha sentencia la Corte definió la frontera marítima única entre la plataforma continental y las zonas económicas exclusivas de Nicaragua y Colombia dentro del límite de las 200 millas náuticas.
Managua buscó entonces una declaración de la CIJ para que definiera el curso de la frontera de su plataforma a lo largo del área de superposición con Colombia.
Indica en su demanda que, el alto tribunal de la ONU, al considerar que ese país no había establecido que posee un margen continental más allá de las 200 millas, no estaba en posición de delimitar la plataforma que había solicitado Nicaragua.
Argüello sostuvo además que Managua "ha actuado según las normas de la Convención" sobre el Derecho del Mar y "ha seguido los requerimientos" de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, ante la cual presentó información definitiva el 24 de junio de 2013 en la que demuestra, según Nicaragua, que la plataforma se extiende más allá de las 200 millas náuticas.
Por su parte, el profesor de Derecho Internacional Antonio Remiro Brotóns subrayó la "interpretación errónea" del Pacto de Bogotá por parte de Colombia y se ha referido a la misma como "una película en dos episodios".
Para Remiro, la visión de Colombia "infringe" el Pacto de Bogotá y está "completamente equivocada" porque una correcta interpretación "reconoce la potestad de la Corte" en el presente caso.
"Colombia olvida constantemente el artículo 31 del propio Pacto" a través del que se reconoce "la obligación de la jurisdicción de la Corte de ipso facto en procesos judiciales pendientes".
Bogotá denunció el pacto el 27 de noviembre de 2012 y sostiene que la renuncia tuvo efecto inmediato con respecto a la iniciación de nuevos procedimientos contra el país.
Señala asimismo que por ello la CIJ no es competente para juzgar este caso y en otros de Nicaragua contra Colombia por la disputa limítrofe en el mar Caribe.
El profesor emérito de la Universidad de Nanterre Alain Pellet insistió en que el propio estatuto de la Corte "reconoce su misión de resolver disputas de acuerdo al Derecho internacional".
"La parte de la disputa referente a las áreas delimitadoras no ha sido todavía resuelta y le corresponde a la Corte remediar esta situación", dijo ante el alto tribunal de la ONU.
Managua, además de pedir a la CIJ que determine el curso preciso de la frontera de la plataforma continental, pidió a la Corte que indique los derechos y deberes de los dos Estados en relación con el área de pretensiones superpuestas y el uso de sus recursos hasta tanto se delimite con exactitud la línea de frontera.
El alto tribunal de la ONU dejó en 2012 bajo soberanía colombiana siete cayos del archipiélago de San Andrés, cuyas islas mayores ya se habían concedido a Colombia en 2007.
También otorgó a Nicaragua una franja marina en esa zona que Colombia calcula en unos 75.000 kilómetros cuadrados y el país centroamericano en más de 90.000 kilómetros cuadrados.
EFE
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Nicaragua es “prudente” 07/06/2015
12:00 AM | EFE4
En febrero de 2014, Costa Rica demandó a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que se fijen los límites marítimos entre ambos países, tanto en el Pacífico como en el Caribe. LA PRENSA/ ARCHIVO Experto contrasta suposiciones de Costa Rica El experto en Derecho Internacional, Mauricio Herdocia, afirma que Nicaragua ha tenido el cuidado de dar concesiones de exploración petrolera en zonas marítimas alejadas de donde se pueda suscitar una controversia con países limítrofes. Por lo anterior, Herdocia ve sin fundamento la “advertencia” del Gobierno de Costa Rica a la empresa Statoil, sobre la posibilidad de que sucedan “actos ilegales que socavan la soberanía de Costa Rica sobre esas aguas”. El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, confirmó ayer que —a través de una carta— advirtió a esa empresa del litigio de delimitación marítima que mantiene
con Nicaragua y que la compañía no le podrá reclamar ninguna indemnización si la Corte Internacional de Justicia (CIJ) falla a su favor. “Es importante que se sepa que las compañías que se metan en ese mar podrían estar participando sin demasiada información en actos ilegales que socavan la soberanía de Costa Rica sobre esas aguas”, expresó Solís durante su visita a París, Francia, como parte de su gira por Europa. El mandatario costarricense también dijo que “si una compañía cualquiera se mete en aguas costarricenses, que sepa que Costa Rica no respetará los acuerdos que suscriba con el país que usurpe el territorio nacional y eso tiene que quedar absolutamente claro”. Herdocia expresó ayer vía telefónica que “obviamente, Nicaragua pone en un mapa lo que considera es su plataforma y sobre esa plataforma continental ofrece a la comunidad de inversionistas internacionales la posibilidad de realizar exploración y
explotación de hidrocarburos, pero hasta ahora Nicaragua ha mantenido una posición prudente, tanto en el Caribe como el océano Pacífico, de tal manera que las concesiones que se habrían dado han estado siempre alejadas de los centros de disputa, para evitar precisamente cualquier tipo de reclamo al respecto”. El Gobierno nicaragüense concedió el jueves a la empresa noruega Statoil permisos de exploración y explotación petrolera en el océano Pacífico. STATOIL RECIBIÓ LA CARTA El canciller de Costa Rica, Manuel González, manifestó que la empresa Statoil recibió la carta enviada por su país y que respondió que, aunque “considera que es un conflicto entre Estados en el que no participa” la indicación de los bloques (mapas) facilitada por Costa Rica “en cuanto a su numeración y coordenadas”, no se corresponde con lo incluido en el contrato con Nicaragua. La demanda de Costa Rica contra Nicaragua ante la CIJ, para que se fijen los
límites marítimos entre ambos países, después de que el Gobierno nicaragüense comenzara a promocionar bloques petroleros en el Caribe y el Pacífico, fue presentada en febrero de 2014 y su resolución podría tardar unos tres años.
Ver contenido original de esta noticia en: http://www.laprensa.com.ni/2015/06/07/politica/1845891-nicaragua-es-prudente
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Destinarán C$61.5 millones para juicios en la CIJ
El CSE también tendrá más presupuesto para importar material de cédulas y satisfacer la demanda del documento de identificación en Nicaragua.
Hatzel Montez Rugama
Managua, Nicaragua | 11 Septiembre 2015 | 12 a.m. | Edición Impresa
El proyecto de reforma al Presupuesto General de la República (PGR) 2015, que fue introducido ayer en la Asamblea Nacional por el Poder Ejecutivo, incluye una partida de C$61.5 millones para atender los gastos de las demandas judiciales internacionales contra Costa Rica y Colombia.
El monto, que se destinará al Ministerio de Relaciones Exteriores, es para hacer frente a los casos que lleva contra Costa Rica, por la delimitación marítima y los daños por la construcción de la carretera en la zona de Río San Juan y con Colombia por la delimitación de la plataforma continental, los que serán resueltos por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con sede en La Haya, Holanda.
Desde hace 10 años ticos y nicas acumulan cuatro demandas en la CIJ. La primera fue presentada por el gobierno de Costa Rica el 29 de septiembre de 2005 por derechos de navegación en el río San Juan.
La Corte dictó sentencia el 13 de julio de 2009, en la cual reconoció a los ticos el derecho de navegar por el río San Juan con fines comerciales, pero negó que lo hicieran policías armados, como lo había pedido Costa Rica.
Otras demandas
El 20 de noviembre de 2010, Costa Rica volvió a demandar a Nicaragua. Alegó que el Ejército de Nicaragua y una cuadrilla que dragaba el río invadió su territorio y causó daños ambientales.
En 2011, Nicaragua demandó a Costa Rica quejándose de la contaminación que recibe el San Juan mediante sedimento provocado por la erosión de una carretera tica fronteriza que lo bordea.
Estos dos casos últimos la CIJ los procesa en un expediente y dictará sentencia entre finales del 2015 y principios del 2016.
En 2014, Costa Rica demandó de nuevo a Nicaragua, debido a que los límites marítimos entre los dos países en los océanos no están definidos.
Partida al CSE
Por otro lado, en el mismo proyecto de reforma se especifica que el Consejo Supremo Electoral (CSE) tendrá la suma de C$13 millones para el pago de impuestos por la importación de material de cedulación.
Actualmente 10 oficinas de cedulación han logrado abrir el CSE en igual número de municipios desde que comenzó a implementar un plan el pasado 1 de agosto, con el propósito de poner en marcha locales para tramitar el documento de identidad en todos los municipios de Nicaragua.
En declaraciones recientes, el magistrado suplente Miguel Meléndez Triminio informó que los municipios donde ya funcionan las oficinas de cedulación son: Kukra Hill, El Rama, Nueva Guinea, Siuna, Rosita, Somotillo, Jalapa, El Tuma-La Dalia, Altagracia y Tipitapa.
“Esto fue lo que se nos entregó en el último reporte en el CSE. La meta es poder abrir una oficina de cedulación en cada uno de los 153 municipios existentes en el país. Esto lo iremos realizando gradualmente, cada mes intentaremos abrir varias oficinas”, expresó en esa ocasión Meléndez.
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Cómo ha actuado la Corte de La Haya en 117 fallos
De cara a los alegatos preliminares de Chile y Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia, en T13 repasamos los resultados de todos los fallos emitidos por la entidad desde 1948.
por MANUEL BARROS |
Cómo ha actuado la Corte de La Haya en 117 fallos11:26 hrs. Lunes 04, Mayo 2015
Entre el lunes 4 y el viernes 8 de mayo, las defensas de Chile y Bolivia exhibirán ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) sus argumentos en la presentación oral de alegatos preliminares en la demanda presentada por La Paz en su búsqueda por obtener una salida soberana al mar.
A raíz de esto, en T13 hemos recogido la información de todos los fallos emitidos por La Haya entre 1948 y el presente para elaborar una serie de visualizaciones de datos sobre las más de 50 demandas que han involucrado a 79 países en total.
En 67 años, La Haya ha emitido un total de 117 fallos -sin contar opiniones consultivas o providencias también emitidas en este período, en cuyo caso la suma llega a 208-, la mayoría de los cuales ha estado relacionado con disputas territoriales entre países vecinos. 48 corresponden a este último tipo, mientras 26 son de tipo civil o penal, 24 de índole militar y 19 sobre asuntos económicos.
Del total de los fallos, la Corte se ha inclinado a favor del demandante (o del demandado solicitante de excepciones, lo cual también conlleva fallo) en 38 ocasiones (32,5%) y en 50 se ha manifestado en contra (42,7%) o ha rechazado mediar las disputas ya sea por declararse incompetente o por inadmisibilidad de los alegatos.
En 29 ocasiones (24,8%) la CIJ ha emitido fallos salomónicos, ha tomado posturas neutrales o con matices beneficiosos o perjudiciales para ambas partes, como sucedió el año pasado cuando se pronunció respecto a la demanda peruana y, en vez de dar cumplimiento cabal a lo solicitado por el Perú, acomodó el límite marítimo levemente a favor de éste.
El ámbito en el que La Haya suele dar más la razón a los demandantes es en el caso de las temas de índole civil o penal, en las cuales se ha inclinado a favor de los alegatos de quien presenta la demanda en un 50% de las ocasiones (13 de 26).
En el caso de las demandas militares, La Haya se ha pronunciado en contra del demandante en la mayoría de los casos (16 ocasiones equivalentes al 66,7%), aunque esto se debe a que la demanda de Serbia y Montenegro contra ocho naciones por el caso "legalidad del uso de la fuerza" fue abordado por separado.
En el caso de los 48 fallos por disputas territoriales, la CIJ tiene fallos distribuidos equitativamente. En 13 (27,1%) ocasiones ha favorecido al demandante, en 19 (39,6%) ha emitido fallos neutrales o con matices para ambas partes y en 16 (33,3%) fallos ha rechazado la demanda o se ha declarado incompetente.
En la siguiente visualización se puede apreciar la distribución de los fallos por temática de éstos y el detalle de cada uno al seleccionar una temática en el menú.
En las demandas por disputas territoriales, la Corte Internacional de Justicia suele emitir fallos neutrales o con matices que favorecen -o perjudican- a ambas partes. Cuando se manifiesta en contra del demandante es, en la mayoría de los casos, porque se declara incompetente, porque la demanda es inadmisible o porque decide reconocer la soberanía del demandado en los territorios disputados.
Generalmente, la corte recurre a tratados vigentes para solucionar los conflictos, de modo que las condiciones finales de las disputas generalmente difieren poco de la situación inicial. Este ha sido el caso de litigios como Túnez contra Libia, Qatar contra Bahrein, Camerún contra Nigeria y Perú contra Chile como se explicó más arriba, entre otros.
El caso "Nicaragua contra Colombia" de 2012
Un caso interesante fue lo que sucedió el 2012, cuando la Corte falló la disputa territorial entre Colombia y Nicaragua, en la cual los centroamericanos demandaban a Colombia por la soberanía de una serie de islas en el Mar Caribe. Contrario a lo que hacía siempre la Corte, decidió modificar considerablemente los límites marítimos, lo que derivó en un nuevo escenario muy particular.
En dicha ocasión, La Haya decidió acoger los alegatos de Colombia y reconocer la soberanía del Estado sudamericano sobre los territorios en disputa. Sin embargo redibujó los límites marítimos dejando a dos de las islas rodeadas por aguas nicaragüenses, lo que evidentemente favoreció a los centroamericanos.
Los fallos por año: Un aumento a partir de 2000
En sus comienzos (desde 1945, cuando pasó a reemplazar a la Corte Permanente de Justicia Internacional) la Corte de La Haya emitía uno o dos fallos por año y en promedio decidía 6 ó 7 causas por década. Entre los 60's y los 80's dirimía un fallo por año, pero desde el 2000 el número ha crecido considerablemente, ya que en ocho de los 15 años ha emitido tres o más fallos. 2004 parece haber sido un año muy movido, ya que se registran nueve fallos. Sin embargo, ocho de ellos corresponden a la demanda sobre "legalidad del uso de la fuerza" que ingresó Serbia y Montenegro contra Reino Unido, Portugal, Holanda, Italia, Alemania, Francia, Canadá y Bélgica. En esta ocasión La Haya decidió emitir un fallo para cada disputa, aunque en todos ellos la resolución fue exactamente la misma: "la corte decidió unánimamente que no tenía competencia para conocer de las pretensiones formuladas por la demanda presentada por Serbia".
Estados Unidos ha sido el "demandado" en 10 fallos
Cómo se explicó más arriba, el número de casos o demandas es inferior al número de fallos. Por lo mismo, no quiere decir que Estados Unidos haya sido demandado 10 veces. Pero significa que el gigante del norte ha tenido que escuchar 10 fallos de la CIJ como "demandado". Dos veces, por ejemplo, en el caso "Avena y otros nacionales de México" en el que fue demandado, precisamente, por su vecino del sur. El resto de las demandas que ha enfrentado han venido de parte de Alemania, Irán, Francia, Suiza, Canadá y Nicaragua.
En este ranking le sigue de cerca el Reino Unido con siete fallos como "demandado" y Francia en el tercer lugar con seis. Honduras ocupa el cuarto lugar con 5 fallos, todos por litigios territoriales con El Salvador y Nicaragua. Chile, por otro lado, solo aparece en una ocasión, en el fallo de 2014 sobre el conflicto marítimo con Perú, donde la Corte realizó un fallo más bien salomónico, pese a que Chile perdió territorio marítimo.
La otra lista, la de los "demandantes" es liderada por Nicaragua. Los centroamericanos han participado como parte reclamante en nueve fallos, principalmente contra Estados Unidos, Honduras, Costa Rica y Colombia. Reino Unido vuelve a ocupar el segundo lugar con ocho fallos junto a Serbia y Montenegro. Alemania, Bélgica y Libia -que ha participado en litigios contra Malta, Chad y el Reino Unido- aparecen los tres con cinco fallos.
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Los casos de Isla Portillos y Ruta 1856
El análisis de los casos de Isla Portillos y Ruta 1856 requieren del conocimiento de los límites geográficos
La Razón (Edición Impresa) / Tatiana Vargas Masís
02:56 / 18 de mayo de 2015
El 14 y el 20 de abril del presente año se abrieron las audiencias orales finales con respecto a los casos de Isla Portillos y la construcción de la Ruta 1856, presentados a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en 2010 y 2011, respectivamente. Estas audiencias corresponden a la fase previa a la emisión de una sentencia por parte de los jueces del Tribunal de La Haya.
Con respecto al caso de Isla Portillos, Costa Rica evidenció cómo, sorpresivamente, Nicaragua ocupó militarmente su territorio con el supuesto de un dragado del río San Juan, y cómo estas acciones conllevaron daños ambientales como la afectación de zonas del Humedal Caribe Noreste, el cual se encuentra registrado en la lista de humedales de importancia internacional de la Convención de Ramsar. Se expuso que Nicaragua no tenía razón para ejecutar tales acciones y que el reclamo posterior del país del territorio invadido no le otorga ningún derecho, ya que esta justificación fue presentada después de la acción. A propósito de esta justificación tardía, Costa Rica mostró cómo mapas, documentos y elementos consuetudinarios prueban claramente que el territorio es costarricense, por lo que la invasión del mismo es una violación a la soberanía costarricense y a lo estipulado por el derecho internacional.
En 2013, Costa Rica demostró los incumplimientos por parte de Nicaragua de las medidas provisionales que ordenó la CIJ en marzo de 2011. Se presentaron pruebas de que Nicaragua mantuvo ciudadanos en el sector norte de Isla Portillos, instaló un campamento militar y construyó dos caños en la zona, por lo que la Corte dictó nuevas medidas provisionales en noviembre del mismo año. Estas ordenaban el retiro de Nicaragua de la zona y la autorización al Gobierno costarricense para tomar las acciones que considerase necesarias para evitar daños ambientales.
Por otra parte, en el caso de la Ruta 1856, Nicaragua alega daños ambientales significativos causados por la construcción debido a la cantidad de sedimentos que esta causaría, argumento para el cual Costa Rica considera que no hay evidencia. Asimismo, Costa Rica afirma que la construcción de la ruta fue una medida de carácter defensivo por las acciones tomadas por parte de Nicaragua en Isla Portillos, motivo por el cual Costa Rica lo considera un caso fabricado para encubrir los hechos ilícitos realizados por Nicaragua en la zona, y las amenazas establecidas sobre de reclamar los derechos de navegación sobre el río Colorado y, posteriormente, los extendió a la provincia de Guanacaste, ambas zonas parte del territorio costarricense. Además, se expuso cómo la construcción de una ruta facilitaría la comunicación en la zona para Costa Rica, ya que también se expuso la restricción sistemática de los derechos de navegación en el río San Juan
a los costarricenses.
En las audiencias del primer caso, se dio un interrogatorio por parte de abogados costarricenses a los especialistas de Nicaragua, en el cual se puso en evidencia que no existen pruebas históricas para alegar que el caño que Nicaragua menciona como límite original existió hasta 2010, año en el que fue excavado artificialmente con el fin de modificar la frontera definida en 1897, por lo cual el argumento geográfico de Nicaragua demuestra tener evidencia significativa en contra.
En suma, el análisis de los casos de Isla Portillos y Ruta 1856, presentados ante la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya por parte de Costa Rica y Nicaragua requieren del conocimiento de los límites geográficos establecidos históricamente, la consideración del impacto ambiental que las acciones realizadas puedan causar y la exposición de una amplia gama de pruebas históricas a la Corte. Las audiencias orales finales concluyeron el 1 de mayo, por lo que los jueces se encuentran en un periodo para analizar la evidencia que se les otorgó y, en un periodo considerable, dictar una sentencia sobre el caso.
Es encargada de Negocios a.i. de la Embajada de Costa Rica en Bolivia.
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Lagos: ‘La única forma de darle salida soberana’ a Bolivia ‘es pegada a Perú’
04/06/2015-08:28
La Razón / La Paz
“Presidente, vaya a preguntarle a Perú”. Ésa fue la respuesta de Ricardo Lagos cuando fue jefe del Estado chileno (2000-2006) a dos mandatarios bolivianos a propósito de la demanda marítima que ahora radica en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
El exgobernante, que el fin de semana visitó Paraguay en el marco de una campaña para neutralizar la demanda marítima de Bolivia, admitió que “la llave” para un acceso boliviano al mar depende, precisamente, del Tratado de Lima de 1929 que su país suscribió con Perú. Este acuerdo, según recordó el propio Lagos en una entrevista que publicó el diario paraguayo Abc, fue “para resolver lo que quedó pendiente de la guerra” (1879-1883).
“La única forma de darle una salida con soberanía, como pide Bolivia, es pegada a Perú”, puntualizó el expresidente tras anticipar que esa oferta solo toma forma en el “límite de la Concordia” a través de un corredor de diez kilómetros de ancho, entre el territorio boliviano y la costa chilena, al extremo norte de Arica. “(Bolivia) dice que en dos ocasiones el Gobierno de Chile le ha ofrecido una salida con soberanía eventual (…) sin embargo, si Chile le ofrece a Bolivia hay que pedirle permiso a Perú”, remarcó.
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Accesos. Según Lagos, “en ambos casos, de una manera indirecta, Perú dijo que no”. “Entonces —prosiguió— cuando el presidente (Gonzalo) Sánchez de Lozada (2002-2003) me dijo que necesitaba una salida con soberanía, yo le dije: ‘Presidente, vaya a preguntarle a Perú’. Después vino (el mandatario Carlos) Mesa (2003-2005). Entonces, yo le dije: ‘Presidente, usted sabe mejor que yo que para tener una salida con soberanía no tiene que hablar conmigo. Vaya a hablar con Perú’. Alguien ha dicho que hay un candado puesto para la resolución del problema de Bolivia, pero que la llave no la tiene Chile. La tiene Perú, y es verdad”.
Bolivia solicitó a la CIJ que emita un fallo por el cual declare que Chile tiene la obligación de negociar un acceso soberano al mar sobre la base de las propuestas de ese país, entre ellos, la cesión de una franja soberana al norte de Arica. Ante ello, Santiago impugnó la competencia del tribunal alegando que el asunto se resolvió con el Tratado de 1904, mucho antes de 1948 que es cuando la Corte situada en La Haya comenzó a deliberar. La acción paralizó el juicio de fondo y abrió un proceso que debe resolverse antes de fin de año ya con la consideración de los alegatos orales que se dieron durante la primera semana de mayo.
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El equipo jurídico boliviano, liderado por el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, fundamentó ante los jueces de la CIJ que “es irrelevante que Chile insista que Bolivia está haciendo un reclamo territorial sobre Arica (…) con la invocación al Tratado de Lima”, porque el proceso hace referencia solo a la obligación que asumió el vecino país cuando ofreció mar con soberanía a Bolivia desde que finalizó la Guerra del Pacífico hasta la fecha. Las posiciones de Bolivia y Chile son analizadas por los 15 jueces de la CIJ en momentos en los que Santiago intensifica una inédita campaña de la mano de exgobernantes.
La demanda de Bolivia ante la CIJ
Litigio
Bolivia espera que la CIJ se declare competente y luego emita un fallo inapelable en favor de una negociación con Chile sobre la base de compromisos anteriores.
Arica
En la demanda, Bolivia no plantea modificar el Tratado de 1904 ni anticipa una negociación que abra un pedido a Perú. Plantea un diálogo “de buena fe” con Chile.
Apoyo
Bolivia ha recibido el apoyo del expresidente de Uruguay José Mujica y de la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, quienes conocen el argumento del país.
Santiago mueve fichas y el país intensificará campaña
Terminada la presentación de alegatos sobre la competencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), expresidentes de Chile iniciaron una inédita gira internacional con la idea de neutralizar la demanda marítima con el argumento de que el Tratado de 1904 zanjó el acceso de Bolivia al mar.
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El exmandatario chileno Sebastián Piñera (2010-2014) efectuó, durante la última semana de mayo, una gira por países de Centroamérica. Visitó así República Dominicana y luego coincidió con otros líderes regionales en Haití, un país donde aún operan las fuerzas de paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El pasado fin de semana, el exmandatario chileno Ricardo Lagos estuvo en Paraguay y se reunió con el jefe de Estado de ese país, Horacio Cartes, para proponerle un corredor que permita vincular la mediterránea nación guaraní con el puerto de Antofagasta.
El canciller David Choquehuanca anticipó a mediados del mes pasado que Bolivia intensificará la campaña para explicar a la comunidad internacional los fundamentos de la demanda, mientras que el exmandatario Carlos Mesa anunció que viajará en breve a Europa y Latinoamérica. Las fichas se mueven a una semana de la cumbre de Europa con la Celac, que tendrá lugar en Bruselas.
Publicado por: Luz Mendoza
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CIJ finaliza audiencias públicas sobre litigios entre Costa Rica y Nicaragua
La Corte podría emitir un veredicto hacia finales de este año o inicios de 2016, una vez analizados los alegatos expuestos por los dos países
La Haya, Holanda | 01 Mayo 2015 | 6:43 p.m. | AFP
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) concluyó este viernes las audiencias públicas iniciadas el 14 de abril en torno a las causas planteadas por Costa Rica y Nicaragua en zonas fronterizas, y está lista para empezar sus deliberaciones, indicó el tribunal en un comunicado
Costa Rica recrimina desde 2010 a Nicaragua una presunta invasión de un pequeño humedal en la zona limítrofe -Isla Portillos para Costa Rica, Harbour Head para Nicaragua- que ambos países reclaman como parte de sus respectivos territorios.
Nicaragua denunció a su vez a Costa Rica en 2011 por presunta contaminación del río San Juan durante el proceso de construcción de una carretera paralela al afluente limítrofe.
En su comunicado, que recoge en detalle las conclusiones expuestas por ambas partes, la Corte precisó que dará a conocer su decisión en sesión pública y fecha que será anunciada ulteriormente.
La CIJ podría emitir un veredicto hacia finales de este año o inicios de 2016, una vez analizados los alegatos expuestos por los dos países.
Tanto el canciller nicaragüense, Samuel Santos, como el costarricense Manuel González afirmaron que sus respectivos países aceptarán el fallo de la CIJ.
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Conoce todos los detalles del llamado "Pacto de Bogotá"
El Tratado obliga a los países firmantes a resolver cualquier conflicto por medios pacíficos, entre ellos, conciliación y arbitraje.
Katherine Verdugo Murúa
24 SEP 2015 16h23 actualizado a las 16h38
El comentado Pacto de Bogotá, utilizado por Chile y Bolivia durante la fase de argumentos para demostrar la competencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya fue suscrito el 30 de abril de 1948 , pero entró en vigencia en mayo del ’49. También es conocido como el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas.
En lo fundamental y a lo largo de sus 8 capítulos obliga a los países firmantes a resolver cualquier conflicto por medios pacíficos, es decir; buenos oficios, mediación, investigación, conciliación, arbitraje y procedimiento judicial . Todos estos procedimientos se deben agotar antes de recurrir al Consejo de Seguridad de la ONU.
El Tratado está firmado por 21 países . Sin embargo existen 3 tipos de contratantes y 2 salvedades:
-Ratificado 1968 sin reservas: Brasil, Costa Rica, Haití, Honduras, México, Panamá, República Dominicana y Uruguay.
-Ratificado 1968 con reservas: Bolivia, Chile, Ecuador, Nicaragua, Paraguay y Perú.
-No ha sido ratificado: Argentina, Cuba, Estados Unidos, Guatemala y Venezuela.
-El Salvador lo denunció.
-Colombia se retiró a 9 días que la CIJ mediara en una sesión marítima solicitada por Nicaragua. Al retirarse, Colombia no reconoció la mediación de La Haya.
Cabe mencionar que el 7 de septiembre de 1965, Chile ratificó la firma en el Pacto de Bogotá con la siguiente reserva :
" Artículo único.—Apruébase el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, denominado Pacto de Bogotá, suscrito en esa capital el 30 de abril de 1948, con la reserva siguiente: "El Gobierno de Chile ratifica el Pacto de Bogotá con la reserva de que sólo considera válidas a su respecto las reservas de terceros países que le hayan sido comunicadas por la Unión Panamericana con la antelación al depósito del correspondiente instrumento de ratificación y que cuenten con su aceptación expresa; y declarando desde luego que no acepta ni aceptará ninguna reserva
que pretenda modificar en cualquiera forma el alcance literario del artículo VI ."
Ahora, conozca algunos de los artículos más decidores de dicho Pacto (*).
(*) Si quiere leer el Pacto de Bogotá Completo, lo puede descargar desde la página de las Naciones Unidas: http://www.un.org/es/index.html o en la Biblioteca del Congreso Nacional.
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DANIEL PARODI. HISTORIADOR Y CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA
“Demanda boliviana de salida al mar no debe involucrar al Perú”
Fabián Vallas T.fvallas@editoraperu.com.pe
Entrevista. El historiador sostiene que un enclave en territorio chileno conectado con vías de comunicación podría ser una solución a la demanda boliviana de salida al mar por el sur de Arica. Asegura que Perú no tiene la “llave” para solucionar el conflicto.
¿Existen antecedentes históricos de que un país haya recurrido al derecho expectaticio, semejante al utilizado por Bolivia en su demanda a Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya?
–En primer lugar, la estrategia boliviana es interesante. Bolivia sabe que el tribunal, bajo ningún concepto, va a ir en contra del Tratado de Paz y Amistad de 1904 . Además, de acuerdo con lo estipulado por el Pacto de Bogotá en su artículo 6 de 1948, el texto decía que “si un tema era una cosa juzgada o existía un tratado, la corte debe inhibirse”. Por esa razón, Chile pide que la CIJ se declare incompetente.
Bolivia trata de irse por la tangente y sus abogados buscan de diferenciar el Tratado de 1904 y la demanda que ellos están presentando, que se basa en una serie de ofrecimientos chilenos de negociar de buena fe una salida al mar para Bolivia.
–¿Existen antecedentes?
–Antecedentes hay y no hay. El más famoso y el que más se ha mencionado es el de Australia y Nueva Zelanda contra Francia por las bombas atómicas en el Atolón de Mururoa. Francia prometió no lanzar más bombas. Sin embargo, lo volvió a hacer. Entonces, es denunciado ante la CIJ y pierde el juicio.
El antecedente es que la promesa formal de un país se convierte en fuente de derecho. Sin embargo, en el caso de Nueva Zelanda-Australia y Francia no existe un tratado de límites en disputa. Esto es lo que lo hace diferente.
Es decir, aquí tengo una serie de promesas chilenas, pero también tengo un tratado de límites que dice que no existe una disputa.
–Si fuera así, ¿no cree que la defensa de Chile se centró demasiado en discutir la legalidad del Tratado de 1904, tema que Bolivia no ponía en duda?
–Claro, y Chile no movió sus argumentaciones. La réplica chilena llamó la atención por breve. Ellos han reforzado el punto que existe un tratado y la CIJ debe inhibirse como indica el Pacto de Bogotá. Y sostienen que Bolivia desea solapadamente revisar el Tratado de 1904.
Lo que está en juego es si la demanda boliviana atenta o no contra el Tratado de 1904. Chile asegura que sí, mientras que Bolivia dice si las promesas chilenas deben ir separadas del acuerdo mencionado. Eso es lo que debe decidir la corte.
–¿Cuál cree que será la decisión de la corte?
–Pienso que lo más probable es que la CIJ se abstenga y se declare incompetente, ya que la posición chilena basado en el Tratado de 1904 es bastante sólida.
–Existe una conocida frase en Bolivia que para salir al mar, “Chile tiene el candado y el Perú, la llave”. ¿Qué opina de esta afirmación?
–Si se decidiese que el juicio continúa, el Perú, en forma oficial, mediante una declaración, debería decirle al mundo y a los dos litigantes que no tiene la “llave” y que no negocien una salida al mar por Arica.
–¿Por qué?
–Como sabemos, de acuerdo con el Protocolo Complementario del Tratado de Lima de 1929, cualquier cesión territorial por Arica o Tacna deberá ser consultada con el Perú o Chile, respectivamente.
Bolivia no va a la CIJ para salir por Arica. Está pidiendo que el tribunal obligue a Chile a negociar una salida al mar que puede ser por Tarapacá, Atacama, Valparaíso o cualquier parte del litoral chileno.
Una salida por Arica o al norte de Arica nos genera una serie de dificultades, ya que ahora la mediterraneidad de Bolivia no depende de Chile, sino del Perú.
En segundo lugar, mucho le ha costado al Perú lograr con Chile un statu quo fronterizo más o menos estable. Recién en enero de 2014 la CIJ establece los límites marítimos entre ambos países. Si Bolivia saliese por un corredor por Arica, el fallo de La Haya debería modificarse porque ya no tendríamos frontera con Chile.
En tercer lugar, Tacna y Arica, en la actualidad, son una sola región. Los ariqueños consumen productos en Tacna y existen cinco millones de pasos fronterizos.
Un enclave al sur de Arica podría ser una solución
–El embajador boliviano Jorge Gumucio asegura que el Perú no se pronuncia porque tiene intereses con Chile. ¿Qué piensa de esta afirmación?
–En primer lugar, el Perú no tiene por qué pronunciarse. Técnicamente, este litigio no va a decidir, en caso que lo gane Bolivia, por dónde saldrá al mar. Ni en el resultado ni en la conclusión va a estar involucrado el Perú. Si la CIJ le dice a Chile que negocie de buena fe con Bolivia y si como resultado de la negociación le propone una salida por Arica, allí recién entra a tallar el Perú.
–El embajdor Gumucio se queja de que el Perú tiene una posición muy dura con Bolivia. ¿Se justifica esta afirmación?
–El Perú ingresa a una guerra en solidaridad con Bolivia. Nuestro país no solo pierde el doble de territorio que Bolivia, sino que es invadido casi completamente, con excepción de la Amazonía.
Simpatizo con la posición boliviana y espero que, en un momento dado, Chile le brinde un enclave a Bolivia. Existe en Chile una posición que no es correcta. Ellos dicen que no se le puede dar una salida al mar por Tarapacá o por Antofagasta porque parten su territorio en dos. No es así. Puede ser un enclave con un ferrocarril o autopista.
El caso más emblemático fue el enclave aliado en Berlín, que se encontraba en el centro de la República Democrática Alemana.
DATOS
Bolivia es uno de los más de 40 estados que no tienen salida al mar. Luego del Tratado de 1904, Chile y Bolivia acordaron la forma en que este último accediera al mar en términos económicos.? Al final, uno de los jueces de la corte lanzó una pregunta que debe ser respondida por escrito por ambos países, ¿Qué se entiende por acceso ‘acceso soberano al mar’?
El presidente boliviano, Evo Morales, señaló que si en esta primera demanda no les fuera bien, existen otros planes mucho más interesantes que esta primera etapa de batalla legal en la comunidad internacional.
Publicado: 13/05/2015